DEROGAR LA MEDIDA QUE OBLIGA A PAGAR EL BARRIL DE CRUDO A PRECIOS SUPERIORES A LOS INTERNACIONALES

Los camioneros tienen la razón

Lo primero, señalar el hecho grave del paro del transporte promovido por la Asociación Colombiana de Camioneros, en parte por estos precios a mi juicio abusivos e ilegales. No sé, señor ministro, cuántos paros van de los camioneros y no porque les guste hacerlos, sino porque no les funcionan las condiciones de rentabilidad del negocio. Son pequeños y medianos empresarios y no les funcionan en buena medida porque al país, por decisión del gobierno nacional, lo han inundado de camiones, que han entrado para transportar o para lavar dinero, porque se sabe que ese sector se ha convertido en un sector de lavado de dinero.

Los camioneros exigen que haya control al parque automotor para que les mejore la rentabilidad, porque mientras haya exceso de camiones, los generadores de carga se aprovecharán de esa circunstancia y más si el gobierno nacional les tolera que lo hagan. Entonces el gobierno dice que estamos en la libre empresa y que cada uno tiene derecho a traer los camiones que se le antoje. Sin embargo, la verdad verdadera, senadores y colombianos, es que eso es cierto en unos sectores sí y en otros no. Por ejemplo, en las ciudades colombianas el número de taxis y de buses está limitado. Uno no puede llegar a un almacén y comprar un carro y volverlo taxi. No. Hay un número determinado. Pero hay casos más notorios. En Colombia no puede haber más empresas de telefonía celular que las tres que hay. Uno no puede conseguirse una plata y montar una empresa de celulares, porque al instante lo paran y le dicen: un momento, aquí son tres. ¿Y por qué son tres? Porque han hecho los cálculos para que con tres la actividad sea un supernegocio y nadie vaya a llegar a tirárselo. Llevan más de un año o dos o tres discutiendo si abren otro canal de televisión. Uno no puede llegar y montar un canal de televisión, aun cuando tenga la plata. No, usted tiene que pedirle permiso al gobierno. Si ponen entonces uno más o dos más, o uno menos, es el gobierno sentado cuadrando el mercado, discutiendo a ver a quién le dan el premio gordo asegurándole un tercio de él.

Uno no puede menos de preguntarse: si eso es cierto en estos casos que he mencionado, por qué a los camioneros de Colombia, casi todos pequeños y medianos empresarios, sí se los arroja a la ley de la selva a sostenerse en un negocio que los está arruinando. Hay sectores a los que el neoliberalismo hace a un lado. Cuando un camionero o un empresario propietario de un camión se arruina y el camión termina en chatarra, pierde inicialmente ese compatriota, pero al final pierde la sociedad toda, porque esa fue una riqueza que se perdió, que se desapareció y que de una u otra manera terminamos pagando el resto de los colombianos. Quiero entonces expresar toda mi solidaridad con el paro de los camioneros en el sentido del reclamo de los precios de los combustibles, haciendo ver que este reclamo de fondo lo vienen haciendo desde hace más de diez años. Estos compatriotas llevan una década operando a pérdida, porque el gobierno nacional no promueve las normas que debiera promover y no cumple los acuerdos a que se compromete, hecho no menos grave. Llamo la atención sobre este punto. Es muy grave que el gobierno nacional haga compromisos con organizaciones respetables de ciudadanos y después los incumpla. Esperemos que el gobierno sea sensato, se siente rápido con la Asociación Colombiana de Camioneros y resuelva ese problema y ojalá de una vez por todas y con plena seriedad.

Estaciones de servicio: los medianos y los pequeños, en manos de los mayoristas

Antes de entrar en materia, quiero también mencionar el problema de las estaciones de servicio. Colegas de la Comisión Quinta, creo que nos va a tocar hacer un debate sobre el tema. Es también otro sector de pequeños y medianos empresarios colombianos, propietarios de una o dos estaciones de servicio o, como les decíamos antes, de una o dos bombas de gasolina. Y están siendo sometidos a la férula de los mayoristas, en general trasnacionales. Estamos hablando de Exxon Mobil y de las distintas trasnacionales que están allí y que hacen con ellos más o menos lo que se les antoja, sin que el gobierno defienda los intereses de los débiles, que son los pequeños y medianos empresarios. Cosas bien arbitrarias suceden allí. Por ejemplo, les han impuesto que solo pueden comprarle a un mayorista. Entonces me contaba algún empresario que cuando el mayorista no le despacha la gasolina que necesita, él se queda sin gasolina, porque está atado al otro, cosa a mi juicio absolutamente inaceptable.

Otra historia que es interesante. Esos mayoristas están adquiriendo estaciones de servicio, o sea, haciendo integración vertical, montando un monopolio absoluto, quedándose con todo. Eso puede que sea legal, pero no debiera serlo, senador Manzur, y es indebido. Porque por supuesto aparecen condiciones de competencia entre los mayoristas y los minoristas que ponen a estos últimos en dificultades. Pero además, los mayoristas están descremando el mercado, y usted lo sabe, ministro. Se están quedando con las estaciones de servicios que más venden. Nadie ha visto a estas trasnacionales comprando la estación de servicio de Caparrapí, lo digo con todo respeto por Caparrapí, pero por allá no se aparecen. El hueso se lo dejan a los pequeños y medianos empresarios y el lomo se lo tragan las trasnacionales. Y hay un factor complejo, y no tengo tiempo de explicarlo, llamado beneficio por temperatura, porque los volúmenes y los precios y las utilidades, en últimas, cambian según cambie la temperatura del combustible. Eso se lo embolsillan también las trasnacionales y los mayoristas. A los minoristas no les toca nada y, repito, cada vez están en peores condiciones.

Y ha aparecido una nueva situación y es que han entrado otro tipo de monopolios al negocio, particularmente Éxito y Carrefour, que se están convirtiendo en grandes distribuidores de combustibles con precios de dumping, vendiendo a menos precio, porque se favorecen de las condiciones del monopolio, de sus relaciones con el capital transnacional, y están arruinando a un poco de pequeños y medianos empresarios. Uno pensaría que en un capitalismo sano, no enfermo como éste, debieran tener la debida protección del Estado. Aquí se habla todo el día de que hay que hacer de Colombia un país de propietarios. Lo que no nos han dicho es de cuántos, porque lo que yo veo todo el día es que cada vez hay menos propietarios y más monopolios y trasnacionales operando.

Y lo tercero, a manera de cuña, y espero que este debate se transmita algún día, señor Presidente, gracias a sus gestiones. El 12 de mayo tenemos la citación para analizar el caso de los hijos del señor Presidente de la República. El Polo va a hacer un debate en la Plenaria del Senado en el que vamos a mirar, primero, la moralidad, la ética del negocio y, segundo, la legalidad. Me temo que los ministros actuaron por fuera de la ley, o porque no revisaron los papeles que tenían que revisar para saber que el negocio era de los hijos del presidente, o porque, habiéndolos revisado y conociendo el caso, no se declararon impedidos como han debido hacerlo, pues es evidente que favorecían al hijo de su jefe. Bueno, eso lo vamos a mirar con toda tranquilidad, y simplemente lo dejo como una cuña, para que ojalá muchos colombianos lo vean.

En Bogotá, galón de gasolina a US$3,13. En EU, a US$2,09

Entremos en materia. Digamos primero que, a abril 8 pasado, hace un par de semanas, el galón de gasolina valía en Bogotá 3,13 dólares, y ese mismo día en Estados Unidos un galón de gasolina valía 2.09, o sea, una diferencia de un dólar por galón, una plata importante, 2.500 pesos por galón. No es poco el dinero del que estamos hablando. Al mismo tiempo, en ese momento, el salario mínimo en Estados Unidos era siete y media veces más alto que en Colombia, lo que hace más grave ese dólar de diferencia, porque se trata de ciudadanos con ingresos bastante menores que los de los ciudadanos norteamericanos. El producto per cápita colombiano es del orden de 3.000 dólares. Allá puede estar en 45.000. Por ese lado también es evidente que en términos absolutos la diferencia de precios es muy grande, pero resulta peor en términos relativos, absolutamente peor.

Por qué teníamos esos precios. Voy a hacer el análisis con los precios de hace ocho días, porque esto apenas cambia ayer y no hay tiempo de modificar las operaciones. Para el análisis general, creo que no es lo determinante. ¿Por qué tan cara la gasolina en Colombia? La gasolina en Colombia es así de cara por dos razones. La primera, porque desde hace muchísimos años, antes de este gobierno, a la gasolina se la cargan impuestos, IVA, sobretasa y global, del orden de 36% del precio final del combustible, ya de por sí una exacción bárbara. La renta que nominalmente pagan las trasnacionales es del 33%, de modo que al señor Carlos Slim, el tercer hombre más rico del mundo, cuando le cobran toda la renta le cobran 33%, mientras que a don Juan Piraneque, dueño de un pichirilo en Ciudad Bolívar, le cobran impuestos del 36% en la gasolina. El ACPM tiene impuestos del 21%, también supremamente alto. Esto les da recaudos de más o menos 3,5 billones de pesos al año por estos sobreprecios, por estos impuestos. ¡3,5 billones de pesos al año!

Qué es lo nuevo, es la pregunta que se están haciendo los colombianos, y donde está el debate. Lo nuevo es que el gobierno nacional, en decisión de final del año pasado, decidió desamarrar los precios internos de la gasolina a los precios internacionales del petróleo. Es curioso. Llevaban varios años empecinados en atar el precio del combustible en Colombia a los precios internacionales. Mientras el precio internacional estaba subiendo, el señor ministro y el Presidente de la República decían suban precios, suban precios, suban precios, porque el precio del petróleo en el mundo estaba subiendo. Pero cuando el precio del petróleo empezó a bajar, les entró la urticaria. Cuando el precio empezó a bajar y los colombianos esperaban algún respiro, el gobierno nacional dijo: “no, eso no puede ser, no puede ser que los precios de los combustibles estén atados al precio internacional del petróleo”. La clásica ley del embudo, señor ministro, lo ancho para uno y lo angosto para el otro. Entonces en Colombia hemos venido pagando barril de petróleo del orden de 60 y 70 dólares, dependiendo de los movimientos de su cotización, cuando realmente ese petróleo está por ahí a 40, 45, 50 dólares. Es un castigo evidente al bolsillo de los colombianos.

Se aumentó ilegalmente el impuesto

El gobierno nacional dice entonces que ese es un Fondo de Estabilización de Precios y que el día en que suban los precios de los combustibles, el gobierno nacional va a devolverles, digámoslo así, esta plata a los colombianos. Pero el gobierno cuidadosamente ha ocultado que el precio final de los combustibles está gravado, como ya dije, por ese impuesto del 36% en gasolina y de 21% en ACPM, impuesto que castiga el valor del combustible. Cuando el precio del combustible sube, el impuesto sube, porque al subir la base gravable, manteniéndose la misma tasa, el recaudo es mayor. ¿Qué es lo que estoy enfatizando con esta idea? Que una parte del sobreprecio abusivo que les han puesto a los combustibles va al Fondo de Estabilización. El resto va a la DIAN, derecho, y a la Contraloría General de la República, y son impuestos, mondos y lirondos, impuestos que en nuestras cuentas, dato de hace ocho días, pueden costar unos 2.6 billones de pesos al año. Esto más adelante vamos a desarrollarlo y veremos cómo el impuesto, además de inconveniente, es absolutamente ilegal, porque la ley en que se apoya no lo aprueba, e ilegal porque la Constitución en Colombia dice que solo el Congreso puede imponer nuevos impuestos.

Estamos ante la astucia política, ilegal, que en cierto sentido de manera subrepticia aumenta el impuesto a los colombianos con el cuento de un fondo de estabilización de precios.

¿La gasolina se la gastan los ricos?

En estos días he oído al gobierno nacional decir que suben los precios de la gasolina porque la gasolina se la gastan son los ricos. Vamos a ver si hoy lo repite el doctor Martínez, el ministro de Minas. Es una discusión muy importante. Ustedes se acuerdan, senadores, los que están aquí desde hace rato, que lo hemos discutido varias veces. ¿Quién consume la gasolina y el ACPM en Colombia? ¿Será verdad que los consumen los ricos, y cuando digo ricos estoy hablando de ricos de verdad, porque si aquí es rico el que tiene un pichirilo en Ríosucio, Caldas, pues bueno, sería otra discusión. ¿Quién paga los combustibles en Colombia? Las cifras son estas: en Colombia hay dos tipos de transporte: público y particular. El público es el de uso colectivo y masivo, en buses, busetas, taxis, transporte de pasajeros y de carga, camiones, etcétera, etcétera.

Pues bien, el 75% del total de la gasolina y el ACPM que se consume en Colombia es transporte público de carga y pasajeros. Solo el 25% son vehículos particulares, esos que dicen que son los de los ricos, y después vamos a mirar qué tan ricos son los ricos que tienen carro propio, pero de momento digamos que el 75% del gasto en combustibles lo pagan los pobres de Colombia, que son lo que andan en buses y busetas, y al de carga le pasa lo mismo. Como los pobres son casi todos, la mayor parte de la carga que se mueve en Colombia termina siendo pagada por ellos. Es así de simple. Ellos puede que no consuman mucho cada uno, pero sumados son la casi totalidad, porque los Julio Mario Santo Domingo, para poner un ejemplo, son solo dos o tres.

Luego todo impuesto a los combustibles es contra los pobres y las capas medias de Colombia. Que no nos vengan aquí con el cuento de que este es un impuesto democrático y progresivo. No. Es contra los débiles de Colombia. Ese es el impuesto, que además aumenta el costo de la vida. Ayer lo decían en la televisión varios ciudadanos a quienes les preguntaron, y con toda la inteligencia de nuestro pueblo respondieron que cuando sube el precio de la gasolina, sube todo. Luego nuevamente terminan gravados y castigados los pobres de Colombia. Que quede entonces clara la idea: 75% de los combustibles se los gasta el transporte público de carga y pasajeros, es decir, los pobres y las capas medias. ¿Qué pasa con el 25% restante?

Veamos qué tan ricos son los que tiene carro privado. Es la otra discusión. ¿Cualquiera que tenga un carro es un oligarca? ¿El finquero que va a su finca en un campero es un oligarca, el profesor que ahorró 30 años para comprarse un carrito es un oligarca, el dueño de una tienda en un barrio del sur de Bogotá, que necesita un carro para ir a Corabastos a comprar unos bananos, es un oligarca? Para saber de qué estamos hablando, les voy a dar un dato para que vean ustedes cómo es de pobre Colombia. Es impresionante. El 71% de los automóviles, camperos y camionetas particulares de Colombia tiene más de nueve años de estar rodando por las calles y carreteras. Son vehículos anteriores al año 2000, carros viejos. Y el 38% de los vehículos particulares que ruedan en Colombia datan de antes de 1990. Caminan de milagro, senador Reyes, y a esos es a los que les caen a gravarlos con una sobretasas y unos impuestos altísimos con el cuento de que son los ricos de Colombia.

Las exenciones a las trasnacionales valen 5 billones al año

No puedo compartir ese criterio, y aquí volvemos a la misma discusión: Colombia es un país de propietarios, pero de cuántos. De qué tipo de democracia estamos hablando, porque además les sumo este otro dato: en este solo gobierno, las exenciones tributarias, esas sí a los ricos de Colombia, a los monopolios y a las trasnacionales, valen cerca de 5 billones de pesos al año.

En la famosa zona franca de los hijos del doctor Uribe, cuando se instale allí Exxon Mobil, por ejemplo, o se instale una empresa de Carlos Slim, o Bavaria SabMiller, como una que tiene en algún municipio del Valle del Cauca, no van a pagar impuesto de renta del 33 sino del 15%. Y si le meten otras arandelitas de descuentos por reinversiones, baja la renta al 9 por ciento, entonces se llega a extremos increíbles: mientras que SabMiller paga renta solo del 9 por ciento, el propietario de un pichirilo puede estar pagando impuestos de gasolina que hoy pueden ser del orden del 50 por ciento. Esa es la democracia económica del país, y yo aquí les hago un llamado muy cordial a todos los senadores. La democracia no consiste en que la gente eche un voto entre una urna de vez en cuando. Eso es parte, pero no todo. La cuestión tiene que ver con otras cosas. ¿Se favorece o no a la pequeña y mediana propiedad, se favorece a sectores distintos a los de los monopolios?

¿Quién paga los impuestos en Colombia? Tengo estudios de mi oficina, según los cuales, las 500 mayores empresas apenas aportan el 10 por ciento de la tributación del país y son los dueños de toda Colombia. Entonces parte de lo desagradable y molesto de ese sobreprecio y del aumento de los gravámenes en los combustibles es que han sido concebidos para compensar lo que no están pagando quienes debieran pagar. Hay que buscar a Pedro Pueblo para aumentarle los impuestos, porque de alguna parte tiene que salir el dinero para las familias en acción con las que el doctor Uribe se costea la reelección. Digámoslo con franqueza, el Presidente incluso lo aclara aquí en un documento. Dice, “creo que esto se puede traducir en más de tres millones de familias en acción”. A cuenta de la reelección del doctor Uribe y de sus retoños, vamos a pagar impuestos y precios de la gasolina absolutamente inaceptables.

No es cierto que haya subsidios a la gasolina

El doctor Uribe nos ha dicho, y probablemente aquí el Ministro nos lo vaya a repetir, que hay que acabar con los subsidios. Al 8 de abril de 2008 no había subsidios a los combustibles de Colombia, ni un centavo. Pero los subsidios de los años anteriores sí que son discutibles, porque aquí el gobierno ha levantado otra falacia. Que si el precio del petróleo en Colombia para la contabilidad de la gasolina es inferior al precio internacional, entonces ya hay un subsidio. El doctor Martínez tiene una definición, y yo se la leí. Que el subsidio se configura cuando las cosas se venden por debajo de los costos de producción. Ese es el subsidio. Si en Colombia el petróleo cuesta producirlo del orden de 20, 25 dólares, quién ha dicho que si el petróleo se pone en el mercado mundial a 50 o a 100 dólares, aquí se está configurando un subsidio. No, no se está configurando un subsidio, porque aquí no nos vale producir petróleo a lo que les cuesta producirlo en el Golfo de México o en otros sitios del mundo, que es lo que explica por qué en Venezuela la gasolina es tan barata, en buena medida porque el petróleo que producen es muy barato. Tienen mucho y ese gobierno dice: “prefiero trasladarle a la sociedad esos combustibles baratos para que se faciliten ciertas cosas, antes que aprovecharme de las circunstancias para imponer un precio de monopolio”.

El Fondo de Estabilización solo puede nutrirse del FAEP

El otro aspecto que hay que mirar de este asunto es el aspecto de la legalidad de la decisión. En estos casos en general debe analizarse la conveniencia junto con la legalidad. Una cosa puede ser inconveniente y al mismo tiempo legal, o inconveniente e ilegal, como en este caso, con todos los defectos del mundo.

Veamos por qué el Decreto 4839 es ilegal. En qué consiste el asunto. La Ley 1151 del 2007, la Ley del Plan de Desarrollo, autorizó constituir el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. La ley establece que el gobierno nacional podrá constituir ese famoso fondo, pero también aclara cómo, con qué recursos se constituye el fondo, y la ley es precisa en señalarlo. Los recursos necesarios para la constitución de este fondo provendrán de la transferencia de parte de los recursos ahorrados por Ecopetrol a la que hace referencia el artículo sobre el Fondo de Estabilización Petrolera de la presente ley.

Esto que suena medio enredado es muy simple. Ese Fondo de Estabilización de Precios sólo se nutre, según la ley, de lo que quedó del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, el conocido FAEP, un fondo que también crearon con el cuento de gastárselo en las vacas flacas y se lo embolsilló el gobierno el año pasado, cosa que nos advierte que este también se lo podrían terminar embolsillando. Eso lo vamos a mirar después, pero el punto es el siguiente: la norma es taxativa, la norma estipula que el fondo solo puede nutrirse con eso y en Colombia, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, los funcionarios solo pueden hacer lo que esté expresamente autorizado por la ley. Pasa distinto con los particulares. Los particulares podemos hacer todo lo que no nos prohíba la ley y así se manejan las haciendas, pero los funcionarios solo pueden hacer lo que expresamente les autorice la ley, y la ley no le autorizó al doctor Martínez ni al Presidente de la República ese sobreprecio que se han inventado para cobrárselo a los colombianos so pretexto de nutrir el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. La ley no lo permite. Lo invito a usted, señor Ministro, a que cuando llegue la hora de su análisis, me lea la parte donde la ley lo autoriza a usted a echarles mano a estos dineros del sobreprecio al petróleo para nutrir ese fondo. No está autorizado, repito, en ninguna parte.

Solo el Congreso puede imponer nuevos tributos

La ilegalidad se configura de otra manera, que ya mencioné. Ese sobreprecio genera inevitablemente un aumento de los impuestos, porque toca la base, uno de los elementos constitutivos de un gravamen. En vez de caer la tasa, el gravamen, sobre 40 dólares el barril, por decir un número, cae sobre 70, y ya mencioné que sube el recaudo en 600 mil millones de pesos, y la Constitución y la ley consagran que en Colombia única y exclusivamente el Congreso de la República, la Cámara y el Senado, puede establecer nuevos tributos. Esa es una norma absolutamente clara en la Constitución, pero además señor Ministro, es una norma de la lógica democrática universal. Violarla es muy grave, señor Ministro. En la historia de los parlamentos, por allá en el siglo XIII, en Inglaterra, en las contradicciones entre el soberano y los señores se acuñó una frase profundamente democrática: no puede haber impuestos sin representación. El jefe de un Estado, sea un rey, y mucho más un presidente, no puede imponer tributos que no hayan sido autorizados por el órgano de representación por excelencia o el único existente para estos efectos en Colombia, la Cámara y el Senado. Aquí estamos rompiendo elementales preceptos de la democracia universal, de la lógica democrática. No olvidemos que el presidente de la República solo representa de verdad verdad la fracción que obtuvo la mayoría de los votos en la elección presidencial, mientras que el Congreso, por su carácter colectivo, representa a casi toda o a toda la sociedad. Esa es la representación de lo que estamos hablando y ustedes, señor Ministro, se la pasan por la faja, algo extremadamente grave. Dirán que no, que es muy conveniente, porque le van a dar unos pesitos a no sé quién.

No, no discutimos la conveniencia del gasto en este momento. Puede ser para la causa más noble, y ni así pueden ustedes violar la ley bajo ninguna consideración. En las haciendas sí. Llega el dueño de la hacienda y le dice al ordeñador, ordéñeme la vaca, el muchacho sale corriendo, al momento le dice no me ordeñe la vaca, el muchacho tiene que devolverse, y en cada caso seguramente el hacendado tendrá una causa nobilísima para ordeñar o desordeñar la vaca. Pero en una república no funcionan así las cosas, o no debieran funcionar, señor Ministro, y esto me lleva a un punto también lamentable, que es el caso de los precios del alcohol carburante. Cómo es posible que el gobierno expida una norma para fijar los precios del alcohol carburante y alguien le protesta porque está pagando el alcohol carburante a esos precios y a los ocho días el gobierno los baja. No se habían dado cuenta, no, Ministro, no diga eso, un país manejado como una hacienda. Suben y bajan los precios porque hubo unas protestas, cuando desde diciembre se está hablando a diario del tema.

Y ahora el doctor Uribe salió a los medios de comunicación, regañó al Ministro y le ordenó bajar 400 pesos. ¿Y por qué 400? Porque al doctor Uribe se le ocurrió que 400 estaba bien. Aquí el Ministro le va a dar al asunto alguna explicación tal vez más científica, pero la verdad es esa, fue algo caprichoso. Se está manejando el país como una hacienda. Este es uno los males de todo el rompimiento democrático del que está siendo víctima Colombia.

¿A quién beneficia la medida?

¿A quién beneficia el exabrupto, la violación de la ley, la medida abusiva, el golpe al bolsillo de los colombianos? Primero, al gobierno nacional. Ya expliqué que el gobierno tiende a embolsillarse 600 mil millones de pesos para gastar en la campaña de la reelección del presidente Uribe y sus retoños. No está mal el negocio.

¿A quién más beneficia? Aquí hay algo que todavía no hemos podido saber: dónde van a guardar la plata. No sé, Ministro, si usted lo sepa y nos lo cuente ahora. Creo que ya hay más de 400 mil millones que hay que guardar para gastarlos después. ¿Dónde los están guardando? El que los guarde se beneficia, claro. A mí no me sorprendería que el gobierno los termine comprando en TES y gane entonces por el lado de los impuestos y gane también por el lado de los TES y se ingenie ahí otra platica para gastar en la campaña electoral. Estamos en campaña de reelección, no hay que olvidarlo. ¿Pero cuál es el problema de gastarlos en TES? Es si los devolverán. No han devuelto los TES de todas las entidades públicas, empezando por las del sector salud, papeles de hace no sé cuantos años, porque, claro, se les descuadran las finanzas. En el plan de desarrollo que creó este fondo se embolsillaron la plata del FAEP, y eso es grave, un fondo de ahorro y estabilización petrolera, que era plata de los tiempos de las vacas gordas para gastarlos en los tiempos de las vacas flacas, y se lo embolsillaron casi todo, si no todo, el año pasado sin darle explicaciones satisfactorias al país. Tal vez suceda lo mismo con este dentro de un año, dos años, cinco años, cuando esté bien gordo, bien popocho, como se dice, quién sabe si no se inventarán un nuevo decreto o ley o figura de cualquier tipo y les esfumen esa plata a los colombianos.

¿A quién más le va bien con este negocio? Esto es interesante y, ojo, Ministro, porque al final le voy a hacer una pregunta clave. Resulta que la plata de los tres primeros meses del sobreprecio se la guardan los importadores de los combustibles o los refinadores, dice la norma, en este caso Ecopetrol en muy buena medida, aun cuando aquí también hay refinadores privados. ¿Ya deshicieron el negocio de Glencore, ya lo terminaron, ya está finiquitado? ¿Usted está seguro? Ah, bueno, entonces en el momento se están embolsillando esa plata los de Glencore o guardándola, bueno, guardándola, ahora explicará eso.

Pero en todo caso la guarda Ecopetrol, eso no está en discusión y, por supuesto, trabaja con ella. No es malo el negocio. En tres meses suma una plata grande. Y por qué planteo lo de Ecopetrol y voy a terminar mi intervención por ahí, lo de Ecopetrol hay que volverlo a analizar de una nueva manera, colombianos interesados en esto. Antes de la privatización, Ecopetrol podía hacer cualquier cosa arbitraria y absurda o abusiva, pero a uno le quedaba un poco el consuelo, digamos, de que era plata para Ecopetrol y para el Estado. Pero ahora con la privatización, cada centavo del 10% de utilidad de Ecopetrol es para los privados. Me pregunto entonces si de la administración de esos recursos durante tres meses les toca algo a los privados de Ecopetrol o esas sumas están separadas en las cuentas. Señor Ministro, la pregunta es si eso va a beneficiar solo al sector público, porque sería el colmo que una decisión arbitraria e ilegal como esta terminara enriqueciendo a los particulares propietarios de Ecopetrol.

Y beneficia por supuesto a los banqueros, a todos los que de una u otra manera van a agarrar esos dineros comprando los TES, plata que debería estar en los bolsillos de Juan Pueblo y de Pedro Pérez para que compraran una camisa o hicieran alguna cosa con ella.

Sacar de circulación 2,6 billones, un disparate

La medida ha sido muy criticada por gente como el ex ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, por Mauricio Cabrera, un analista importante que publica en el periódico Portafolio, e inclusive por parte de la tecnocracia del establecimiento de esos tanques de pensamiento que siguen la concepción del FMI. El país está en una crisis que puede llegar a ser pavorosa. La economía nacional está cayendo como una piedra. Planea más un piano. Tanto que antier ya nos anunciaron que le van a pedir al FMI 10 mil millones de dólares. Quedó en nada la confianza inversionista. Imagínense cómo reaccionará un míster que prende el televisor en Londres y ve que Colombia pide 10 mil millones al FMI. Dice: “a mi que me saquen la plata de ese país, porque está quebrado, o tiene que estar en muy grave la situación”. Nos hallamos entonces ante una crisis miedosa. Frente a las crisis, los analistas económicos de izquierda y de derecha podemos tener mil diferencias. Yo creo, por ejemplo, que hay que acabar con el modelo neoliberal, otros dicen que no, pero todos coincidimos en una idea: que la gente disponga de más dinero entre el bolsillo es una buena manera de enfrentar la crisis, porque algo gasta y eso algo mueve la industria y el agro y algún empleo se genera.

Sacarle entonces al torrente circulatorio una suma del orden de 2.6 billones de pesos es una locura, una irresponsabilidad, porque si fueran gravámenes a los monopolios y a las trasnacionales, uno lo entendería. Es quitarles a tres o cuatro para que lo coja el Estado y darles a muchos, pero es que aquí es quitándoles a muchos. Es un absurdo, un despropósito en la lógica, incluso en la propia lógica del FMI sobre cómo atender por lo menos parcialmente esta crisis. Y sin embargo, toman la medida. Yo me pregunto cómo se está gobernando a Colombia.

(Interpela el senador Luis Emilio Sierra).

Con la venia de la Presidencia, muchas gracias. Es que yo he escuchado varias veces al senador Robledo utilizar la palabra se embolsillaron, se embolsillaron, se embolsillaron, y sí quisiera que usted me defina la palabra embolsillar. Yo la entiendo como que cogieron y se la echaron al bolsillo. Le he escuchado decirla varias veces y me parece muy grave si es cierto lo que usted está diciendo, sumamente grave. Creo que si se la robaron, que es el término que uno entendería, hay que hacer mucha claridad sobre quiénes y cómo se embolsillaron esa plata. Y si no es cierto, me parece también muy grave, porque estaríamos difamando. Las personas que estén escuchando este debate en televisión y que no tengan un mediano conocimiento de economía y de finanzas y cómo funciona el tema de la gasolina y los precios internacionales, lo que van a pensar es que aquí hay una cuadrilla de asaltantes que entraron a manos llenas a coger la plata y a echársela efectivamente al bolsillo. Con todo respeto y con todo cariño además quiero que usted defina bien esa palabra embolsillar, porque la ha expresado varias veces, y yo no quisiera que quedara ese término ahí tan indefinido como usted lo está expresando.

(Continúa el senador Robledo).

Lamento, senador Luis Emilio, que no se puedan usar términos coloquiales en los debates del Congreso. Es un término coloquial. Aquí he explicado con todo detalle en qué consiste el asunto y he explicado qué quiero decir cuando digo que se embolsillan el dinero. Dije por ejemplo, en el caso de los impuestos, que los cogía la DIAN y que deberían terminar en la Tesorería General de la República. Pregunté en qué banco terminaba lo del Fondo de Estabilización, en los TES, etcétera. Está quedando claro que se trata de movimientos del sector público. Ahora, esa es una manera a mi juicio correcta de hablar. No veo por qué se quiere poner en duda. Creo que es correcto decir que el Estado se embolsilló los impuestos. Eso es lo que dice todo el mundo. Los que están pagando los combustibles carísimos, senador Luis Emilio, hablan así, y yo en buena medida les hablo así a ellos para que me entiendan qué es lo que quiero decirles. Tan arbitraria es la medida que cabe muy bien la figura del embolsillarse. Es que están violando las leyes y la Constitución para cogerse esa plata. Están violando la Constitución para hacerlo. Ese es mi punto de vista. Creo entonces que cabe el término, que es por supuesto coloquial, para referirse al asunto. De la misma manera utilicé indistintamente las palabras tributo, gravamen y tasa, y si usted lo mira técnicamente, son tres cosas distintas, pero bueno, se trata de intentar que las cosas se entiendan. Parte de mi deber, senador Sierra, es hacer esfuerzos porque los colombianos me entiendan. Intento hablar entonces con el lenguaje de los colombianos, pero he sido absolutamente claro en señalar de qué se trata el asunto, absolutamente claro.

Entonces quiero resumir de qué se trata. Se trata de que el Gobierno, en una medida inconstitucional e ilegal, no rebajó los precios de los combustibles hasta donde ha debido rebajarlos a tono con los precios del petróleo internacional, de acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano, y eso beneficia al gobierno de dos maneras diferentes: la primera, genera impuestos nuevos por 600 mil millones de pesos; y la segunda, se queda con una plata que va a poner en un fondo de estabilización y que no sabemos en qué vaya a terminar. Les decía que el FAEP terminó en los bolsillos del gobierno nacional para volver a utilizar el coloquialismo. Del gobierno nacional. Nunca he dicho que en los bolsillos del doctor Martínez, ¿o sí dije eso, doctor Martínez? En las arcas del gobierno, en el presupuesto, en el erario, bueno, podemos traer el diccionario y usar todos los sinónimos que quieran, pero creo que los Estados también tienen bolsillos, porque cuál es la diferencia entre un arca y una caja y un bolsillo. Pero bueno, no me voy a detener en eso. Lo que me importa es que quede claro lo que estoy diciendo y no he hecho ninguna acusación de que el Ministro se esté robando la plata. Si es eso lo que les preocupa, no lo he dicho, pero sí he dicho que el Ministro y el Presidente de la República violaron la Constitución y la ley para que el Estado colombiano se embolsillara una plata. Eso sí lo he dicho y creo que está bien decirlo.

Petróleo a precio del Golfo de México

Hasta donde lo entienden los análisis de mis asistentes, una de las razones de los sobreprecios en el negocio de los combustibles es que nos están cobrando el petróleo al precio del Golfo de México. El precio que están utilizando es el del WTI del Golfo de México y a ese precio le cargan distintas arandelas, entre ellas, los fletes. Así era hace unos meses y quisiera saber cómo estamos ahora.

Los fletes que se le cargan al precio valen 11 dólares por barril y está aquí apareciendo una utilidad que no tiene origen en la realidad, porque sabemos que en general el petróleo que se consume en Colombia no viene del Golfo de México, sino que se extrae aquí en Cicuco y en Caño Limón y en todas partes. De modo que ese flete no se causa.

Cuando pertenecía solo a Ecopetrol, era también indebido e ilegal, a mi juicio, pero bueno, uno podía decir: “Finalmente se queda la plata en Ecopetrol y en algo se la gastarán”. Pero cuando Ecopetrol cuenta con 10% de socios privados, allí aparece una situación nueva. Espero que el gobierno nacional haya tenido el cuidado de preverla y no trasladarles como utilidades a los accionistas de Ecopetrol un precio ficticio de un flete que no se causa. Eso sería de una gravedad inaudita. Quiero llamar la atención sobre lo que estoy afirmando, porque se trata de hacer cosas para beneficiar a terceros, ni siquiera para beneficiar al Estado. No se puede violar la ley para beneficiar al Estado, pero mucho menos a terceros. Termino entonces dejándole a usted una pregunta para que ahora nos la absuelva.

El gobierno debía dejar de lado su dichoso Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Se creó, digamos, conforme a la ley, pero ustedes no pueden seguirle echando plata ahí, señor Ministro, de esa que le están echando, porque la ley no los autoriza. No hay normas para eso, aun cuando la causa fuera noble, y si la causa no es noble, como yo lo creo, por supuesto que es peor.

Y por último, señor Ministro, atiendan con seriedad a los camioneros de Colombia. Esos son unos compatriotas tan respetables como los que más. Que no asistan a los grandes clubes bogotanos, bueno, pero eso tampoco se puede volver un crimen. A ellos también los deben atender, como deben atender a los de las estaciones de servicio, que se están arruinando, llevan años arruinándose. Es un patrimonio nacional que está desapareciendo. No puede seguir siendo ese sector el caos, que es un poco lo que hay ahí en el sector del comercio del trasporte de carga. Por qué si se controla la oferta en teléfonos celulares, o en canales de televisión, o en taxis en las ciudades, o en buses, para poner un ejemplo más a la mano en los transportadores, no se puede intervenir para que el negocio funcione. No se trata de que monten monopolios y abusen, porque no voy a defender lo que critico, que es el abuso de los monopolios, pero sí que haya una rentabilidad razonable que les permita ganarse unos pesos a esos compatriotas pertenecientes a las capas medias y a los empresarios no monopolistas.

Eso de los 400 pesos, pues como diría el filósofo de Palenque, “es mejor que a la gente la apaleen menos a que la apaleen más”, obvio, pero es un alivio a mi juicio insuficiente. Hay que cumplir la ley y no hay que perturbarles a los colombianos los modestos ingresos que están recibiendo.

Segunda intervención

Voy a empezar haciendo un par de comentarios sobre un hecho que llama mucho la atención. Yo hago esfuerzos aquí por explicar, traigo cifras, traigo datos y es bien común oír por parte de senadores afectos al gobierno que el senador Robledo no propone nada.

Entonces, yo digo, bueno, ¿pero no es propuesta proponer que dejen de sacarle la plata del bolsillo a la gente en este caso de la gasolina? Claro que es una propuesta. Ahora, a ustedes no les gusta, pero es una propuesta, reconózcanme eso.

O por ejemplo cuando yo digo que me opongo a que Colombia importe 8 millones de toneladas de alimentos golpeando el agro nacional, incluidos 3 millones de toneladas de maíz, eso también es una propuesta. Que produzcamos ese maíz en Córdoba y se aprovecharan del todo esas tierras feraces en cuánto disminuiría la miseria de ese departamento, que es espantosa.

O por ejemplo cuando digo que no me gusta la Ley 100 porque mata a más colombianos que todas las violencias que nos martirizan, lo que estoy es proponiendo que haya un sistema de salud donde la salud no sea un vulgar negocio, sino un derecho. Esas son propuestas.

Y cuando le digo de pronto a un funcionario, “Oiga, no se robe la plata”, eso también es una propuesta.

Ahora, por supuesto que eso se puede compartir o no, pero yo sí les pediría el favor de que me acepten que esas son propuestas. Cuando yo digo: “Cambiemos el modelo neoliberal”, estoy proponiendo que salvemos a Colombia. Aquí hay que escoger, o acabamos con Colombia y salvamos el modelo neoliberal, o salvamos a Colombia y acabamos con el modelo neoliberal. Esa es una propuesta, y a ustedes no les gusta, yo lo sé, pero no me nieguen que esas son propuestas. Y así en todos los casos. Podría volverme eterno señalando todo lo que propongo en esta Comisión.

Entonces, lo primero es señalar eso, porque me parece que es una manera políticamente astuta pero no seria. Yo llamo a mis colegas a que me reconozcan que hago esfuerzos en estos debates y traigo números y doy argumentos.

Lo segundo, aquí se afirmó, y al parecer era para mí, aun cuando no se dijo con nombre propio, que yo antes decía que la gasolina la consumían los ricos y que entonces había que quitarles los subsidios a la gasolina porque esa era una manera de defender a los ricos.

Nunca lo he dicho. Le voy a pedir a Delcy, la secretaria de la Comisión, que mire mi posición frente a este problema de quién paga la gasolina en Colombia. No sé cuántas veces he hecho ese debate. A este Ministro se lo he hecho por ahí dos o tres veces. Al ministro Mejía, no sé cuántas veces. Entonces hay algo muy simple. Si aquí alguien me demuestra que yo he cambiado de posición con respecto a los precios de los combustibles, de si la gasolina debe ser cara o barata, quién la paga, si los pobres o los ricos, si he cambiado de posición, yo renuncio al Senado, entrego mi credencial y me voy de aquí, porque eso no es cierto. Lo puedo entonces decir con toda tranquilidad. Le pido a Delcy que lo chequee y lo traemos aquí el día que ustedes quieran.

Lo otro que me intentan cobrar es una alusión que hice al caso del alcohol carburante insinuando que me oponía a que ustedes bajaran el precio del alcohol carburante. Yo no dije eso. Hice una alusión por ahí de 30 segundos simplemente para llamar la atención sobre una cosa en que quiero insistir. Cómo es posible que el gobierno se equivoque en un asunto que golpeó durísimo los bolsillos de los colombianos. De paso le hago una solicitud formal, señor Ministro: que el Ministerio me calcule cuánta plata de más pagamos los colombianos por alcohol carburante por el error del Ministerio, lo que ustedes consideran un error. Que nos digan cuánto se perdió, cuánto pagó la gente.

En otro país del mundo probablemente habrían tenido que renunciar no sé cuántos funcionarios y hasta de pronto ministros, porque se supone que hay errores que no se pueden cometer. Que uno que tiene cuatro asistentes y mil debilidades se equivoque de pronto en una cifra, bueno, pero que se equivoque el Ministerio de Minas en torno a cómo se calcula el precio del alcohol carburante, que por lo demás es un negocio de subsidio, un negocio de subsidio de principio a fin, resulta inaceptable. Pero eso no quiere decir que a mí me moleste que baje el precio. Por supuesto que muy bueno que baje.

No voy a repetir todo lo que dije. Bueno, aquí como que a uno le toca defenderse de todo, porque hasta las palabras las tiene que escoger. Pues quiero contarle, lástima que se me fue el senador Luis Emilio Sierra, que de mi oficina me dicen que en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, embolsillarse quiere decir: “Guardar un dinero para algo”. Si alguien se siente porque yo lo acusé de pillo, le aclaro que la Real Academia de la Lengua no dice eso. Usé en realidad la palabra perfecta, un dinero que se guardó en este caso para algo. Esperemos pues que eso me libere de esa otra acusación que era la única que me faltaba en esta Comisión.

Aquí se habla y se habla de que estamos desmontando los subsidios, los subsidios, los subsidios, y yo diría: hay toda una discusión, porque los costos de producción de Colombia no son los del Golfo de México ni los de otros sitios. No creo que haya subsidios ni que se configure un subsidio porque yo venda una cosa a la que le hago una ganancia sobre el costo de producción. Pienso que hay subsidios si yo vendo una cosa por debajo del costo de producción, y ese no es el caso por lo menos de una parte muy grande de los combustibles que consumimos en Colombia.

Pero hay algo que me preocupa, y es que los subsidios que irritan al gobierno son los subsidios a los pobres. La mayor parte de los combustibles que se consumen en Colombia, si es verdad que están subsidiados, son subsidios a los pobres de Colombia.

Todo el ACPM, y diría que el 99%, es transporte público de carga y de pasajeros y aquí tengo el dato de ustedes, de gasolina, cuánto es transporte público de carga y pasajeros y ya expliqué que es el de los pobres. Son cifras de ustedes, Ministro, de la UPME y del Ministerio de Minas.

Transporte, gasto en consumo de gasolina, carros particulares: 9.400.000 barriles en 2008. Transporte público de pasajeros: 9.000.010. Transporte público de carga: 7.394.000.

Eso me da 16 millones y medio de barriles del transporte público contra 9 millones de barriles de los carros particulares. Y esto presuponiendo que todos los de los carros particulares sean oligarcas, que ya dije que no creo en eso, porque expliqué que la mayor parte de los carros particulares en Colombia son unos pichirilos. Hay que ver lo que anda por los barrios populares y por las carreteras de Colombia. Yo me niego, Ministro, a que se catalogue a ese ciudadano como un oligarca al que hay que clavarle impuestos del 50% porque tiene un renolcito 4 que camina de milagro.

Pero repito, estas son cifras del Ministerio, ¿no? Me ratifico entonces en la mía. 75% de todo el consumo de ACPM y de gasolina en Colombia es transporte público de pasajeros y de carga, o sea, transporte de pobres. Luego si hay subsidios, no los debieran irritar tanto, porque están destinados a los pobres y en ese sentido estaríamos de acuerdo en que no se debe plantear así el debate.

La otra discusión es si en la medida del Fondo de Estabilización de Precios hay impuestos o no. El Ministro aquí me dice con cierta habilidad, digamos, que los impuestos a los combustibles se congelaron al precio del mes de mayo del 2008, hecho que es verdad, aquí tengo el dato.

Entonces, en mayo del 2008 quedó el IVA congelado a 576, quito los centavos, quedó el impuesto global en 705 y la sobretasa en 1.297. Y si yo chequeo la serie y aquí está la serie que me dio el Ministerio, se mantiene igual en todos los meses siguientes y eso por supuesto le concede a usted la razón. En lo que no le concede la razón es en qué, Ministro. En que cuando yo miro el precio de referencia del barril de gasolina, el precio de referencia de la gasolina a motor corriente en dólares, encuentro que en mayo del 2008 el precio de referencia era 87,33 dólares. O sea, congelaron ahí, ¿cómo? Bueno, pero congelaron ahí. Y en este momento está a 67 dólares el precio de referencia del barril. Aquí estamos hablando de 87 dólares contra 67, porque es que estamos moviéndonos en dólares. La transferencia a pesos es la transferencia a pesos.

Demos otro argumento. El doctor Uribe planteó, y aquí tengo los documentos cuando planteó este exabrupto que estamos analizando, y usted ya lo reconoció, señor Ministro, que era echarle el guante a esa plata simplemente porque le debíamos un poco de subsidios al Estado. Es la argumentación que da. No voy a leer los argumentos. Usted ya reconoció que eso no se podía hacer. Era un absurdo absoluto, pero como lo hicieron tampoco es legal, porque la norma es clara, señor Ministro, cuando establece que la única fuente de financiación… si le quedó mal redactada, yo no tengo la culpa, es lo que dice.

Usted trae una cita con la que también confunde a la opinión, pero yo no me dejo confundir. Hay un concepto del Consejo de Estado, un concepto que no prueba que sea legal, es simplemente una opinión del Consejo de Estado, y aquí ya los jueces tendrán que hablar después. Contraloría y Procuraduría están diciendo que no creen en la legalidad de ese proceso. No soy solo yo, ni el doctor Juan Camilo Restrepo. Ese concepto lo que dice es que el gobierno tiene derecho a crear fondos de estabilización y a intervenir en el mercado y eso es verdad, pero no quiere decir que esta intervención sea legal. Son dos cosas completamente distintas. Claro, el gobierno tiene derecho a hacer mil cosas, pero las tiene que hacer ajustadas a la legalidad.

Si el Gobierno hubiera pasado un proyecto de ley, y les hubiera quedado legalmente bien redactado para lo que querían hacer, con la Ley del Plan de Desarrollo hubieran podido hacerlo y en esto no tendríamos esta discusión. Pero como la Ley del Plan de Desarrollo no les da para eso, es ilegal lo que están haciendo. Esa es la discusión de fondo en la que estamos.

Me resta finalmente señalar que me ratifico en todo lo que he dicho. No encuentro que me refuten nada de lo que he dicho. Y concluyo insistiendo en dos aspectos que guardan relación con este debate. El primero, hay que desmontar la medida. No le saquen la plata del bolsillo a la gente y menos en un momento como este, Ministro, vuelvo a llamarle la atención. Si esa idea se aplica en un tiempo en que sobra la plata, bueno, uno podría discutirle la legalidad y todo, pero tendría que reconocer que guardar esa plata sería sensato. Pero en este momento, ¡con la economía cayendo en picada! Ahora, ustedes mismos lo están reconociendo cuando piden 10 mil millones de dólares prestados porque saben que vienen tiempos supremamente complicados. Y no es que la economía esté cayendo porque uno diga que esté cayendo, como acabo de oír aquí hace un rato a un senador. Ahora resulta que la culpa de que esté cayendo es de los que decimos que está cayendo, ¡hágame el favor! Es lo único que nos faltaba, que son las teorías las que generan las realidades y no al revés.

Entonces, les insisto en que se debe eliminar la medida. Dejemos tranquila a la gente, dejemos que la gente gaste plata, que en este momento le hace bastante falta.

Y por último, atiendan el paro de los camioneros. Lamento, Ministro, que usted despache eso con tanta tranquilidad con eso de que aquí sobran un poco de camiones, y que entonces chupen, como se dice. Si de verdad sobran camiones, dónde están los fondos para hacer las reconversiones del caso y que las cosas se atiendan como en todos los países civilizados, donde el transporte goza de respaldos especiales, porque es un sector que enfrenta dificultades para lograr las tasas medias de ganancia, usted eso lo sabe, pero no ofrece soluciones como las debiera ofrecer. Y si es verdad que por unos oleoductos que van a entrar van a salir otros camiones, pues hombre, busquemos a ver qué hacemos al respecto, porque le repito lo que dije hace un rato. En Colombia están apareciendo dos tipos de colombianos, los que se quiebran sin que a nadie le importe, y entonces que se importe el maíz y que se mueran de hambre los campesinos de Córdoba, ¿a quién puede importarle? Y del otro lado, ciertas grandes empresas que no se pueden quebrar, a las que ya mencioné. No puede haber competencia abierta en celulares, no puede haber competencia abierta en televisión, no puede haber competencia abierta en fondos de pensiones, no puede haber competencia abierta en EPS. Esto se nos llenó de negocios donde no puede haber competencia, porque se arruinan si la hay, y a los que además les fijan los precios por decreto.

A mí no se me olvida cuando alguien de Medellín dijo aquí, estando el doctor Mejía, el antecesor del ministro Martínez, que iba a bajar los precios de las tarifas de EPM, y hay que ver la rabia del doctor Mejía. Que eso era ilegal, que no se atreviera a bajar los precios de la energía. Y hasta razón tenía, porque las normas de la Ley 142 establecen que las tarifas de energía y, en general, de servicios públicos tienen que producir ganancias monopolísticas.

Entonces aquí afrontamos otro debate. ¿Cuál es la igualdad ante la ley? A los monopolios y las trasnacionales no se les exige pagar impuestos altos porque se perturban y se les hace daño a sus negocios. Los monopolios no pueden perder plata, porque ¡qué horror!, y aquí les estamos aprobando la ley que garantice que no pierdan. Pero cuando se quiebran los pobres de Colombia, las capas medias, los empresarios no monopolistas, el gobierno sale a decir, qué le vamos a hacer, ya ganaron harta plata cuando compraron el camión y les llegó la hora de perder. ¡Qué razonamiento es ese! Llamo la atención sobre un aspecto sustancial. Si se hunde Pedro Pérez, el dueño del camión, no solo se hunde él sino también la economía del país. Si no hay un sistema de acumulación de ahorro nacional, no habrá cómo desarrollarnos. El cuento de que aquí nos vamos a desarrollar con los ahorros extranjeros es mentira, entre otras cosas, porque en los últimos diez años han entrado 100.000 millones de dólares de capital extranjero y han salido 160 mil millones de dólares, en números redondos. Ese dato hay que seguirlo dando. Colombia no está favoreciéndose del ahorro extranjero, sino que está exportando la riqueza del país hacia el extranjero por la vía de las utilidades.

Si destruimos entonces las formas de acumulación de riqueza, es decir, si un camión termina convertido en chatarra y el propietario muriéndose de hambre, en vez de que ese camión se vuelva dos camiones y ese propietario prospere, pues no va haber cuándo sacar la economía capitalista adelante. Es que no es arruinando a la gente como se construye una economía. Ahora, yo estoy hablando de construir economía y no solo de que la gente se gane una platica. Bueno, sí, gánensela, pero propiciando que el Estado fomente el ahorro nacional, que los negocios funcionen, que a la gente le vaya bien para que el país crezca y haya más empleo. Seguir, repito, con el cuento de que nos va a salvar el ahorro extranjero es paja. Si el ahorro extranjero llega destruyendo la capacidad de ahorro nacional, no es posible que opere la economía. Les repito la cifra, 160 mil millones de dólares salieron de Colombia en los últimos, desde el 94 hasta hoy y entraron 100 mil millones, una diferencia de 60 mil millones de dólares. No me digan entonces que es así como nos vamos a desarrollar.

Un último llamado, señor Ministro. Atiendan a la gente de la Asociación Colombiana de Camioneros y resuélvanles el problema y cúmplanles las promesas con las que se levantaron los anteriores paros.