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Continuemos enfrentando con decisión la política de Santos

Tribuna Magisterial, Bogotá, enero 28 de 2016

La entrega de la soberanía nacional, la destrucción de la industria y la agricultura, las expoliadoras medidas de privatización y el empobrecimiento de la ciudadanía ordenados por la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y aplicados con la insistencia más rodillona por Santos, se concretan de manera palmaria en un diluvio de Tratados de Libre Comercio, la entrega de ISAGEN, la ley Zidres para despojar de sus tierras a los agricultores en beneficio de multinacionales y grupos financieros, la especialización en la producción minero energética que ha dejado al país inerme ante el derrumbe de los precios del petróleo y los minerales, la devaluación e inflación galopantes, el escandaloso aumento de las tarifas de servicios públicos, , el ínfimo ajuste del salario mínimo y la arremetida contra la educación pública, entre otras. Todo ello envuelto en el papel regalo de la manipulación mediática y el engaño, de los cuales es maestro el presidente de la república. Papel cada vez más raído y roto por la exposición a esos desnudadores de mentiras que son la realidad y el ejercicio de la crítica y la movilización por parte de sectores cada vez más amplios.

Como si no fuera suficiente la catastrófica situación que viven los colombianos se anuncian las reformas tributarias y pensional, encaminadas a hacer pagar a los trabajadores y a la inmensa mayoría de la población las consecuencias de las medidas de Santos y su corte. Aumentar el IVA, poner a tributar renta a los asalariados que devenguen millón quinientos mil pesos, incrementar los impuestos territoriales y sobre los combustibles. Aumento de la edad requerida para pensionarse, mesadas pensionales por debajo del salario mínimo y liquidación del régimen de prima media para beneficio y felicidad del capital financiero.

La política educativa ha sido confeccionada de la misma materia de negación de la soberanía, privatización y destrucción de la educación pública en un sofisticado entramado de programas difundidos con especiosos argumentos de ampliación de la cobertura y mejoramiento de la “calidad”: Índice sintético de calidad, Día E, Todos a Aprender, Ciclo lectivos integrados, Ser pilo paga, préstamos condonables para estudio de los maestros, etc.

Mención especial se debe hacer sobre la jornada única, culmen de la máquina propagandística gubernamental, y abuso y utilización de un viejo anhelo de los colombianos, que se opusieron en el Gobierno de Carlos Lleras Restrepo y en los gobiernos siguientes a la imposición de la doble jornada. Con el paro de 1993 rescatamos del ostracismo a la jornada única, de tal modo que quedó establecida en la Ley General de Educación. Si algo ha caracterizado nuestra posición es la defensa de la educación del más alto contenido científico, nacional y democrática, y ello sólo es posible si, entre otros aspectos, las horas de clase son suficientes. Ahora bien, la jornada única para poder ser viable y configurarse como hecho debe cumplir con las condiciones que la hacen posible: financiación adecuada y sostenible para garantizar el mejoramiento de los salarios del magisterio y la ampliación de la planta de personal docente y administrativa; la alimentación escolar para todos los estudiantes, adecuada y suficiente; un verdadero plan de construcción escolar; respeto de la autonomía educativa; y preservación de la educación pública. Sin embargo, se irrespeta desvergonzadamente la autonomía educativa y se imponen métodos y contenidos contrarios no hay salario profesional ni ampliación de la planta de personal sino que, por el contrario, se imponen la tercerización y las horas extras. La partida para alimentación que fue de 821.000 millones en el año 2015, bajó para el 2016 a 400 mil millones, menos de la mitad, aunque ahora Santos hace demagogia con una partida de 278 mil millones que no cubre lo que le quitó al programa ni mucho menos la gravísima deficiencia en cobertura y calidad. No existe un verdadero plan para cubrir el inmenso déficit de infraestructura, lo que sí existe es la privatización con las Asociaciones Público Privadas, establecidas para educación en el Plan Nacional de Desarrollo. Los limitados recursos arbitrados para construcciones escolares son manejados por el Ministerio de Educación, a través de una fiducia con el BBVA, a puerta cerrada, por fuera del estatuto de contratación pública y sin el acompañamiento de los órganos de control, como sucede con la construcción de 1.500 aulas que, entre otras cosas, no son más que una gota de agua en el océano de la falta de infraestructura educativa.

La salud de los maestros activos y pensionados, y de sus familias se encuentra en un estado de deterioro de consecuencias nefastas. Ni el Estado ni los prestadores responden por los servicios. Además, las privaciones se sufren en un marco de acelerada destrucción de la red pública, de los derechos de médicos y trabajadores, y de vulneración generalizada de los derechos de la salud y de la vida de los colombianos, para enriquecer a un puñado de EPS. Actualmente se discute con el Gobierno Nacional el nuevo modelo de contratación, del cual debemos estar vigilantes y dispuestos a la movilización con el propósito de alcanzar unos servicios dignos.

El año pasado, ya en medio de la debacle económica, el magisterio con un paro de grandes proporciones avanzó en aspectos neurálgicos de sus reivindicaciones laborales en aumento y nivelación salariales, nuevo modelo para los ascensos de los maestros del 1278, bonificación de los educadores del Grado 14, para sólo mencionar unos aspectos.

El cumplimiento y desarrollo de los acuerdos con el Gobierno han sido otra etapa en esa batalla. La expedición en enero (y no a mitad o a finales de año como muchas veces ha sucedido) de los decretos de salario y nivelación con el aumento de 9,77% es sin lugar a dudas un triunfo. Fue también expedido el decreto de bonificación de los maestros del Grado 14.

El avance en el proceso de elaboración de los contenidos de la evaluación diagnóstica formativa, con todas las dificultades que se presentan, significa la superación de la fatídica evaluación escrita y la derrota de la pretensión de encadenar el derecho al ascenso a los resultados de las Pruebas Saber, los índices de repitencia y deserción y, en general, a las exigencias de la OCDE. Ahora bien, la lucha por un nuevo estatuto para todos los docentes continúa, razón por la cual perseveramos en la exigencia para que se convoque a la comisión tripartita.

Sin lugar a dudas, será este año un aspecto central del batallar de los colombianos el acto legislativo que sobre las trasferencias para educación, salud, agua potable, saneamiento básico y libre destinación para los municipios debe discutir y aprobar el Congreso de la República. Es imprescindible la conformación de un frente unido de las organizaciones sindicales, asociaciones profesionales, ambientalistas, dirigentes y partidos políticos, que organice a la ciudanía en torno a la exigencia de los recursos necesarios para garantizar adecuadamente los sectores arriba mencionados, que son vitales para el desarrollo del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos.

Los cantos de sirena del santismo, propalados masivamente por los medios de comunicación, están dirigidos a sembrar el engaño mientras se van aplicando las más lesivas decisiones. Ante ello, persistamos en nuestro compromiso con la soberanía y la producción nacionales, los derechos de los colombianos y la educación pública. Perseveremos en el fortalecimiento de los lazos de unidad y solidaridad con todos los que, de una manera u otra, están sufriendo las consecuencias de la política de la administración Santos. Fortalezcamos la unidad del magisterio encarnada en sus organizaciones sindicales encabezadas por FECODE. Y preparémonos para las luchas que se avecinan.

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
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