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DEROGAR LA NORMA QUE LES IMPUSO A LOS COLOMBIANOS PAGAR EL BARRIL DE CRUDO A PRECIOS SUPERIORES A LOS INTERNACIONALES

Oficina de Prensa, Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 23 de abril de 2009.

En el debate al ministro de Minas y Energía que tuvo lugar ayer en la Comisión Quinta, Jorge Enrique Robledo exigió derogar la norma que les impuso a los colombianos pagar el barril de petróleo a precios superiores a los internacionales, exigencia que hizo porque la medida, además de inconveniente, es abiertamente ilegal.

El senador del Polo Democrático afirmó que son falsas por completo las insinuaciones del gobierno nacional cuando dice que no es el pueblo el que paga cualquier sobreprecio a los combustibles. Con las propias cifras del Ministerio, Robledo demostró que el 75 por ciento del total del ACPM y la gasolina que se consumen en Colombia lo gasta el transporte público de carga y pasajeros. Además, Robledo también comprobó con cifras en la mano que no es cierto que cada colombiano que posea un vehículo particular sea una especie de oligarca que debe ser gravado sin contemplaciones.

Los altísimos precios que está pagando la ciudadanía por los combustibles se explican porque la gasolina tiene impuestos del 36 por ciento y el ACPM de 21 por ciento y porque el presidente Uribe decidió cobrarle a la gente el barril a unos 70 dólares, cuando en el mercado mundial está costando entre 40 y 50.

El senador del Polo explicó también que el gobierno grava a los pobres y a las capas medias para no tener que gravar a los monopolios y a las trasnacionales

Y expresó su solidaridad con la protesta que adelanta la Asociación Colombiana de Camioneros contra los altos precios de los combustibles, contra la política oficial que tiene arruinado al sector transportador y contra el incumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno en anteriores movilizaciones.

Dijo finalmente que la política de las trasnacionales mayoristas en el comercio del combustible está llevando a la quiebra a los propietarios de las estaciones de servicio, sin que el gobierno haga nada para protegerlos.