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¡A pagar la fiesta!

Emilio Sardi, El País, Cali, abril 25 de 2016

No han recibido debida atención las recientes noticias sobre las pretensiones billonarias de firmas extranjeras que han iniciado procesos de litigio internacional contra Colombia. Tres empresas del sector minero y una de telecomunicaciones han notificado su intención de demandar al país porque distintas decisiones estatales -administrativas, contractuales o sancionatorias- afectarán las utilidades que esperaban recibir por inversiones realizadas o planeadas. En solo una de las demandas, una empresa a la que se le dio una licencia minera en un parque natural reclama US$ 16.500 millones, o sea el 24% del presupuesto nacional o el 5% del PIB. O lo mismo que el déficit comercial de este año.

Lo más grave es que ésta es sólo la punta del iceberg. Son innumerables las demandas de este tipo que enfrentará Colombia en el futuro, como consecuencia de la multitud de tratados que ha venido firmando indiscriminada y ciegamente, ya sean comerciales (TLC) o de protección a la inversión (Apri). En doce de los tratados hoy en ejecución, así como en los que están en trámite, nuestros ‘negociadores’ montaron la figura de la ‘expropiación indirecta’, concepto difuso que no se refiere al caso en que se nacionaliza o confisca una empresa sino que estipula que el Estado debe resarcir cualquier desmedro que, por decisiones soberanas, ya sea legislativas, administrativas o judiciales, puedan sufrir los inversionistas extranjeros en las utilidades que esperan realizar en Colombia.

Y convinieron, además, que las reclamaciones se resolverán mediante arbitramentos en centros internacionales especializados, en una sola instancia y sin pasar por la justicia del país. Centros como el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial), cuyos miembros son en esencia abogados provenientes de países desarrollados y cuya tradición defensora de los intereses particulares sobre los públicos es ampliamente conocida y se refleja en que más del 60% de los casos se fallan en favor del demandante. ¡Ni pensar en las expectativas de Colombia, con los defensores, tan pomposos como majestuosamente incompetentes, que normalmente contrata para sus litigios internacionales!

Estas demandas no eran imprevisibles ni han surgido de contingencias externas inevitables. Por el contrario, se producen porque en su afán por abrir el país a los inversionistas extranjeros para exponer la ‘ineficiente’ economía nacional a la competencia mundial, nuestros ‘negociadores’ entregaron la soberanía nacional en cláusulas que quienes estudiamos seriamente el tema advertimos, oportuna y repetidamente, eran dramáticamente lesivas. Al entrar en vigencia cada uno de los TLC que hemos firmado, nuestra balanza comercial con la contraparte se deterioró. Ahora, con el anuncio del inicio de estos litigios, le están informando a Colombia que llegó la hora de empezar a pagar la otra parte de la fiesta.

Es claro que las sumas que Colombia tendrá que pagar en virtud de los laudos o de las conciliaciones que surgirán de estas demandas serán cada vez más cuantiosas. Lo que no es claro es cómo se subsanarán el monstruoso hueco fiscal y el gran déficit en la balanza cambiaria que crearán esos pagos. O si el Estado repetirá, como debe hacerlo, contra los funcionarios y personajes que con su irresponsabilidad e improvidencia llevaron al país a esta situación.

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