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Chantaje para imponer el fracking petrolero

Norman Alarcón Rodas, Barranquilla, octubre 15 de 2014

Colombia no se puede llamar un país petrolero, por razones obvias. Es decir no hace parte de las grandes ligas en esta materia, ya que a 31 de diciembre de 2013 sus reservas probadas eran del orden de 2.445 millones de barriles (Ministerio de Minas y Energía), frente a Venezuela que bordea los 300.000 millones de barriles, primera en el mundo. Por eso resulta insólita la rapidez con que el gobierno nacional quiere agotar nuestras pequeñas reservas, que a tasas cercanas de un millón de barriles por día solo nos duraría seis años y medio; en cambio el vecino país que extrae tres millones diarios de barriles tiene de sobra de dónde sacarlos.

Las transnacionales petroleras agrupadas en la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), presidida por Francisco José Lloreda, quien utiliza frecuentemente la puerta giratoria para pasar del gobierno nacional a altos cargos en compañías extranjeras, lanzaron una voz de alerta en el sentido que si no se utilizan las nuevas técnicas, como el “fracking”, a la vuelta de 6 o 7 años “tendríamos una debacle fiscal”. (El Tiempo, 14 de octubre de 2014). Es decir, cuando se agoten las fuentes de hidrocarburos, de no elevar la tasa de extracción con los crudos que están atrapados en paredes rocosas.

El fracking es una técnica para aumentar la extracción de gas o petróleo del subsuelo, inyectando en el terreno agua a presión mezclada con algún material apuntalante y químicos en el sustrato rocoso que encierra los combustibles y éstos salgan a la superficie. Generalmente el material inyectado es agua con arena y productos químicos. Los principales defensores de esta técnica son las grandes compañías por los réditos que les proporciona (el lucro privado), pero los oponentes señalan el impacto medio ambiental como la contaminación de acuíferos, el elevado consumo de agua, contaminación de la atmósfera, contaminación sonora, migración de los gases y productos químicos utilizados hacia la superficie, contaminación de la superficie debida a vertimientos y los posibles efectos en la salud causados por ellos. También han producido incrementos en la actividad sísmica, asociada a esta modalidad, como ha sucedido en los Llanos Orientales colombianos.

En Estados Unidos el fracking está autorizado en la mayoría de los Estados por el afán de salir de la condición de grandes importadores de crudo, dejando de lado las razones de costo – beneficio en el balance general. Pero está prohibida en Francia, en los Estados de Búfalo (Nueva York) y Pittsburg (Pensilvania) en EEUU. Hay moratoria en Canadá y Sur África.

El gobierno de Juan Manuel Santos acaba de expedir la modificación del decreto 2820 sobre otorgamiento de licencias ambientales, haciendo más laxas su expedición porque en solo 20 días se debe rechazar la licencia solicitada, de lo contrario en menos de 4.5 meses se debe conceder, sea cual fuere el grado de complejidad del tipo de licencia. Si a lo dicho por los magnates del oro negro le agregamos el licenciamiento “exprés”, se configura un verdadero chantaje en contra del interés nacional en esta materia.

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