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Bancarizacion o vasallaje bancario

Eudoro Alvarez Cohecha, Villavicencio, octubre 12 de 2014

El gobierno colombiano, legislando una y otra vez, viene instando en la bancarización de los ciudadanos, con omisión de su nivel económico o mejor recabando en que los de menos ingresos y montos de actividad, sean cobijados por la medida, además promocionada como elemento de competitividad de los diferentes oficios y sectores en que se desempeñan, calculando tapar el hueco dejado por las exenciones tributarias al gran capital El artículo 26 de la ley 1430 de 2010, establece que “para efectos de su reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables, los pagos que efectúen los contribuyentes o responsables deberán realizarse mediante alguno de los siguientes medios de pago: depósitos en cuentas bancarias, giros o transferencias bancarias, cheques girados al primer beneficiario, tarjetas de crédito, tarjetas débito u otro tipo de tarjetas o bonos que sirvan como medios de pago en la forma y condiciones que autorice el gobierno nacional.” Los alivios ofrecidos a los agricultores arruinados por la crisis actual del sector, mediante ley 1731, en su artículo 23, se incluye, como condición para su otorgamiento, la bancarización, que los atornilla a las instituciones bancarias y los hace sus vasallos. Con una mano les quita parte de lo otorgado con la otra.

Las tarifas de tan obligatorias prestaciones, deberán ser asumidas por comerciantes o industriales, campesinos, agricultores, de cualquier tamaño que deseen validar descuentos para efectos de declaración de renta, así como de ciudadanos del común que aspiren a reconocimientos legales por los pagos que efectúen a terceros y que signifiquen prevalencias que les permita aminorar sus impuestos.

Al mismo tiempo, el gobierno no introduce ningún tipo de control a los valores que los bancos fijan a su arbitrio y sin ningún tipo de cortapisa a sus usuarios, mientras paga miserias por sus depósitos, al punto que pequeños ahorradores terminan con saldos negativos a consecuencia de los importes de los servicios bancarios cobrados a tasas exorbitantes.

El estado colombiano, al asumir este instrumento de control fiscal, alienta un engrandecimiento al negocio del capital financiero, reconocido por los abultados resultados que obtiene trimestre a trimestre, contabilizados en billones de pesos, mientras el resto de sectores tiene crecimientos modestos o incluso lo hacen negativamente.

Las tarifas bancarias en Colombia son tan gravosas, que se nos antoja pensar que la medida legal adoptada y promocionada como elemento de competitividad, no solo es dictada para prever posibles esquivas a la tributación sino como un verdadero instrumento de agrandamiento de las utilidades del insaciable sector financiero nacional y trasnacional.

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