Si algo caracteriza a este gobierno, es el amoldamiento de cada una de las estructuras fundamentales de la sociedad a sus políticas. En Colombia se inició en 1990, acompasado con la Constitución Política, que amoldó la educación a las determinaciones del mercado y el neoliberalismo.
La educación ha sufrido un marcado deterioro y sigue en peligro con la firma de los Tratados de Libre Comercio, que la condenarán a servirle a un país atrasado y con un aparato productivo destruido.
Se inicia un semestre con un cambio de gobierno que no es más que el continuismo de 8 años de política desastrosa para el sector educativo. La exministra se va de su cargo radicando una nociva reforma a la ley 30, que modifica la forma en la que se financiará la educación superior. En un momento de crisis financiera para las universidades, el gobierno intenta sobornarlas con el discurso de la “eficiencia”, que busca en la práctica hacer que se aumente la cobertura pero sin aumentar los recursos, que las universidades se rebusquen recursos propios a través de la prestación de servicios y otros para que en últimas el Estado se quite de encima la responsabilidad de financiarla.
El panorama educativo y del país no es bueno y debe hacer un llamado al estudiantado, el sector intelectual, a defender el carácter público de la universidad con la organización y la lucha de masas.
Por lo anterior, la OCE hace un llamado a la defensa activa de la educación pública, de un patrimonio que debemos legar a las futuras generaciones y que seguirá siendo atacado por el gobierno entrante tras los falsos llamados a la “unidad nacional”.
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