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¿Chatarrización con plata prestada?

Aurelio Suárez Montoya, El Espectador, Bogotá, noviembre 11 de 2014

El 23 de octubre escribí en Twitter: “El Distrito les prestará dinero a los operadores para la chatarrización.

No se sabe cuándo los reemplazarán”. De inmediato Petro respondió: “No calumnie. La chatarrización con dineros públicos se vuelve menor tarifa técnica o se devuelve por los concesionarios”. Calumnia no hubo, ya que Petro reconoce que prestará el dinero. Lo que no se sabe es si lo pagarán “con recursos de la estrategia de impulso del SITP”, según el acuerdo.

¿Puede hacerse así? El contrato entre el Distrito y Coobús dice en la cláusula 54.2 frente al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET): “Los recursos de este fondo solo se emplearán para diferir en el tiempo el incremento en la tarifa al usuario, cubriendo la diferencia positiva entre lo que debe pagarse a los agentes SITP y los ingresos recaudados”. Es decir, son de destino exclusivo y no se pueden usar en otros asuntos. Analicemos ahora si de la tarifa técnica podría descontarse el préstamo. La cláusula 67 define la tarifa técnica como “el costo medio de operación y control por pasajero pago; considerando para cada uno de los prestadores de servicio una adecuada estructura de costos”. ¿Se incluye la chatarrización y puede descontarse para cubrir préstamos? En conclusión, ni los recursos pueden salir del Fondo Tarifario , ni descontarse de la tarifa técnica, algo que podría acarrearle demandas al Distrito por violación contractual, por los operadores que no firmaron el acuerdo.

Ahora bien, la cláusula 123 reitera que el operador está obligado a “chatarrizar” y fija multas por incumplimiento. La 176 faculta al Distrito para declarar la caducidad del contrato ante infracciones reiteradas. Esto indica que no sólo son inviables los usos de los dineros definidos en el acuerdo, sino que se omiten obligaciones oficiales con los incumplidos, que no son solo Coobús y Egobús. El Informe de Gestión del Programa Movilidad Humana, de febrero de 2014, señaló que estos dos operadores y ETIB estaban incumpliendo las metas de chatarrización. Además, no se sabe cómo fue la chatarrización de 150 buses del transporte público para ingresar por la Séptima 150 “híbridos” de las empresas Express y Gmóvil, que no pueden eximirse así sea en favor del “cambio climático”.

A septiembre de 2014 debían existir 343 rutas del SITP (hay 144) y 9.715 buses azules (hay 5.791). Quedan 8.509 vehículos del transporte tradicional (DANE, junio 2014), cubriendo rutas periféricas y con sobrecupo (37% de todos los pasajeros, 1,8 millón/día). Por eso el pasado paro se sintió más en Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar. Allí no respondió el SITP, como lo hizo en otras zonas.

La chatarrización debe cubrir 5.800 de estos vehículos y vale $600 mil millones; otros deben transformarse al SITP y casi mil están por fuera de toda opción. Este proceso representa casi $3.250 millones diarios más para el SITP. Por esto, con el Pico y Placa, que saca al 20% del transporte tradicional, se le transfieren “gratis” al SITP casi $700 millones diarios, generando un mecanismo perverso que antes de aligerar la salida del parque tradicional, da mayor margen a los consorcios morosos. Aquí se inventó el alcalde una forma de chatarrización gratis.

A estas alturas, la consolidación del SITP depende del Pico y Placa y de los créditos oficiales, de la chatarrización gratuita o al debe, la que puede rayar con el Código Penal por librar a los operadores privados de sus compromisos. ¿O el célebre acuerdo es un engaño más?

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