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Ahorre agua, ahorre energía…y pague más

José Arlex Arias, La Verdad, Cartagena, marzo 21 de 2016

El Gobierno Nacional ha tomado como referencia las consecuencias del fenómeno del Niño para justificar unas medidas que terminan afectando los bolsillos de los clientes consumidores de Servicios Públicos Domiciliarios, específicamente de energía eléctrica y agua, fundamentales y vitales para la existencia humana. Son demostrables y ciertos los estragos que dicho Fenómeno causa a los recursos naturales y la población, pero también es cierto que lo mismo sucede en otros países, que por sus políticas sostenibles con el Medio Ambiente, no tienen los apuros de Colombia, cuyos dirigentes dejaron dichos recursos al vaivén del libre comercio de las multinacionales, a las cuales solo les interesa su estado de ganancias o pérdidas.

De tal manera que lo que estamos viviendo en Colombia no es fruto de las consecuencias del fenómeno del Niño, sino de las políticas antinacionales que con frecuencia se han venido ejecutando, privilegiando los intereses particulares de potentados y multinacionales, que terminan afectando al Medio Ambiente y consecuencialmente a toda la población. No de otra forma se puede entender que nuestro país, con costas en los océanos Atlántico y Pacífico, abundante hidrografía con vertientes: Caribe, Pacífico, Orinoco, Amazonas y Catatumbo; centros hidrográficos como el Macizo Colombiano, así como cerros, nudos, páramos, nevados, lagos, lagunas y embalses, además de pisos térmicos propicios para generación de energía, ahora nos veamos sometidos al racionamiento de agua y luz eléctrica.

Esa política de racionamiento, bautizada por el presidente Santos de “zanahoria y garrote”, es más de garrote para la población y de zanahoria para las multinacionales de servicios públicos, causantes de la actual situación. Así se desprende de las facultades otorgadas por el Gobierno de Santos para que se expidan Resoluciones por parte de: Comisión de Regulación del Agua –695 del 12 de agosto de 2014– y Comisión de Regulación de Gas y Energía –029 del 13 de marzo de 2015–, las cuales establecen una serie de parámetros restrictivos para la utilización de estos dos recursos. En ese sentido, nadie va a criticar que se haga uso racional de los mismos; lo que se soslaya, en lo cual el Gobierno de Santos es pusilánime y cómplice con estas multinacionales privadas, es su ineficiencia, la apropiación de recursos y la forma como se quedan con nuestros dineros para producir altísimas utilidades.

¿Por qué no se ha investigado qué sucedió con los casi $20 billones del impuesto por confiabilidad que pagamos con el recibo de energía? Si la plata no fue utilizada con la destinación específica de evitar el racionamiento, ¿por qué no se deja ya de cobrar y la devuelven?, ¿por qué se permite que se la sigan embolsillando? Así mismo, sería necesario que las Comisiones y el Gobierno de Santos respondieran. ¿Por qué, por más consumo de agua y energía o gas que ahorremos, no bajan los costos de los recibos? ¿Es que el esfuerzo del ahorro que hace la población se queda en las arcas de las multinacionales? ¿Se seguirá permitiendo esta defraudación a la población? ¡El pueblo tiene todas las de perder con estos monopolios privados!

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