Culminó el desastroso periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez hundiendo hasta el final el pie en el acelerador de la entrega del patrimonio público al capital privado, principalmente al extranjero. Aun a sabiendas del futuro promisorio que le espera con el continuismo santista, no da espera en su afán por hacerse a las riquezas del país. Paradójico que al celebrar 200 años de ganar nuestra independencia del imperio español, veamos cómo se profundiza la recolonización de nuestra nación mediante la entrega de nuestra soberanía económica, política y militar.
En el caso de la soberanía económica, se han venido privatizando las empresas estatales que prestan los servicios públicos domiciliarios, empresas que han sido construidas con el esfuerzo de los usuarios, quienes además de perder el patrimonio público (fuente de inversión social), son golpeados por las continuas y escandalosas alzas en las tarifas (incrementos del 200%, 500% y hasta 1500%) que saquean los bolsillos de los ya precarios ingresos de las mayorías. En contraste, las grandes corporaciones financieras, las empresas multinacionales y los vendepatria que ante las potencias extranjeras tramitan las desgracias del pueblo colombiano, aumentan sus ya cuantiosas y opulentas riquezas.
En el Valle del Cauca, esta arremetida neoliberal se evidencia en dos casos concretos: Acuavalle y Emcali.
El pasado 10 de julio del 2010, Acuavalle S.A. ESP, en cabeza de su gerente Alex Pascual Loango Sinisterra, abrió licitación mediante solicitud pública de oferta N° 026 del 2010, con la cual se pretende entregar a un privado el plan de inversiones 2010-2015 por valor de 165.000 millones de pesos. Dicho plan de inversiones contiene las operaciones estratégicas que Acuavalle ha venido desarrollando satisfactoriamente. De llegar a cumplirse su estratagema, Acuavalle quedará ad portas de la privatización. Esto, que podría muy bien calificarse como jugada sucia, también encierra un detrimento al patrimonio público construido durante más de 50 años por los vallecaucanos. Los únicos que ganarán con semejante "transformación" serán los contratistas españoles que han venido sosteniendo conversaciones con el gerente Loango.
Aunque ya fue frenada la licitación debido a la constante movilización de los trabajadores y usuarios del servicio, aún continúa la posibilidad de entregar el contrato a través de una medida aún mas antidemocrática: la adjudicación a dedo, que se apoyará, según la empresa, en un artículo del estatuto de contratación de Acuavalle que permite entregar dicho contrato mediante adjudicación "directa". Sin embargo, sea cual sea la forma de entrega de este cuantioso contrato, significaría un detrimento a los bolsillos de medio millón de habitantes del departamento, usuarios del servicio de agua y alcantarillado en los 33 municipios donde opera la empresa. Estos usuarios representan en un 93% a los estratos 1, 2 y 3 (132. 357 suscriptores) pertenecientes a los sectores pobres insuficientemente subsidiados, los cuales verían afectados sus ingresos durante 25 años aproximadamente. Esto último debido a que se sabe que se buscará la pignoración de la tarifa con el fin de que el privado recupere la inversión hecha en tan solo 5 años, pero con una jugosa tasa de interés que, aproximadamente, le duplicaría las ganancias.
Acuavalle es una empresa pública financieramente estable, con experiencia en la operación del servicio público de agua y alcantarillado y con tarifas al alcance de los bolsillos de los vallecaucanos. Por tal razón debe continuar siendo pública y no se deben tercerizar sus operaciones.
Cuando Cali era solo un pequeño pueblo a comienzos del siglo XX, empiezan las primeras obras de pequeños acueductos y plantas veredales que luego se convertirían en una sola empresa, Emcali. Construida con las manos de nuestros abuelos y bisabuelos, es una empresa que ha visto crecer a más de cuatro generaciones de caleños, una empresa que poco a poco se fue convirtiendo en el tesoro más preciado de la ciudad, hasta hoy tener un valor de más de 5 billones de pesos; una empresa que ha ayudado al desarrollo del municipio, una empresa que hemos defendido los caleños por casi un siglo y que ha tenido 27 intentos de privatización en su historia, que se han quedado solo en intentos por la lucha y resistencia de la comunidad caleña, encabezada por su sindicato y sectores progresistas de la ciudad, que antes de tener alguna relación política o laboral con la empresa, son usuarios que entienden la importancia de la empresa para la ciudad. Pero hoy esos intentos de querernos arrebatar esta empresa de nuestras entrañas está más cerca que nunca.
Llevamos 10 años de la intervención de la Superintendencia de servicios públicos, que tomó el control de la empresa para cumplirles con las obligaciones económicas a los bancos y acreedores, colocándolos por encima de los usuarios, administrando la empresa de una forma irresponsable sin reinversión social de las ganancias en la ciudad y degradando el servicio hasta lograr confundir a algunos sectores de la sociedad caleña, que no comprenden que la privatización de Emcali es un retroceso en el desarrollo del municipio, porque coloca en riesgo el patrimonio más importante de la ciudad. Este nuevo capítulo que se abre hoy con el intento del gobierno nacional y local de privatizar el componente de telecomunicaciones de Emcali, es una maniobra cínica y descarada para beneficiar a unos cuantos extranjeros a costa de perjudicar a toda una ciudad. Es insólito que a este componente de telecomunicaciones de Emcali, que tiene un valor de 1,7 billones de pesos, le sean colocadas a la venta la mitad de sus acciones por solo 300 mil millones de pesos, cifra que representa el 60,25% menos del valor real de la mitad de las acciones, o sea, que la ciudad de Cali estaría perdiendo alrededor de 500 mil millones de pesos.
Consciente de esto, la Superintendencia de Servicios Públicos, con la Dra. Susana Correa (experta en liquidaciones y privatizaciones) y el señor alcalde de Cali en complot con ocho de los veintiún concejales de Cali, quieren seguir con el proceso de subasta a costa de todo, incluso pasando por encima de la ley 1341, que inhabilita el proceso de subasta cuando existe un solo oferente, en este caso la transnacional Telmex, debido a que la otra empresa interesada en Emcali, que es Telefónica, tiene un conflicto grave de intereses, pues la banca BBVA encargada del estudio que preparó el terreno para la posterior determinación de poner en subasta la empresa, pertenece al mismo grupo accionario de esta última, lo que anularía cualquier participación de esta empresa (Telefónica) en el proceso de subasta.
La Organización Colombiana de Estudiantes hace un llamado a los vallecaucanos a continuar defendiendo el patrimonio público de los improperios de gobiernos nacionales y locales, y llama a toda la comunidad a colocarse en posición de la valerosa resistencia civil, lo cual ya se ha venido realizando con marchas, mítines, recolección de firmas, pronunciamientos en medios de comunicación, debates en las corporaciones públicas, entre otras, actividades lideradas por Sintracuavalle y Sintraemcali, y con masiva participación de los usuarios de servicios públicos, los estudiantes y la ciudadanía en general, logrando difundir la pretendida privatización de lo público en el Valle. En este mismo sentido, es importante resaltar la valerosa lucha de los trabajadores que han resistido los hostigamientos a sus dirigentes, como lo son las amenazas e intentos de asesinato a la presidenta de Sintracuavalle. Por otra parte se ha logrado desmentir las desinformaciones a los usuarios, las cuales han sido pagadas en millonarias campañas publicitarias por parte de las gerencias de ambas empresas. Y por último, resaltar que los trabajadores deben mantener una posición firme frente a defensa de las empresas y rechazar cualquier intento de oportunismo por parte del gobierno entrante, que ha puesto como punta de lanza a quien ha sido una vergüenza para el movimiento obrero: Angelino Garzón.
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