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Cali no es para los caleños

Andrea Nathaly Cruz Ramírez*, Cali, octubre 19 de 2014

El 25 de septiembre del 2014, el Concejo de Cali aprobó por mayoría el nefasto Plan de Ordenamiento Territorial propuesto por el alcalde Rodrigo Guerrero y que, paradójicamente, había tenido días antes entre sus detractores a quienes en dicha sesión plenaria votaron a favor. Sólo los concejales Juan Carlos Olaya, del MIRA, y Patricia Molina, del Polo Democrático Alternativo, lograron mantener su valiente postura y votaron negativamente, salvando su buen nombre. Con unos cuantos ejemplos demostraré que este plan, al que sólo le falta la sanción de la Alcaldía, está hecho en contra de la mayoría de los caleños.

Un plan sin estudios

Una primera irregularidad, que ya el Concejo Municipal de Planeación señalaba, es el vacío de estudios previos. Cali no tiene estudio sobre plan de movilidad, ni sobre gestión de riesgos, ni sobre zonificaciones por las características de los suelos, ni sobre casi nada. Los concejales vieron que el POT necesitaba 44 estudios y aun así, como orientados por la insensatez, aprobaron uno a uno los planes y proyectos y dejaron un plazo de hasta cuatro años para completar los estudios faltantes. Esto por lo menos constituye una ilegalidad, pues ni la ley ni el sentido común permiten aprobar un plan que cambia todo sin que existan valoraciones técnicas. Incluso, se llegó a la desfachatez de hacer la vista gorda ante estudios que sí existen y que demuestran, como en el caso de Ciudad Navarro, la inconveniencia de lo que la administración propone.

Desplazamiento masivo

El modelo de ciudad promovido por la Alcaldía, y que los funcionarios han adornado con el nombre de redensificación, no es más que intentar entregar la ciudad a quienes demuestren tener grandes cantidades de capital para invertir en negocios, especialmente especulativos. Por todas partes es evidente la pretensión de esconder a los caleños en las periferias de la ciudad para entregarle las zonas céntricas al capital especulativo. Uno de los proyectos más nocivos es el de Ciudad Paraíso, que desplaza a los tradicionales habitantes del centro de Cali, a quienes les compran el metro cuadrado de sus casas en un valor descaradamente bajo, incluso por debajo del vigente en las zonas más deprimidas de la ciudad. El desplazamiento de decenas de miles de caleños contrasta con los incentivos que el acuerdo dará a quienes decidan invertir en el proyecto: diez años de exención de impuestos como predial e industria y comercio, redes de servicios públicos regaladas por Emcali, entre otros. Dentro de la plataforma promocional del proyecto, la afirmación de Yesid Cruz, gerente de la Empresa Municipal de Renovación Urbana, EMRU, pone al descubierto los intereses que se mueven subrepticiamente: “Lo que se pretende con estas exenciones es generar un paraíso fiscal, con el fin de que inversionistas y comerciantes vengan y desarrollen este territorio a partir de de unas nuevas condiciones especiales que el municipio les va a otorgar”[1]. La invitación es claramente para inversionistas foráneos y para aquellos que, siendo locales, aparten su suerte de la de los caleños. Recientemente, se invitó a comerciantes colombianos a comprar locales en el centro comercial que se construirá como parte del proyecto en mención, pero la gerencia de Canales Desarrolladores, la firma bogotana que dirigirá la construcción, les aclaró que la mitad de los locales están destinados a las grandes marcas y plataformas del mundo[2]. Hasta los comerciantes caleños más ambiciosos tendrán dificultades al participar en dicha convocatoria.

Proyectos como la construcción de estaciones del sistema de transporte masivo, el plan Jarillón, las edificaciones en las laderas y la ‘formalización’ del comercio, incluyen también como su componente principal el desplazamiento de familias y empresas.

¿Preocupación por la mitigación de riesgos?

Sin existir planes de gestión de riesgo, se aprobaron proyectos cuyo argumento es precisamente la gestión del riesgo. El Plan Jarillón Río Cali-Río Cauca busca supuestamente evitar la ‘inminente’ inundación de la ciudad a causa del desbordamiento de los ríos por la ruptura del jarillón protector. En los modelajes presentados, tendría que combinarse un altísimo cauce de ambos ríos con un movimiento sísmico de alto grado para que el dique se rompiera. Sin embargo, si tal cosa llegase a suceder, antes de romperse el dique e inundarse las hectáreas orientales y nororientales, el resto de la ciudad ya estaría inundado por causa del alto nivel de los cinco ríos que surten al Cauca y al Cali, por el mismo alto nivel del río Cali donde no hay jarillón y por los canales de desagüe de la ciudad, como sucede a menudo. El verdadero problema de las inundaciones ciudad tiene más que ver con estos altos cauces y con las tuberías del alcantarillado, pero de ellos nada menciona el plan. Falso entonces afirmar que el Plan Jarillón se hace para controlar las inundaciones o un cataclismo fatalista. El mismo plan establece que, una vez desplazadas las familias y subido un metro los jarillones —los mismos que tenemos, pues el plan no dice que lo vaya a cambiar—, se tendrá que “desarrollar un sistema de manejo del dique incluyendo normas para intervenciones en el dique (ej. obras, casas, industrias) y plan de inspección periódica”[3], lo que deja la puerta abierta para rehacer construcciones habitacionales, industriales y civiles sobre el jarillón desalojado, pero sin contar con los constructores y habitantes históricos del sector.

Y mientras allí se habla de desplazar, el POT promueve construir edificios habitacionales en la ladera, justo donde hay terrenos sin titular a causa de los riesgos y en los mismos sitios donde las dependencias de la municipalidad se han acusado mutuamente por los desalojos realizados y los que faltan por hacer a viviendas de desarrollo incompleto que supuestamente no pueden permanecer allí por el riesgo para la construcción.

Negocios de la construcción

En la reunión de seguimiento que mensualmente hace la gerencia del Plan Jarillón, encabezada por la empresa privada de Gestión e Innovación de Proyectos, GIP —que, como dato curioso, es presidida por Esteban Piedrahíta, el mismo que preside la Cámara de Comercio de Cali—, tienen asiento permanente la CVC, secretarías municipales, delegados departamentales y algunos representantes de la comunidad. Lo extraño es que también está presente Comfandi, como el único oferente de vivienda del Plan. Ello suscita una pregunta: ¿cuándo se abrió la licitación para los millonarios contratos de construcción de vivienda, no sólo del Plan Jarillón —de sus $1,3 billones, la mitad se invierte en vivienda—, sino también de todos los planes de vivienda de la ciudad? Aquí tenemos un ejemplo de cómo la administración no sólo desplaza a la población, sino que entrega a dedo el presupuesto público a los contratistas privados.

Sólo algunos contratos de las millonarias Megaobras tienen licitación. A la manera de las casas gratis de Juan Manuel Santos, los proyectos de vivienda para reubicar a los despojados entregan a las firmas constructoras contratos multimillonarios financiados en parte con recursos públicos y en parte con el dinero de quienes compran las viviendas. Pero los principales ganadores son las entidades financieras, que han incrementado sus dividendos por cuenta de los créditos de vivienda.

Ya se advertía durante el proceso de actualización catastral que la alcaldía estaba promoviendo el peligroso negocio de la especulación inmobiliaria. Ya decían algunos críticos del POT que el proyecto del alcalde estaba diseñado para ampliarles las perspectivas a los constructores. Y las recientes estadísticas refrendan lo afirmado: sólo los empleos del sector constructor contribuyen a la disminución pírrica del desempleo en la ciudad (de 13,6% en septiembre de 2013 a 13,2% en septiembre de 2014)[4], empleos estacionarios que suelen ser de mala calidad.

La movilidad de los caleños, la más damnificada

Desde que se implementó el MIO, la movilidad de los caleños ha empeorado, no sólo porque el sistema como tal es pésimo, sino porque ha generado factores adversos tales como la disminución de los buses del transporte colectivo tradicional y la proliferación del transporte particular, el achicamiento de las vías públicas y su deterioro. Como si el sólo incremento del desempleo a causa del cierre de empresas de transporte no fuera suficiente, el concejo de Cali convirtió en legal una ilegalidad que hacía endebles las acciones adelantadas por el gobierno municipal en contubernio con el nacional. Como por arte de magia y sin sustentación técnica alguna, el nuevo POT dejó como único transporte público el Masivo Integrado de Occidente y borró de un solo trazo lo que durante más de un año se había hablado en las mesas de negociación y en las mesas de trabajo ciudadano sobre transporte. Con esta acción, los concejales se desdijeron de las promesas que, aprovechando el descontento popular, habían hecho meses atrás. Nuevamente fueron sólo dos, la del Polo y el del MIRA, los que salvaron su voto del descrédito.

La oposición y la movilización

Son casi todos los caleños los que han hecho sentir sus voces de rechazo. Entidades como la Asociación de Ediles de Cali han informado que denunciarán el POT. Sindicatos como Sintraemcali se han manifestado en oposición. Los habitantes de los sectores que serán desplazados se han organizados en comités cívicos para resistir y defenderse. Los propietarios y conductores de gualas y colectivos se han sumado a las protestas. Usuarios del transporte público se han organizado y han rechazado las medidas incluidas en el plan. Viviendistas han encontrado en este plan la profundización de muchos de sus males. Ambientalistas, ciclistas, ingenieros y trabajadores de las instituciones culturales han entrado en contradicción con la Alcaldía. Y todos han creado estrategias de unión para fortalecer en una sola voz sus reparos a semejante esperpento.

Ni la Alcaldía de Cali, ni el Concejo, ni el cómplice gobierno nacional se imaginaron jamás la respuesta que los caleños le tienen preparada. Avanzan por toda la ciudad las manifestaciones de indignados, y así mismo las estrategias de unidad, organización y movilización.

Notas:

[1] Concejo aprobó exoneración de impuestos para quienes inviertan en el centro de Cali. Noviembre de 2010. http://www.ciudadparaiso.com.co/Con....

[2] Revista Dinero. Centro comercial cambiará la ‘cara’ del centro de Cali. Octubre 7 de 2014. http://www.portafolio.co/negocios/c....

[3] Alcaldía de Santiago de Cali. Jarillón o dique de Aguablanca Diagnóstico, conclusiones, recomendaciones y plan de acción. 2012. Pág. 22.

[4] El País. Desempleo baja en Cali y en Colombia por ‘boom’ inmobiliario. Octubre 1 de 2014.

*Edil Junta Administradora Local de la Comuna 6 de Santiago de Cali

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
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