Contrastes fiscales y valores humanos

Para que un humilde colombiano ingrese a la policía nacional debe pagar aproximadamente cinco millones de pesos en equipo y exámenes. Miles de familias pobres hipotecan su vivienda, cuando han logrado tenerla, o venden sus neveras, televisores y licuadoras y se endeudan para contribuir a hacer realidad el sueño de su hijos de ingresar a la fuerza pública para proteger la vida y los bienes de su compatriotas, aún exponiendo sus propias vidas y su integridad personal. Algún despistado podría pensar que la razón para que las familias de estos jóvenes aspirantes a ser policías deba pagar con el fruto del trabajo duro y sacrificado de sus padres y reduciendo su magro patrimonio es que el fisco nacional es paupérrimo; que objetivos más urgentes o más loables impiden realizar dichos gastos para quienes desean prestar este servicio a la sociedad. Evidentemente ésta no puede ser la explicación pues al tiempo que estas familias incurren en tan gravosas erogaciones, el gobierno obsequió a los grandes inversionistas y empresarios una reforma tributaria cuyas generosísimas exenciones y gabelas tan solo el año pasado alcanzaron la cuantiosa suma de 7,3 billones de pesos (Semana junio22/09). “Incentivos” que, contra toda evidencia, el gobierno sostiene son indispensables para la generación de inversión y empleo. Naturalmente esta creatividad en el diseño de beneficios gubernamentales se derramó con creces sobre los hijos del presidente, quienes gracias a éstos y unas pocas firmas de funcionarios oficiales, supieron multiplicar su patrimonio en más de 100 veces. Dichos incentivos sin embargo no lograron impedir que Colombia fuese la economía latinoamericana con la peor tasa de desempleo en América Latina en todos estos años de bonanza hasta el 2007, superada tan solo por República Dominicana. Y eso que la metodología para medir el desempleo cambió bajo la administración Uribe, detalle “técnico” que lo favorece cuando se trata de hacer comparaciones con la gran crisis de 1999 y principios de esta década.

Y como si semejantes contrastes fiscales no fuesen suficientemente sorprendentes, el abandono del Estado a estos humildes policías que sacrificaron todo por prestar sus servicios a Colombia es incalificable. Que el cabo Moncayo continúe pudriéndose en la selva por el capricho del presidente revela los oscuros matices de un alma inclinada hacia la protección de los más fuertes y poderosos, incluidos sus propios hijos, y decidida a postergar su gobierno comprobadamente ilegítimo, violando la Constitución en su propio beneficio. El caso del cabo Moncayo es sin duda el más aberrante pues por la acción del presidente, motivada en sus sentimientos negativos hacia la senadora de la oposición Piedad Córdoba, no ha sido liberado por las FARC, sus secuestradores; pero muchos otros colombianos han sido abandonados por el Estado pretextando insuficiencia de recursos fiscales. Una crónica de El Tiempo sobre uno de los militares secuestrados y su situación de indigencia e inatención por parte del Estado es solo un ejemplo. Y qué decir de los millones de desplazados por los que la Corte Constitucional ha tenido que reprender al gobierno varias veces por su inatención y gran vulnerabilidad que ha calificado como un evidente “estado de cosas inconstitucional”, “un desconocimiento masivo, generalizado y sistemático de los derechos constitucionales”.

Como si fuera poco el desamparo y la desprotección a las víctimas del conflicto armado en Colombia, por instrucciones del presidente Uribe, el proyecto de ley para la reparación de las víctimas fue archivado pues éste contemplaba resarcir a las víctimas de agentes del Estado, contrario a la posición oficial y, se adujo, no existen suficientes recursos fiscales. Evidentemente para la administración Uribe dicha reparación no forma parte de los objetivos prioritarios. Como anotó el Alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, “Existen principios y estándares internacionales que una ley de esta naturaleza no puede ignorar. Entre ellos se encuentran el deber de garantía del Estado, la no discriminación y la consideración de las víctimas por el daño sufrido y no por quien ocasionó ese daño”. Pero este principio, que debería ser universal, es inexistente bajo los cánones morales del gobierno Uribe; ni siquiera ante los insólitos asesinatos, crímenes de Estado, que según este alto funcionario de Naciones Unidas fueron realizados de “una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del ejército”, se desea reparar a las víctimas. Que los derechos de las víctimas no cuentan lo ilustra muy bien el hecho de que “extraditaron los testigos” de la parapolítica como oportunamente tituló un editorial de este diario. La invisibilidad de esta inmensa población de colombianos en grave situación de vulnerabilidad no cuenta ni en términos económicos y mucho menos en cuestiones de justicia y derechos humanos, pues sus lideres son amenazados y asesinados sin que el manto de la seguridad democrática los cobije y a cambio son demandados penalmente por el propio gobierno cuando sus protestas desadornan el paisaje.

Es incalificable que en el orden de prioridades del gobierno no existan carencias de recursos fiscales cuando se trata de beneficiar a los más ricos y poderosos y se argumente escasez de éstos para desconocer razones de justicia y reparación. Los 7, 3 billones de perdidas de ingresos fiscales en el 2007 por las gabelas tributarias no contemplan el regalo dado a los inversionistas extranjeros por la eliminación del impuesto a las remesas. Este obsequio tan solo el año pasado ascendió a más de un billón de pesos. Y justamente el gobierno alega un faltante de un billón para seguridad democrática, el cual buscará obtener imponiendo más IVA regresivo a los colombianos, o un impuesto al patrimonio a la clases medias pues los más ricos fueron protegidos con aberrantes contratos de seguridad jurídica en un país en el que no existe seguridad alguna para los millones de desplazados, y ni siquiera se quiere reparar los abominables crímenes de Estado. Y como si fuera poco valiéndose de métodos ilegítimos este gobierno pretende acallar a la Corte Suprema de Justicia quien sí está impartiendo justicia conforme a la Constitución.