A PUPITRAZO SE APROBÓ LA LEY FORESTAL

Nota del editor: El 1º de abril de 2006, diversas organizaciones ambientalistas emitieron un comunicado, del cual publicamos algunos apartes, ligeramente editados.

Bogotá, abril 1 de 2006, Grupo Semillas – Censat Agua Viva, Amigos de la Tierra - Fundación Swissaid - Paula Álvarez - Consejo Comunitario de la comunidad negra del río Cajambre – Cecoin, Consejo comunitario del río Naya, Consejo Comunitario de Cupica, Ca

Tras su aprobación en el Congreso, la Ley Forestal fue enviada a sanción presidencial el 13 de diciembre de 2005. El presidente Uribe objetó 12 de sus artículos. Lo que indica el trámite formal es que el texto con las objeciones se retorne al Congreso para su discusión, pero no se presentó tal discusión, y, además, las objeciones de Uribe, que fueron acatadas, no corrigieron los problemas estructurales de esta ley, porque fue diseñada para entregar los bosques naturales del país a las empresas madereras.

El 28 de marzo, la plenaria de Cámara aprobó la Ley Forestal. La sesión se desarrolló de manera acelerada y confusa. Allí se enunciaron las objeciones presidenciales y todas fueron aprobadas a pupitrazo limpio, en unos cuantos minutos, sin posibilidad de que los interesados se enteraran de lo que se estaba ratificando. Es vergonzoso anotar que mientras se surtía este trámite, algunos representantes se encontraban departiendo animadamente en corrillos, haciendo uso del celular o riendo. Quienes asistimos al recinto de la Cámara con el interés de rechazar la ley, nos quedamos esperando el debate, y no alcanzamos a darnos cuenta de su aprobación.

De manera aberrante, al día siguiente, se aprobó en la plenaria de Senado, con una escasa asistencia y sin verificar el quórum, en pocos minutos y sin ninguna discusión. Estos hechos reiteran el oscuro interés de pasar una ley totalmente deslegitimada, por debajo de la mesa, evadiendo el debate público.

Este trámite deja serios cuestionamientos y la sensación de que se incurrió en un procedimiento irregular o, por lo menos, no ético. Así se demuestra, una vez más, el afán del gobierno por poner en marcha una estrategia perversa y malintencionada para amainar las crecientes críticas a la ley forestal, buscando preservar lo sustancial del marco jurídico, para que los grandes inversionistas madereros puedan acceder fácilmente y con privilegios al bosque natural del país. Durante el proceso de aprobación, fue evidente la presión ejercida por los cabilderos, representantes de las principales empresas madereras privadas que en estrecha colaboración con Chemonics (USAID) y los Ministerios de Agricultura y de Ambiente, presionaron la aprobación del Congreso, haciendo caso omiso de las serias, reiteradas y justas críticas emitidas por diversos sectores de la sociedad colombiana.

Tal fue la falta de seriedad de la discusión que apenas ese día se entregó a los parlamentarios la Gaceta #50 del Congreso -fechada 24 de marzo de 2006-, que contiene las objeciones del gobierno. No hubo por lo tanto preparación alguna para el debate. Aun con las 10 objeciones aceptadas, la ley fue aprobada tal como salió de la Comisión V de la Cámara, que en esencia no cambió para nada la estructura, los objetivos y los alcances, pues lo que se trabajó fue la “limpieza y adecuación del lenguaje” para superar los escollos formales de inconstitucionalidad que pudiera tener la norma.

Cumplieron el objetivo de maquillar algunos de los aspectos perversos de la Ley, especialmente aquellos relacionados con el futuro de los bosques naturales, tanto públicos, como los de propiedad de las comunidades indígenas y afrocolombianas. Se advierte claramente que los grandes monopolios madereros, lograron que la mayor parte del Congreso y el gobierno nacional actuaran de una manera cómplice frente a un tema tan trascendental para el país, como la preservación y manejo sostenible del patrimonio natural de la nación, uno de los ecosistemas de bosques naturales de mayor importancia para el planeta.

Tras este irregular comportamiento de las plenarias del Congreso, sólo queda pendiente la sanción presidencial.

Hacemos un llamado a las organizaciones indígenas, campesinas, afrocolombianas, ambientalistas y a las personas que sientan vulnerados los derechos patrimoniales sobre los bosques naturales de la nación, a que expresen su posición de rechazo a la lesiva Ley Forestal y realicen acciones que permitan preservar los bosques naturales para las generaciones presentes y futuras del país. Igualmente para que se reconozca la importancia del manejo adecuado, sostenible, responsable, participativo y autónomo por parte de sus verdaderos dueños, quienes conservan y enriquecen los bosques naturales de Colombia.