Connotaciones del paro de los camioneros

Propietarios y conductores de camiones de carga iniciaron el pasado 3 de febrero un nuevo paro nacional que han denominado de “inmovilización vehicular”, exigiendo a través de la Asociación Colombiana de Camioneros –ACC- entre otros aspectos, “unas reglas claras de juego”, como: control de sobre oferta del 40% de vehículos a través de “chatarrización” de camiones; solución a la eficiencia de cargue y descargue; derogatoria del decreto que elimina la tabla de fletes y su ajuste en un 14,7% -puesto que la tarifa está congelada desde el 1 de agosto de 2008-; y reducción de $1.200.oo en el costo del galón del ACPM.

Según diversos estudios, en Colombia habría cerca de 240 mil camiones de carga y se calcula un nicho de mercado para más de 300 mil. El portal de internet “lasillavacia.com” reveló que 18 mil de estos vehículos son de propiedad de una sola empresa y el resto son independientes, por lo cual Felipe Targa, viceministro de Transporte, asegura que el sector está atomizado; sin embargo para la ACC y La Central Unitaria de Trabajadores –CUT- esta estructura es ampliamente democrática ya que el noventa por ciento es propietario de una o máximo dos tractomulas y se ve afectada por el decreto de Libertad Vigilada que elimina la Tabla de Fletes.

Las mencionadas agremiaciones sostienen que dicho decreto -su aplicación entrará en vigencia el 28 de este mes- fue dictado por el presidente Juan Manuel Santos atendiendo presiones de los grandes empresarios, cuyo objetivo es bajar los costos del transporte para hacer más rentables a las empresas y de paso conducir a pequeños y medianos transportadores a la quiebra, creando las condiciones para que las multinacionales y monopolios se apropien de este importante sector económico; es una situación similar a lo que sucede con la implementación de los Sistemas Integrados de Transportes Masivos, casos Transmilenio o Transcaribe, que excluyen a pequeños y medianos transportadores, beneficiando a pulpos financieros.

La ACC ha dado a conocer que los camioneros de los países vecinos, valiéndose de la decisión 399 de la Comunidad Andina de Naciones –CAN- que regula el transporte internacional, caso de ecuatorianos, ingresan a Colombia y trabajan sin restricciones pero el gremio de nuestro país solo puede llegar hasta las fronteras, ante la mirada cómplice del Ministerio del Transporte, por ello están exigiendo preparar un encuentro con delegados de los gobiernos colombiano, ecuatoriano y de la CAN.

Éste es un paro que confronta a la medula espinal de la política neoliberal, que tiene su eje en permitir la toma de nuestro mercado interno en todos los ámbitos: la internacionalización del precio de los combustibles y la liberación de las tarifas de los fletes buscan hacer el negocio del transporte financieramente inviable, es decir, la quiebra de nuestros pequeños, medianos e incluso grandes transportadores para así permitir la apropiación monopólica de los vehículos y el negocio, con sus consecuencias sociales para conductores e incluso la industria automotriz nacional.

La tabla de fletes, definida por resolución 3175 del Ministerio de Transporte en 2008, ha jugado un papel de contención de esta política porque fija los precios mínimos que se pagan por transporte de tonelada de carga; por ejemplo de Cali a Barranquilla cuesta $118.850.oo, estando congelada hace casi tres años. Pero en el año corrido entre diciembres de 2009 y 2010, el ACPM, que constituye casi la mitad de los costos del transporte, se incrementó en $1.098,28, o sea, un 18,84%, a lo cual se agrega el incremento de peajes, repuestos, aceites y lo más delgado de la cadena que son los salarios.

La Encuesta del Comité Sectorial del Transporte de la Andi reveló que la edad promedio del parque automotor de carga es de 15,33 años pero “varía de acuerdo al tipo de propietario, el de las empresas comerciales es 15,02 años y los vinculados a las cooperativas de 18,38 años de antigüedad en promedio”; esta obsolescencia es invocada para la reposición vehicular, atreviéndome a concluir que los grandes monopolios del transporte vienen por ese 80% del mercado que tienen los pequeños y medianos propietarios. Es posible que al publicarse este artículo hayan logrado un acuerdo entre el gobierno y la ACC, pero lo seguro es que estamos ante otra lucha de resistencia civil contra la recolonización económica.