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Cuando faltan 3/8 de Petro...

Aurelio Suáez Montoya, El Espectador, Bogotá, julio 3 de 2014

Gustavo Petro lleva cinco semestres como alcalde, le restan tres, y casi todas sus promesas de campaña pueden quedar en veremos. Los cien colegios construidos por leasing; los mil jardines infantiles “multicolores”, canjeados por unas cuantas aulas prefabricadas para preescolar; comprar Corabastos; el Banco Muisca; el Metro “en herradura” de Patio Bonito al occidente de Suba; el holding de empresas de servicios, entre otras.

El discurso por “lo público” también se refundió, no porque se deje la prédica, sino por lo que se aplica en los actos de gobierno, incluyendo el proyecto Basura Cero. En efecto, el abogado del alcalde, Julio César Ortiz, alegó ante la Procuraduría que no se afectó la “libre competencia” y así lo reiteró el Juzgado Tercero Administrativo cuando declaró legal el decreto 564, que reglamentó dicho modelo. Y si se mira la distribución de la nueva bolsa del aseo con relación a áreas entregadas, los contratos indefinidos y con ingresos fijos y las rentabilidades sobre los ingresos de los operadores, hay mejoría evidente, pero en pro de los privados respecto al esquema anterior. Se ponen en entredicho lo acusado por la Procuraduría y la SIC y hasta las propias oraciones de Petro desde “el balcón”.

El abandono de “lo público” se plasma más aún en la prórroga a los contratistas por tres años —sin licitación— de las concesiones de las troncales I y II de TM, asegurándoles ingresos adicionales por $2 billones, que en buen porcentaje vendrán de fondos alimentados por el erario. La renegociación le mereció al expersonero de Bogotá Herman Arias una supuesta “comisión de éxito” por cerca de millón y medio de dólares pagada por empresarios.

Agréguese el otrosí de Emgesa, cuya junta preside Petro, por cien millones de dólares a la multinacional Impregilo en la construcción de la represa de El Quimbo; la prórroga —a dedo, dos años antes de vencerse el contrato vigente y hasta 2022— a la firma SIM para la concesión del manejo de los trámites ante la Secretaría de Movilidad, y la “cesión”, permitida por la Secretaría sin licitación, del contrato de grúas y patios de Ponce de León (de los Nule) a la UT Colombo-Argentina Segrup, que antes estuvo descalificada y que, al parecer, tiene vinculados antiguos socios de los Nule.

Y otro tanto ocurrió con la “resurrección” de la semaforización con bombillas LED, liquidada en 2012 por razones de fondo y que, por arte de magia, le devolvió el beneficio al contratista en agosto de 2013. En cuanto a la gestión, son ya costumbre tanto la advertencia reiterada de la Veeduría por los bajos niveles de ejecución como el cúmulo de medidas tomadas sin estudios que deben revertirse. No es menor el fracaso si se miran las tendencias negativas en ETB y en casos como el de la “máquina tapahuecos”, que en ocho meses taparía 220.000 huecos y que en mayo llevaba 1.960. A contramano, los tributos sí se han incrementado, en especial el predial, cuyo recaudo, de diciembre de 2011 a diciembre de 2013, creció más del 30%, cinco veces el PIB por habitante, perpetrando así un abuso contra las clases medias.

Continúan sin respuesta los cuestionamientos hechos al contrato de importación de compactadores usados de Estados Unidos, a la compra desatinada en Corea de camiones nuevos de aseo y al nombramiento de funcionarios sin cumplir requisitos. También se posa la sombra de la intervención de un “petrograma” en varios de los contratos mencionados y en la ETB y en la EAAB.

Los 3/8 de Petro presagian un final incierto. Si el Consejo de Estado desestima las medidas cautelares o de darse imputación de cargos en alguna de las investigaciones de la Fiscalía, Santos, sin la obligación de convocar elecciones atípicas, podría decidir el remate de esta administración de una terna donde escogerá a su gusto.

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