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Cuando las minorías deciden el futuro

José Arlex Arias, La Verdad, Cartagena, octubre 10 de 2016

El resultado de alguna forma fue sorpresivo, no solo para los colombianos, sino para la comunidad internacional. El pasado 03 de octubre "será recordado en los libros de la historia como el momento en el que Colombia le dio la espalda a lo que podría haber sido el final de una guerra de más de 50 años", señaló Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas. Es solo un ejemplo de la incertidumbre que produjo el resultado del plebiscito, mediante el cual por una mayoría de 0,21 puntos porcentuales, equivalente a 53.894 colombianos, se rechazó el Acuerdo de La Habana firmado, ante la comunidad internacional, entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el grupo armado al margen de la Ley FARC.

Al hacer un análisis sencillo de las cifras de esa jornada electoral, encontramos que de 34.899.945 ciudadanos habilitados para votar, lo hicieron 13.066.047; es decir, una inmensa mayoría de 21.833.898 –el 62,57%– no lo hicieron, bien sea por simple abstención y apatía, desinformación o imposibilidad. Por ese efecto, la mayoría fue de 6.431.376 personas, que equivalen a un ínfimo 18,42% del censo electoral, que en la práctica es una minoría que termina afectando una de las decisiones más trascendentales para el país. El juego electoral es así, pero es contrario al significado de la democracia, según el cual la mayoría toma las decisiones y la minoría se somete, sin que implique desconocimiento de las mayorías contra las minorías.

Tomando las últimas cuatro elecciones presidenciales, encontramos una alta tasa de abstención, que en 2002 fue del 53,53%; en 2006, de 54,95%; en 2010, segunda vuelta, de 55,65% y en 2014 llegó al 59,93%, de las más altas de los últimos 22 años cuando en 1995 llegó a un tenebroso 66,05%. El análisis de este fenómeno electoral pasa por muchos factores, desde la gente desencantada y los altos niveles de corrupción hasta un sistema electoral diseñado para la trampa, de tal manera que se hizo normal aceptar la frase: "el que escruta, elige", hasta el punto en que se han detectado funcionarios que compran "el paquete elegible", cuantificado en miles de millones de pesos. Una elección presidencial que tuvo costos autorizados en 2014 de $20.309 millones, no es raro que haya superado dichos topes puesto que se dice que los financistas "casan" hasta $50 mil millones; por la elección de congresistas, gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles también dan financiaciones asombrosas. Son los dineros utilizados para corromper al elector, muchos de ellos ya acostumbrados a que les compren el voto.

El sistema electoral, totalmente manipulable, es un antro al cual penetran todo tipo de inescrupulosos, desde donde cometen el peor crimen contra la democracia: "cambiar la voluntad o decisión del pueblo"; es a esto a lo que tampoco le creen y por eso muchos prefieren no participar de este remedo de democracia. Ni Santos, ni ningún gobierno, han querido implementar la automatización, mediante la sistematización del proceso electoral, incumpliendo la Ley, porque les sirve este manto de corrupción. ¡La abstención también la propician desde el mismo Gobierno: A ellos les sirve!

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