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Conspiración contra los hospitales de la cordillera

Roberto Acosta, Armenia, febrero 7 de 2015

La profundización del espíritu de la Ley 100, se ha llevado a cabo con sus reformas y especialmente con la Ley 1122 de 2007, obligó a todos los hospitales del país a convertirse en Empresas Sociales del Estado (ESE). Entidades de la más pura estirpe neoliberal, que deben tener “autonomía administrativa” y autosuficiencia financiera, la cual ha de lograrse con la venta de servicios a las EPS que operan en su jurisdicción y particulares que los requieran, precepto que conlleva la perversa concepción de que la ejecución práctica del derecho a la salud debe generar ganancia.

La cartera creciente e impagable por las EPS, la contratación desventajosa con estas, el glosamiento de las facturas, la estrechez del mercado y una serie infinita de prácticas maliciosas de las EPS agudiza la crisis de la red pública hospitalaria. El Ministerio de Salud pretende “resolver” dicha crisis con reestructuraciones, fusiones, liquidaciones, eliminación de servicios que no son “rentables”, entrega de áreas a operadores privados, externalización, cambio del personal de planta por trabajadores tercerizados que pauperiza sus salarios para “optimizar el gasto eficiente del recurso”, etc. En más de 20 años de aplicación de los principios establecidos en la Ley 100, queda demostrada su incompatibilidad con las necesidades de salud del pueblo colombiano.

Los hospitales o ESE de los municipios de la cordillera en el Quindío no son la excepción en esta crisis. De las características antes mencionadas sobresale la estrechez del mercado en el que les corresponde operar, es decir, la venta de servicios a una población tan reducida no les permite tener equilibrio financiero y mantienen un déficit crónico, como acontece en todos los municipios con una población menor a 8.000 habitantes.

La Gobernadora y su Secretario de Salud han desempolvado una vieja receta de antiguos funcionarios del Ministerio de Salud y anteriores administraciones: liquidar los hospitales de la cordillera y formar una ESE de carácter departamental. Lanzan como argumento la reducción de la burocracia para arrancar aplausos del circo y ocultar sus verdaderos apetitos, controlar los puestos y los recursos, pero el problema continuará. Mienten al decir que para establecer la red y garantizar la atención a la población es necesario liquidar los hospitales y reducirlos a simples puestos de salud. Ahora, muy diligente la Secretaría de Salud en busca de una falsa calidad, los asedia con la resolución 2003 de 2014. Norma, que, ninguna ESE en Colombia está en condiciones de cumplir, como aconteció hace pocos días en el municipio de Filandia que vio intempestivamente como su hospital era obligado a cerrar servicios sin presentarle a los pacientes alternativas. Tal sería el tamaño de la arbitrariedad, que la defensora del pueblo manifestó: “La norma es muy fuerte, es imposible hacerla valer en su totalidad y no podemos afectar a los ciudadanos de los municipios”

En distintos escenarios se ha planteado, que estos hospitales en las condiciones en que les corresponde actuar, deben recibir un subsidio del Estado para alcanzar el equilibrio financiero exigido por las exóticas normas del Ministerio.

El ejemplo a seguir es la resistencia civil, encabezada por el Alcalde de Pijao y su pueblo, en Génova la comunidad rechazó la liquidación de su hospital en cabildo abierto, luego fue hundido el proyecto en el Concejo con el voto unánime de los concejales y por último vale destacar la enérgica protesta de los aguerridos usuarios de Filandia en defensa de su hospital.

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