Inicio > Articulos de Actualidad > Contribución por valorización, un disparate

Contribución por valorización, un disparate

Juan Sebastián Padilla, cronicadelquindio.com, Armenia, febrero 23 de 2016

El cobro de valorización ha suscitado un amplio descontento ciudadano. Hay hechos políticos y económicos aparte de las razones jurídicas que se han expuesto contra la contribución.

El rifirrafe entre las anteriores administraciones departamental y municipal enturbió el escenario para la discusión. Quienes nos opusimos desde el principio no pudimos exponer los motivos que alentaron nuestro rechazo.

¿Qué planteábamos?

Cuando la entonces alcaldesa, Luz Piedad Valencia sustentó el proyecto en el Concejo Municipal mencionó las necesidades de la construcción de las obras. Dentro de ellas estaba la atracción de la inversión foránea en el negocio inmobiliario, la afluencia vehicular hacia centros comerciales y la masificación de turistas y visitantes. Luego no es cierto que las obras sean exclusivamente para mejorar la movilidad, entre otras cosas porque en la misma socialización Luz Piedad Valencia dijo que "con las obras la malla vial no crecerá sino que se optimizará."

También dijimos que la Alcaldía y el Concejo habían adoptado el “modelo” de contribución más regresivo y antidemocrático del país. Para liquidar la contribución por valorización se debe tener en cuenta 3 aspectos: l) el beneficio total de las obras ll) el costo total de las obras y lll) la capacidad de pago de los contribuyentes. El aspecto democrático de otros modelos de contribución consiste en hacer el derrame a partir del menor rubro de esos 3 requisitos y el menor siempre tiende a ser la capacidad de pago. Incluso en los casos en que el derrame se hace fijándose únicamente en el costo de las obras, sólo se cobra un porcentaje.

Para el caso de Armenia no existe una base gravable, se muestra de forma insondable tanto los factores aplicados para fijar la contribución como la combinación entre ellos para dar una cifra de pago del tributo, no hay una documentación técnica explicativa y la forma para determinar la capacidad de pago es risible.

No hay estudio socio-económico serio

El mecanismo para determinar la capacidad de pago debe ser un estudio socio-económico, con toda la rigurosidad técnica y científica que amerita y realizado por los mejores profesionales. Deberá evaluar variables como el nivel de ingresos, de gastos y capacidad de ahorro, evaluar los perfiles productivos y económicos de las zonas donde habrá derrame. Se requiere un estudio de ese talante porque se trata de determinar si existe capacidad de pago o no.

Para realizar el estudio socio-económico se debe conocer previamente quienes serán los sujetos pasivos de la obligación, o sea, quienes deberán pagar. Como la obligación no recae sobre las personas sino sobre los predios, debe saberse previamente qué predios se valorizan con las obras.

Resulta que el estudio realizado consistió en una encuesta presencial cara a cara a 1.154 hogares, la técnica de recolección se basó en una “previa selección aleatoria”. ¿Por qué se hizo el estudio antes de saber qué predios se valorizarían con las obras?, o peor aún, ¿por qué se hizo de manera aleatoria? Muy seguramente encuestaron a personas que no tenían velas en el entierro.

Además, dice el Acuerdo que aprobó la valorización, que el objetivo primordial del estudio es “aliviar el esfuerzo económico de los menos pudientes”, pero lo que reza la ley es otra cosa, es para saber si hay capacidad de pago, no para definir quienes pagan menos y quienes más.

Lo más descabellado del estudio es que concluye que los encuestados tienen una capacidad de pago de $184.000 millones. ¡Una cifra superior al costo de las obras!

Las tretas fallidas

Hay falacias que por fortuna los ciudadanos descifran: los criterios expuestos para justificar el cobro; se ha invocado la mejora de la competitividad, la cultura solidaria, el deseo de ver la ciudad más hermosa, la creación de empleo y hasta decir que la valorización es un “acto cívico de amor por la ciudad”. Pero el beneficio que obliga a la contribución es el económico, es decir, si el predio se incrementa en valor, ni siquiera el tal beneficio en movilidad es un hecho generador del cobro. De tal manera que hoy están pagando quienes no deben.

También hay inconsistencias entre predios similares con cobros desiguales. El cobro castiga el uso residencial del suelo, porque quienes gozarán plenamente de las ganancias de las nuevas obras son los que detentan la tierra urbana como negocio, son los únicos que recuperarán el pago efectuado. Cuando se decretaron cobros por el supuesto “mayor valor”, se tomó como justa cualquier suma, poniendo en riesgo el ingreso de los hogares y hasta teniendo efectos expropiatorios. Se ignora que la posesión de una propiedad no significa que haya solvencia económica para responder a cualquier exigencia fiscal. El descuento por el pronto pago favorece a los contribuyentes con liquidez y auxilia más a quien tiene más patrimonio.

La actuación de la administración municipal como corporación crediticia cobrando intereses a quienes optan por financiar el pago. Debe saberse que dentro del monto total a distribuirse están contemplados los intereses adquiridos con la entidad financiera que prestó los recursos para las obras, o sea que a la ciudadanía se le estaría configurando un pago doble por intereses. Hay un ejemplo que ilustra lo descomunal de éste asunto: al edificio del sindicato de maestros, que es una entidad sin ánimo de lucro, le llegó el cobro por $16.256.767, si el sindicato decide financiar el pago a 60 cuotas, en 5 años terminaría cancelando $22.594.980, o sea $6.338.213 de intereses, ¡el 39% del recibo!

Valorización contra los sectores medios y populares

Si hay una mentira más grande que la tierra es que quienes deberán pagar son los ricos, la realidad impone la verdad, los paganinis serán los sectores medios y populares de la población.

El número de predios pertenecientes al estrato 3 son 26.595, si se le suma la cantidad de predios del estrato 4 y 5 serían 52.901, el 44% de los predios a gravar.

La proyección de recaudo de los estratos medio y medio alto (según la capacidad de pago arrojada por el estudio socio-económico) será el 68% del total.

Sí hubo de donde obtener recursos para hacer las obras

En la justificación del cobro también han argumentado la ausencia de recursos. Dentro de las fuentes de financiación que presentó la alcaldesa Valencia Franco estuvo el impuesto de plusvalía (además de la nación y “gestión técnica”), causado cuando un predio cambia su uso inicial por uno más rentable, por cambio de normas o cuando una decisión administrativa permite un mayor aprovechamiento de edificación sobre el suelo y debe cobrárseles a las edificaciones para vivienda suntuaria, conjuntos residenciales en general, comercio, hoteles, oficinas e industria. Resulta escandaloso que en los últimos años, cuando hubo en la ciudad un periodo histórico de mayor auge de construcciones y de ampliación de perímetros urbanos, no se haya cobrado. Las cargas perdonadas a los constructores, al capital financiero y a los rentistas del suelo, hoy se echan sobre los hombros de ciudadanos que hicieron un monumental esfuerzo por adquirir su vivienda y quienes profesionalmente se han afanado por conseguir y mantener condiciones de vida decentes.

El Alcalde Carlos Mario no ha sido claro si el dinero de la liberación de la sobretasa a la gasolina equivalente a $45.000 millones se le va a inyectar a la construcción de las obras para alivianar el gravamen tan desproporcionado que tienen los armenios. No es posible que la Alcaldía no asuma ninguna parte en la financiación, ni siquiera los costos financieros y de administración.

Entre tanto, los ciudadanos que recién constituimos el COMITÉ CONTRA EL COBRO POR VALORIZACIÓN, invitamos al Alcalde para que estudie la posibilidad de un mecanismo más equitativo que sirva al desarrollo de la ciudad, desechando ésta equivocada medida de la administración anterior. A los armenios los llamamos a exigir la revocatoria de las resoluciones de cobro, a movilizarse en respaldo a las acciones de nulidad y a denunciar a los responsables de éste disparate.

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
Siga a Jorge Enrique Robledo en Twitter
  • Imágenes
  • Videos
  • Audios
  • Todas
  • Todos
  • Todos

  • Suscríbase a la lista del PDA-MOIR

    Comunidades del MOIR

    POR LA SOBERANIA, EL TRABAJO Y LA PRODUCCION ¡RESISTENCIA CIVIL!
    Sede Nacional : Carrera 24 No. 27-25 Bogotá Colombia - Teléfono: (57 1) 245 7126.

    Seguir la vida del sitio