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Ante quiebra de Electricaribe: intervención con fines de liquidación

Norman Alarcón Rodas, Barranquilla, noviembre 10 de 2016

Más de cinco lustros después de haber adquirido la mayoría accionaria de las siete electrificadoras de la Costa a precio de gallina flaca (450 millones de dólares), la trasnacional española Gas Natural Fenosa ha entrado en cesación de pagos de la energía que compra para comercializarla, según ha denunciado la empresa MX filial de ISA, encargada del mercado eléctrico nacional. En más de diez ocasiones durante el año 2016 ha incumplido con los pagos respectivos y/o con las garantías bancarias por un monto de $193.000 millones, por lo que el miércoles 8 de noviembre estuvo a punto de ser sometida a lo que se conoce como limitación de suministro de energía y a un racionamiento de tres horas diarias que hubiera afectado a diez millones de costeños con todas sus graves consecuencias, lo cual pudo evitar cancelando 27.000 millones de pesos pero quedando con otras deudas y garantías bancarias que en pocos días podrían revivir el fantasma del apagón, a escasos días del mes de diciembre.

La cadena de acontecimientos negativos viene de tiempo atrás, ya que la poderosa empresa foránea, que hace parte del consorcio financiero español Caixa, nunca ha realizado las inversiones requeridas para mejorar la infraestructura eléctrica obsoleta que tiene un atraso por encima de los veinte años, como tampoco ha podido hacer los mantenimientos de redes y equipos de manera eficiente, ambas acciones claves para prestar un servicio continúo y de calidad como lo exige la ley. Por el contrario, ha desmejorado las redes de cobre al cambiarlas por aluminio de mala calidad que hace que la salinidad y polución lleven a la suspensión del servicio cuando sobreviene cualquier llovizna. Y ni hablar de la indigna atención a los usuarios que los mantiene en zozobra constante. Otro hecho bochornoso es que según Medicina legal entre 2004 y septiembre de 2012 habían muerto electrocutados 486 personas por el estado lamentable de las redes, como también lo denunció el senador Jorge Robledo en el debate parlamentario del 7 de noviembre pasado.

El Estado, víctima de su propio invento privatizador del patrimonio público, le ha inyectado más de cuatro billones de pesos en los últimos diez años (400.000 millones anuales) en subsidios e inversiones en normalización de redes (Prone) y electrificación rural (Faer), pero ahora la empresa pretende hacerle una demanda por 3,6 billones de pesos de supuestas deudas de los usuarios que nunca han sido auditadas ni depuradas y que muchos usuarios denuncian como infladas.

Se viene insistiendo por muchos sectores sociales la necesidad de que esta empresa sea sometida a una intervención del Estado a través de la Superintendencia de Servicios Públicos ya que las causales contenidas en los artículos 59 y 60 de le ley 142 de 1994 se le pueden aplicar en toda su extensión a la trasnacional por su deficiente servicio, por incumplir los contratos, por las perturbaciones permanentes del orden público que ocasiona, por la suspensión de pagos. En este caso, por la quiebra de Electricaribe, dicha intervención debería ser con fines de liquidación ya que la crisis prevaleciente es irreversible. El reemplazo sería una nueva empresa de carácter mixto en la cual las inversiones del Estado sean debidamente valoradas y representadas en las acciones respectivas, como también se deben respetar celosamente los derechos y garantías convencionales de los trabajadores activos sobre los cuales recaen todas las labores de alto riesgo, lo mismo de los pensionados que dedicaron su vida laboral activa al servicio de la comunidad.

Es deber de la ciudadanía denunciar el carácter leonino del Tratado de Protección Recíproca de Inversiones firmado entre los gobiernos de Colombia y España porque les da todas las gabelas a los inversionistas españoles para buscar un tratamiento a su favor de las controversias que puedan surgir, como es el caso actual que pretenden llevar a tribunales de arbitramento internacionales en los cuales el gobierno muy seguramente llevaría las de perder y tener que pagar onerosas demandas que saldrían de los bolsillos escuálidos de los colombianos que van a ser afectados por la reforma tributaria más regresiva de la historia del país de no ser hundida por la movilización social.

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
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