Arias buscó a salpicados en agro escándalo "para unificar críterios"

En investigación Agro Ingreso Seguro, el empresario Juan Manuel Dávila revela que el precandidato conservador también se reunió con el Ministro de Agricultura.

“Estábamos en Cartagena en el Congreso Internacional de Palma Africana, si mal no recuerdo el 26 o 27 de septiembre de 2009 (...) cuando salió la revista Cambio —denunciando la escandalosa entrega de millonarios subsidios a través del programa de Agro Ingreso Seguro (AIS) a acaudaladas familias de la Costa Atlántica— y el ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias se comunicó telefónicamente con varios con los que en ese momento la prensa estaba estigmatizando, personalmente en mi conversación me comunicó que no fuéramos a dar ninguna declaración, que unificáramos criterios para poder hacer una contestación”.

Así relató el empresario samario Juan Manuel Dávila Jimeno, en una explosiva declaración que entregó a investigadores de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía el pasado 3 de diciembre, cómo el hoy precandidato presidencial por el conservatismo, Andrés Felipe Arias, les pidió a beneficiarios de AIS “que no fuéramos a contestar ninguna llamada de periodistas hasta tanto tuviéramos una respuesta unificada”. El palmicultor, de 65 años, perteneciente a uno de los clanes familiares más influyentes y poderosos del Magdalena, añadió que Arias dialogó además en esa ocasión con los beneficiarios Jaime Gregorio Vives, Alfonso Dávila Abondano y Nelson Vives.

“(Arias) llamó a otro palmicultor que estaba en las mismas condiciones, Jaime Vives, y él le dijo que ahí (en el congreso en Cartagena) estábamos varios palmicultores mencionados por la revista (Cambio). Él le pidió que me pasara y después se lo pasé a otras personas, entre ellos a mi hijo Juan Manuel (Dávila Fernández de Soto), creo que esa conversación duró 7 u 8 minutos. Yo le pregunté que si veía que en la forma en que presentamos los proyectos incurrimos en algún error, y él me dijo que todo era legal. Él estuvo en esos términos —apoyando la legalidad de los beneficios a estas familias— alrededor de 15 días, pero su pensamiento cambió y estuvo de acuerdo con que nosotros habíamos hecho engaños”, contó Juan Manuel Dávila.

En su extensa declaración, conocida por El Espectador, recalcó: “Yo le dije al ex ministro (Andrés Felipe Arias) que estaríamos pendientes de cómo íbamos a contestar conjuntamente, con su colaboración, pero esto nunca llegó y todos los días fueron más fuertes las agresiones”. Aunque estas revelaciones son muy delicadas, Juan Manuel Dávila también puso en aprietos al sucesor de Arias en el Ministerio de Agricultura, Andrés Fernández, y a su viceministro, Juan Camilo Salazar —este último rindió declaración en la Unidad Anticorrupción el viernes pasado—. Según dijo, a principios del mes de octubre sostuvo una reunión privada con ellos —la efervescencia del escándalo ya crecía como espuma— para analizar los documentos que soportaron los millonarios subsidios de AIS que recibió.

El encuentro, relató Dávila, se dio en la casa de su amigo, el ex superintendente de Notariado y actual presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, a quien el empresario cuestionado le mostró documentación sobre los cinco proyectos que le presentó al Ministerio de Agricultura y al Instituto Interamericano para la Cooperación de la Agricultura (IICA) —entidad encargada de adjudicar los proyectos de riego y drenaje— y que derivaron en subsidios no reembolsables entregados por el Gobierno por valor de $2.200 millones. En su defensa, Dávila indicó que le dio a conocer a Lafaurie estos papeles para que “conociera la realidad” de los términos de referencia de sus proyectos, ejecutados en el terreno Campo Grande de su propiedad.

Lafaurie, “amigo del Ministro y del Gobierno”, propició el encuentro con el jefe de la cartera de Agricultura, Andrés Fernández, “para que viniera y oyera directamente de mí cómo habían sido presentados mis cinco proyectos”. La reunión —contó Dávila— ocurrió en Bogotá en la casa de Lafaurie y asistieron también el hijo del empresario, Juan Manuel Dávila Fernández de Soto, y el viceministro Juan Camilo Salazar. “Dentro de la documentación exhibida a ellos estaban las comunicaciones dirigidas tanto por el señor interventor, como por el subdirector del IICA”, y agregó que “esto fue lo que al doctor Lafaurie le llamó la atención y llamó al Ministro y al Viceministro”.

Por último, el empresario Dávila señaló que su terreno Campo Grande, ubicado en Algarrobo (Magdalena), cuenta con 1.530 hectáreas, que allí tiene una plantación de más de 1.000 de palma africana; que en febrero de 2008 asistió a una reunión convocada por el IICA en Santa Marta en la que se promocionaban los subsidios de AIS; que el directivo del IICA Daniel Montoya le comentó que cada proyecto financiado por el Gobierno tenía un máximo de $600 millones para una extensión de 100 hectáreas y que convino con su familia, para tener mayores oportunidades de acceder a estos beneficios, presentar propuestas distintas a nombre de su esposa María Clara Fernández, su hijo Juan Manuel Dávila o su nuera Valerie Domínguez, ex reina de Colombia.

Añadió que la asesoría para presentar sus proyectos se la dio un asesor del Magdalena, Enrique Angarita, y que aunque Valerie Domínguez no tenía experiencia alguna en cultivos de palma africana o en estas licitaciones, sí le arrendó un predio, Faena, de 100 hectáreas, “porque mi interés es que participe conjuntamente con Juan Manuel en uno de los negocios que considero rentables”. Uno de los protagonistas de esta controvertida adjudicación de subsidios no reembolsables concluyó su testimonio así: “Si no hubiera sido por esta magnífica oferta del Gobierno, quizá nunca hubiera podido pensar en instalar riegos subfoliares en nuestros cultivos. Ojalá el Gobierno nos dé la posibilidad de seguir implementándolo”.

Esta declaración y otros testimonios de más beneficiarios, interventores del IICA y altos funcionarios del Ministerio de Agricultura, así como el juicioso estudio de documentos que desde hace más de tres meses escarban investigadores del CTI de la Fiscalía y tres de los mejores fiscales de la Unidad Anticorrupción, ya están en poder del fiscal (e) Guillermo Mendoza Diago, quien evalúa las responsabilidades de Andrés Felipe Arias y el ministro Fernández en este caso. A través del fiscal delegado ante la Corte, Gustavo Roa, el Fiscal ya avanza en sus pesquisas y, de hecho, ya se elaboró un programa de investigación. Sin embargo, tanto el ministro Fernández como el ex ministro Arias han defendido con vehemencia las bondades de AIS.