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17 de Marzo

Oscar Gutiérrez Reyes, Director Ejecutivo Nacional Dignidad Agropecuaria Colombiana, Bogotá, marzo 11 de 2016

Algunos periodistas y no pocos ciudadanos preguntan cuáles son los motivos que alientan la Jornada del 17 de Marzo. Antes de escribir este artículo pensé en cuales de las muchas razones debería hacer énfasis. Así que eso será lo que explique en este texto.

Empecemos con un poco de historia. En Tunja, en agosto de 2013, en la mesa de negociaciones para acordar el levantamiento del “Paro de las Ruanas”, el gobierno nacional a través de uno de sus voceros, al abordar el tema de importaciones de papa, aranceles, salvaguardas y otros mecanismos de protección de mercado señalo: “Si Ustedes quieren cambiar el modelo, primero tienen que derrotarnos.”

Cuando oí esa apreciación, por boca de un dirigente del sector lechero, reafirme la idea que ya tenía y que había aupado otras jornadas de protesta. Quienes gobiernan tienen plena conciencia de lo que promueven y del daño que hacen al agro nacional.

En los tiempos en los que el presidente Cesar Gaviria y su ministro de hacienda Rudolf Hommes, se pasaban días y noches enteras legislando contra la producción y el trabajo nacional, muchos comprendimos la tenebrosa situación que se habría de padecerse por la apertura económica. Y, cuando los sucesores de estos personajes -los gobiernos que desde entonces han sido- promovieron vincular el país, primero al ALCA y después a los TLC, no quedó duda que se entregaría el agro, la industria, los recursos naturales, la salud y la educación, la infraestructura, los servicios públicos y todas las ramas de la economía nacional a las utilidades del capital extranjero, especialmente norteamericano.

Así se explica por qué, después del paro de las ruanas, aumenta la importación de alimentos y la quiebra de empresarios y productores agropecuarios, al igual que crece la pobreza y miseria de inmensas capas de campesinos, indígenas y comunidades negras.

Un aspecto clave de la protesta de Dignidad Agropecuaria es oponerse a la importación de alimentos que Colombia pueden producir, reclamando el derecho y reivindicando el deber de los productores agropecuarios colombianos de alimentar a los colombianos.

Hoy más que nunca debe hacerse este énfasis. El primer gobierno de Uribe trazó la estrategia de apostar –“el desarrollo nacional”- a la locomotora minero-energética. Sin ser un país petrolero se nos obligó a bregar a serlo.

La inversión extranjera se dirigió a comprar todo lo que pudiera comprar en el mercado nacional y al sector minero-energético. Y, cuando se vino a pique la economía de los BRICS, en particular la de China y la superproducción arrasó los precios del petróleo y otras materias primas, derribando la revaluación y abatiendo el peso, la inflación se disparó y principió a pagarse el error, El costo de la traición por haber fincado la alimentación de nuestra población, no en la producción interna sino en las importaciones de alimentos subsidiados por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y demás proveedores generó el alza en los precios de los alimentos.

No habrá de olvidarse los efectos del cambio climático que perturba el abastecimiento de alimentos pero no es, como quiere ahora justificar el gobierno, responsable principal de la inflación causada.

Sin embargo, el asunto es más grave. Ante una inflación que sobrepasa el 9%, un desempleo de dos dígitos, una deuda externa que se torna impagable, la reducción de los ingresos del Estado, un abultado déficit fiscal, el aumento de las importaciones y la disminución notable de las exportaciones, el gobernante solo atina a decir que frenar el aumento en el precio de bienes de primera necesidad, precisa bajar los aranceles a cero.

Ante esta afrenta a los productores nacionales, estos no tardaron en condenar la política que, sustentada por el Comité Triple A, defendida por la Ministra de Comercio Exterior, aprobada por el Consejo de Ministros y el Presidente Santos y avalada por el Ministro de Agricultura -a través del decreto 343- tanto los perjudica. Si los productos cobijados fueron finalmente 4, de 14 iniciales, se debe a la protesta de los gremios de productores entre ellos a Dignidad Agropecuaria. Es muy grave que se autorice importar ajo, frijol y aceite con arancel cero. El decreto debe ser derogado. Las importaciones de alimentos con aranceles cero motivan el Paro.

Tanto en 2013 como en 2014 y para solucionar la movilización presentada, el gobierno se comprometió a resolver los problemas de deuda bancaria y con el agro-comercio de los productores. De eso hace ya, más de 30 meses. En el Congreso de la República se tramitaron dos leyes para cumplir lo acordado. Sin embargo, en la reglamentación de las mismas se pusieron limitaciones que, contrariando las Leyes, tienen a varios miles de productores con procesos de pérdida de sus tierras. Otro motivo del Paro.

Solución efectiva a las deudas bancarias y del agro-comercio independiente de la cuantía, será un punto que habrá de discutirse durante la campaña del Referendo por el Agro Nacional que promueve Dignidad Agropecuaria y otras organizaciones sociales.

Y, tercer motivo. Los daños causados a los productores, en cosechas y cultivos por el verano y la sequía, debe contar -para su solución- con respaldo del Estado. Se discutirá durante el trámite del Referendo por el Agro Nacional pero, los perjudicados por el “niño y la niña”, tienen enormes reducciones en sus ingresos, no disponen de seguros de cosecha y de recursos para atender su plantío y necesidades familiares.

Ante esta realidad, vivida en muchas regiones, Dignidad Agropecuaria planteó la necesidad de aplicar una política de emergencia por la calamidad sufrida. Esa política debería disponer de condonaciones parciales, rebajas de intereses para deudas financieras, apoyo humanitario para quienes perdieron más del 50% de sus cosechas y créditos blandos para reiniciar su actividad productiva. Pero, para el gobierno nada está pasando porque nada hace para atender la emergencia.

Saldrán a calles, plazas y algunas carreteras los afectados por la política económica y social del gobierno y el presidente Santos decidirá, si la tal protesta social existe y debe atenderse. Mientras tanto la gente espera que, al menos, la protesta se respete.

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
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