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Amagá y Buriticá: dos nuevos abusos contra la minería informal. Diputado del POLO rechaza operativos y exige formalización

Oficina de prensa del diputado Jorge Gómez y la Concejal de Medellín, Luz María Múnera, Medellín, abril 14 de 2016

- Tratamiento de guerra hace la administración Santos a un conflicto social

- Con despojo y expulsión responde el gobierno nacional a la crítica situación de los colombianos que sobreviven del rebusque minero.

Son 4 mil en Buriticá y 7 mil en Amagá las personas afectadas de forma directa o indirecta, por los operativos que en pocos días realizarán las autoridades para desalojar, inicialmente, 46 minas en las localidades ubicadas en el Occidente y Suroeste antioqueño.

Tal como lo afirmó el Diputado del POLO, haciendo eco de las denuncias de los dirigentes mineros, “en Buriticá el gobierno hace un marketing punitivo para estigmatizar los mineros y vincularlos con la actividad criminal mientras de forma paralela los despoja de los equipos y la maquinaria empleada para la producción del metal precioso, tras lo cual sobreviene el cierre y la inutilización de las minas”.

Frente a las acusaciones del gobierno por el pago de vacunas a los grupos al margen de la ley, señaló el corporado que eso es “lo tienen que hacer ya que en esas zonas la única presencia del Estado ocurre cuando llega la fuerza pública en helicópteros, destruye su maquinaría y se van dejándolos de nuevo a merced de esos grupos”

Los mineros de la región hicieron una grave denuncia, la que además radicaron ante la autoridad ambiental, en el sentido de que la Continental Gold tiene depositados materiales contaminados con químicos sin que se tengan en cuenta las normas para la disposición de los lodos cianurados que afectan las aguas de escorrentía que a su vez van a parar al río Cauca.

Con respecto a los mineros de Amagá denunció el Diputado de la oposición que “la orden de cierre de 31 minas puede llegar a superar la cifra de 80 porque la mayoría de los socavones que se encuentran en la zona son explotados por mineros informales hace más de 30 años”

El riesgo que alega el gobierno por las bolsas de agua existentes en los socavones donde funcionó la Empresa Industrial Hullera, se incrementará con el taponamiento de las bocaminas, lo que los convertirá en una especie de ollas a presión cada vez más llenos de gases y agua represada. “La orden de cierre se emite a pesar de la oferta que han hecho los propios mineros informales para efectuar un proceso de drenaje de las masas de agua por su cuenta y riesgo y a sabiendas que Amagá sin minería se convertirá en un pueblo fantasma” expresó el Diputado Gómez, quien terminó declarando que “la única solución sería para estos problemas es la puesta en práctica de una política de formalización minera que contemple la declaratoria de caducidad de los títulos de las multinacionales que han violado sistemáticamente sus obligaciones contractuales y el apoyo decidido a la pequeña minería nacional para que desarrolle su actividad de forma segura para los trabajadores y responsable con el medio ambiente, asunto elemental y que no aparece en la muy pobre creatividad de los mandatarios nacional y departamental”

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
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