Acusaciones de la Contraloría sobre falsedad en cifras de restitución de tierra le dan la razón al senador Robledo

El congresista del Polo había denunciado la falsificación de las cifras y la manipulación de la información. Confesión del asesor del Ministro de Agricultura.

Tras conocerse la solicitud de la Contraloría General de la República para que se investigue una posible falsificación de las cifras de las tierras restituidas (http://bit.ly/OFoQiI), el senador Jorge Enrique Robledo señaló que esta decisión le da la razón a las denuncias que hizo en el debate adelantado en la Plenaria del Senado (http://bit.ly/PWhKrj).

En el debate de control político realizado el pasado 29 de mayo, el congresista del Polo demostró con documentos que el Ministro de Agricultura y el propio Presidente faltaban a la verdad al afirmar que en este gobierno se habían restituido cientos de miles de hectáreas a las víctimas de la violencia, cuando no se había restituido ni una sola hectárea. “Por ejemplo, el presidente Santos en El País de España afirmó que su gobierno había restituido más de 800 mil”, explicó Robledo.

A esto se suma lo dicho por Alejandro Reyes, asesor del Ministro de Agricultura, quien afirmó: “Pienso que sí hubo cierta ligereza en el manejo de las cifras y ciertas imprecisiones en la manera de presentarlas sobre todo por parte del Presidente, cuando anunció como restitución a la población desplazada lo que era la asignación y titulación de baldíos que traía una inercia del pasado” (http://bit.ly/Pj3N33).

Corte Constitucional le da la razón a Robledo y a Arias

Tumbó las normas sobre tierras más reaccionarias en la historia de Colombia.

El senador Robledo también destacó el fallo de la Corte Constitucional que declaró inconstitucionales los artículos del Plan Nacional de Desarrollo con los que el gobierno pretendía entregarles a monopolios y trasnacionales las tierras baldías. De acuerdo con el comunicado de prensa de la Corte, “tales medidas resultan regresivas, pues propician la concentración de la propiedad rural en un país con escasez de tierras, en desmedro de los trabajadores agrarios que dejan de ser propietarios e implica un retroceso en el deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de estos trabajadores, además que puede revertir los esfuerzos que se han efectuado en materia de titulación de tierras. El levantamiento de las restricciones previstas en la Ley 160 de 1994 implica que la tierra protegida por éstas, deja de ser exclusiva de los trabajadores agrarios, que terminan convertidos en asalariados en los proyectos que se adelanten en sus antiguas propiedades y reduce su posibilidad de acceso a la tierra” (http://bit.ly/PMBCuW).