Control de precios a los combustibles: una maniobra de mala fe

Apelando a la vieja y burda artimaña del ladrón que grita ¡cojan al ladrón!, para tratar de ocultar sus fechorías, el gobierno nacional tomó la determinación de reimplantar el control de precios a la venta de combustibles, por los supuestos abusos de los distribuidores minoristas. Esta maniobra de ave de corto vuelo con la que pretende engatusar incautos, está orientada a golpear el eslabón más débil de la cadena: los distribuidores minoristas de combustible, a quienes, digamos de paso, se les está pasando cuenta de cobro por su actitud crítica frente a la fórmula de liquidación del precio del galón de gasolina y del ACPM.

La verdad es que la medida tomada golpea al sector de la distribución minorista al reducir los márgenes de intermediación que constituyen sus ingresos, a la vez que incrementa los costos financieros del negocio al reducir en la práctica el volumen de venta. A muchos de ellos los pone ante la disyuntiva de reducir costos o desaparecer. Así los despidos de personal, la disminución del horario de trabajo y el control de gastos de donde se pueda, serán medidas obligatorias, y desesperadas para tratar de sobrevivir. Si a esto se agrega que por el creciente incremento de los precios por galón de combustible los consumos de los usuarios se siguen reduciendo, la alternativa que les quedará, a muchos de ellos, será el cierre de sus empresas. El corolario final es que el negocio se concentrará aún más en los grandes distribuidores mayoristas, acrecentando el monopolio. La medida es tan inocua –el control de precios establecido por el gobierno ha significado una reducción promedio de 200 pesos por galón–, que en los usuarios ha provocado la burla y la chacota. Y, sobre todo, no ha podido ocultar que detrás de la fórmula del precio de los combustibles se esconden los intereses de los grandes monopolios y del gobierno nacional. Porque la pregunta que hay que hacerse es ¿a quién le sirve que el barril de petróleo se liquide a precios internacionales (WTI), y como si se importara del golfo de México, pagando transporte, fletes y seguros? Es obvio que a los dueños del petróleo, los monopolios privados de la confianza inversionista que se quedan con la mayor parte del producido de este recurso natural nacional. Porque ni Ecopetrol, la empresa nacional –en proceso acelerado de privatización–, que está recibiendo la parte minoritaria del negocio, por las condiciones contractuales que el gobierno reconoce a los “benefactores” extranjeros.

De igual manera se beneficia a los distribuidores mayoristas de combustibles a quienes les garantizan márgenes de ganancia monopolista. Y finalmente, al gobierno, que hace tiempo descubrió que a través del precio de los combustibles puede cobrar impuestos exorbitantes que pagamos todos los colombianos, hasta los de a pie, porque no hay tal que la gasolina cara solo afecta a los más ricos, a los que tienen carro, porque todos, de una manera u otra, nos movemos utilizando la gasolina y el ACPM.

Entonces, no es cierto que nos estén subsidiando el precio de los combustibles. Es al contrario. Los colombianos terminamos pagando una de las gasolinas más caras del mundo porque perdimos la soberanía y la propiedad sobre los recursos naturales y, en la práctica subsidiamos el negocio de los monopolios y del gobierno nacional. Por eso el galón de gasolina lo pagamos al equivalente de 4.7 dólares, mientras en los Estados Unidos se pagan 3.6 dólares. ¿A alguien le queda duda del carácter antinacional de nuestros gobiernos?