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Acuerdo por lo Superior 2034: más de lo mismo… y peor

Darío Arenas Villegas, Manizales, septiembre 4 de 2014

Como si se tratara de un déjà vu o de la reedición de la Reforma Santista a la Ley 30 de 2011, el Consejo Nacional de Educación Superior CESU –órgano controlado por el gobierno nacional– presentó una propuesta de política pública para la educación superior en Colombia basada en los lineamientos de la OCDE y el Banco Mundial. En torno a la financiación del sistema de educación superior, algunos aspectos del diagnóstico que el CESU realiza, permiten evaluar la situación actual de este sector. El documento señala que en la actualidad el Estado colombiano solo aporta el 52,6% de los recursos de las instituciones públicas, una penosa realidad que contrasta con los aportes públicos de países de la región como Brasil, donde el Estado aporta el 96,5% de los recursos o México, donde el Estado concurre con el 79,4%[1] de los fondos para la educación superior.

Este desamparo estatal se da en medio de un sistema conformado mayoritariamente por estudiantes de sectores socioeconómicos bajos y medios, ya que -según el informe- el 79,6% de los estudiantes provienen de familias con ingresos iguales o menores a 3 salarios mínimos. Ante la deliberada desatención de los gobiernos a la financiación directa, el ICETEX se ha convertido en la principal herramienta de acceso por medio de los créditos educativos y las becas e incentivos que reparte entre los estratos bajos, lo que deja al descubierto que la creciente bancarización del sector en los últimos lustros, ha sido una política de Estado.

Pese a este balance, para el CESU las causas del panorama actual no están relacionadas con el notorio déficit de recursos gubernamentales sino con otros aspectos. La desfinanciación –según el documento- estriba en la insuficiente asignación de recursos con base en indicadores técnicos y financieros, ya que hoy solo el 17% de los recursos estatales son distribuidos de esa manera; esto refleja la intención de continuar con la violación de la autonomía universitaria, al priorizarse recursos que tienen destinación específica determinada por el gobierno y que se han asignado históricamente con base en el aumento de cobertura en las Instituciones de Educación Superior. El CESU señala además que ha habido falta de compromiso presupuestal de los entes territoriales, como si ignorara los sucesivos recortes a las transferencias que éstos han sufrido, y advierte que uno de los grandes problemas reside en que el ICETEX deja de otorgar créditos educativos al 40% de los estudiantes porque los recursos que posee son insuficientes.

Para finalizar su diagnóstico, como si se tratara de un chiste negro, el CESU advierte que los recursos del sistema hoy se asignan inequitativamente debido a que unas instituciones reciben más que otras, como si el objetivo de la propuesta no fuera dar soluciones de fondo a la crisis sino distribuir mejor la pobreza o repartir de mejor forma las carencias.

Ante un balance plagado del mismo pensamiento que ha regido la educación superior los últimos 20 años, no sorprende que la propuesta final del CESU sea tan poco novedosa. Como solución a la desfinanciación del sistema, se propone continuar impulsando las bolsas concursables entre IES, persistir en proyectos financiados con recursos de regalías, mantener los indicadores de gestión, buscar formas “creativas” de financiación y diversificar fuentes, todo ello cimentado en el principio de la progresividad, es decir, que el que tenga pague, como si no se tratara de un derecho fundamental que el Estado debe garantizar a todos sin importar su capacidad adquisitiva, y en la fórmula de los costos compartidos, lo que implica que toda la sociedad (familias, estado, empresa privada) contribuya, en síntesis, nada diferente a lo plasmado desde hace 2 décadas en la constitución política y la ley 30.

El colofón de la propuesta, sin embargo, si aporta un nuevo elemento. Se trata de la imposición de un impuesto a los egresados que hayan recibido subsidios públicos, esto es, a los beneficiarios de descuentos, exoneraciones, ayudas o becas, con lo que se pretende que la financiación de la educación superior también recaiga sobre los egresados de las clases menos favorecidas, que por definición son los receptores de algunas ayudas en su vida académica. Pagar de por vida lo que el Estado les dio por 5 años.

Frente a las alternativas de financiación para la educación superior del país, debe aclararse que pese al aire de propuesta independiente y académica que se le ha intentado dar al Acuerdo por lo Superior 2034, las premisas que orientaron la reforma de Juan Manuel Santos en 2011, rigen la actual iniciativa del CESU. A esta visión se contrapone la propuesta de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que partiendo de un diagnóstico acertado, plantea soluciones de fondo a los problemas del sector.

Para la comunidad académica debe quedar claro que Santos II será peor que Santos I en educación superior y que el objetivo de convertir este sector en un flamante mercado para la inversión extranjera, permanece intacto. Para cumplir este propósito nombró a Gina Parody ministra de educación, lo que reafirma que en educación superior tendremos más de lo mismo…y peor. A prepararnos.

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
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