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Contra alzas desaforadas de la energía: resistencia civil

Norman Alarcón Rodas, Barranquilla, noviembre 4 de 2015

Los efectos devastadores de las políticas privatizadoras de los servicios públicos domiciliarios están a la vista después de casi tres décadas de aplicación, cuando dichas empresas pasaron de ser un patrimonio público a monopolios privados, convirtiendo los usuarios en clientes y la máxima rentabilidad en el móvil principal del lucrativo negocio a través de altas tarifas referenciadas en los principios de eficiencia económica y suficiencia financiera estipulados en la ley 142 de 1994, como desarrollo de la Constitución Política de 1991 que tiene como enseña el libre comercio neoliberal.

La normatividad la fueron refinando cada día más, sobre todo la regulación tarifaria encomendada a la flamante Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), dependencia del Ministerio de Minas y Energía, y que se basa en precios competitivos, costos eficientes y rentabilidad máxima (WACC) al capital invertido sin ningún riesgo, que corresponde a una fase descompuesta del sistema capitalista. No es sino ver lo sucedido en el presente año con los precios de la energía que cobra Electricaribe a más de diez millones de habitantes de la Costa para corroborar hasta dónde han llegado las élites en su afán desmedido.

La resolución Creg 036 de abril de 2015 aprobó un aumento tarifario para el negocio de la comercialización a la trasnacional Gas Natural Fenosa que controla a Electricaribe que se tradujo en una alza del 13.2%. A partir del primero de noviembre pasado impusieron dos alzas a la vez, una del 7,53% en el eslabón de comercialización en bolsa y otra de siete pesos el kilovatio hora, que significa un incremento del 1.9% para mejorarle la rentabilidad a las termoeléctricas que, según ellas, están perdiendo plata a pesar del Cargo por Confiabilidad que les representa más de un billón de pesos al año ($52 por kilovatio paga cada usuario). Pero allí no paró el desenfreno, nuevamente la Creg con la resolución 172 del 13 de octubre pasado elevó el cargo de Restricciones a la Generación de $10.49 a $60 el kilovatio, 470 por ciento de aumento. ¿Cómo serían las alzas si Santos privatiza a Isagén, patrimonio de los colombianos?

En esta forma, en la segunda mitad de la segunda década del siglo veintiuno, estamos presenciando cómo llegan a su máxima expresión las ambiciones desmesuradas del gran capital financiero que controla las empresas de servicios públicos, así le quite el pan de la boca a toda una población para poder pagar esas tarifas. La experiencia histórica enseña que estos bárbaros atentados traerán como consecuencia el despertar de las gentes del común, la organización de la protesta de las fuerzas vivas de la sociedad y la movilización pacífica pero enérgica de toda la población.

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