DERROTANDO EL TLC, PROTEGEMOS A LOS USUARIOS Y DEFENDEMOS LA NACIÓN

Manizales, abril 1 de 2006, Oscar Gutiérrez Reyes, Miembro del Comité Operativo Nacional; Aprobado por la Unión Nacional de Usuarios y Defensores de los Servicios Públicos Domiciliarios Cuando el 27 de febrero pasado, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez decide, en contra del querer mayoritario de la nación, firmar el Tratado de Libre Comercio -TLC- con los Estados Unidos, comprometió el futuro de los servicios básicos de Acueducto, Alcantarillado, Energía Eléctrica, Gas y Telecomunicaciones.

Los otros servicios, los no domiciliarios, incluidos Salud y Educación, se habían entregado, al aceptar los negociadores colombianos, los capítulos de inversiones, políticas de competencia y acceso de los monopolios extranjeros al mercado nacional.

Todos estos servicios, que deberían ser derechos fundamentales de nuestro pueblo, quedan sometidos, durante los años que dure el tratado, a la condición de mercancías, que se obtendrán, dependiendo de las condiciones del mercado y de la capacidad adquisitiva de quienes los requieran.

De esta manera, los monopolios extranjeros y sus socios en el país, adquieren más poder sobre los recursos naturales y aumentan el control de sus empresas sobre la riqueza de la nación. Recursos que son claves en la vida y el bienestar de nuestro pueblo, y sobre los que, con base en las cláusulas del Tratado, podrán fortalecer su control, continuar los procesos de privatización e imponer las condiciones que quieran en el “mercado”. Ahora sí -a manos llenas y sin recato alguno- podrán disfrutar a sus anchas de estas áreas de negocios, tan jugosas para el capital monopolista extranjero.

Veamos como el gobierno de Uribe, entrega no sólo el patrimonio público sino la soberanía y seguridad nacional, en el caso del agua y de las telecomunicaciones.

En cuanto al agua, el Tratado contempla que este recurso natural sea una mercancía que pueda ser controlada por negociantes privados, desde la fuente misma hasta la distribución a los más apartados usuarios. La Ley del Agua, recientemente presentada por el gobierno al Congreso, de ser aprobada, garantiza a los empresarios que puedan cobrar a los usuarios las diversas tasas ambientales, el líquido en sí, su transporte, los tratamientos para su purificación y potabilización, al igual que los tratamientos residuales, cobros que les permitirán obtener excelentes utilidades a expensas de los usuarios.

En contra de los intereses de los usuarios y de la nación, llegaremos al extremo de que las fuentes de agua no sean del Estado, sino de compañías privadas. Éstas, se las apropiarán por medio de concesiones o contratos de explotación, y podrán comercializarlas y usarlas para su enriquecimiento. Hoy más que nunca, se hace necesario que los usuarios levanten la consigna y luchen porque el agua sea un derecho fundamental, al que tengan acceso todos los ciudadanos, independientemente de su condición social, étnica, racial, cultural o económica.

En relación con las telecomunicaciones, el Tratado no sólo compromete el espectro electromagnético sino que, al permitir la presencia de operadores extranjeros en el sector, facilita que éstos puedan hacerse al control de las empresas por diversos caminos que explicaremos a continuación. Entregando la Soberanía Nacional, el Tratado permite que los operadores extranjeros tengan acceso a las redes nacionales y puedan prestar cualquier servicio público de telecomunicaciones, en el territorio nacional o de manera transfronteriza. Para tal efecto, permite el Tratado la compra o arrendamiento de circuitos para conectar terminales u otros equipos que permitan la interfaz con una red pública de telecomunicaciones.

Se acuerda, así mismo, que cualquier empresa extranjera pueda suministrar servicios a usuarios finales -individuales o múltiples- a través de cualquier circuito, sea arrendado o propio. De igual manera, podrán conectar circuitos propios o arrendados, con redes y servicios públicos de telecomunicaciones en el territorio nacional o desde sus fronteras. Esta misma operación podrá hacerse con circuitos propios o arrendados de terceras personas, es decir, la tercerización de la prestación de los servicios. Igualmente podrán realizar funciones de conmutación, señalización, procesamiento y conversión de funciones, y usar protocolos de operación a su elección.

En relación con las obligaciones que se imponen a los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones, el Tratado señala que el Estado garantizará que las empresas nacionales suministren, directa o indirectamente, interconexión a proveedores de la otra parte. Garantiza la portabilidad del número y la paridad del discado, lo que significa que sin invertir en redes, los operadores extranjeros tendrán condiciones de igualdad en la prestación del servicio. Se permite también la reventa de servicios de telecomunicaciones.

En otro aparte, el TLC señala que en el tratamiento a los proveedores dominantes en cada país o región de ese país, el Estado garantizará que éstos les otorguen a sus competidores extranjeros, el mismo tratamiento que les conceden a sus filiales, subsidiarias o a cualquier proveedor no afiliado, en lo que tiene que ver con la disponibilidad, aprovisionamiento, tarifas o calidad de los servicios y la compatibilidad de interfaces técnicas para la interconexión.

Otro aspecto acordado es que el Estado garantizará la eliminación de cualquier práctica anticompetitiva de los proveedores dominantes, lo que implica que se acepta la eliminación de los llamados subsidios-cruzados, y se presiona la entrega al competidor extranjero de la información sobre instalaciones esenciales y aquélla comercialmente relevante.

A más de las condiciones impuestas para la reventa de servicios, el TLC permite la desagregación de la red, lo que significa que el operador extranjero pueda, por medio de un arriendo o peaje, hacerse a lo que se conoce como la “crema del mercado”, es decir los sectores de mayor lucro, sin verse obligado a atender las zonas más deprimidas, ni a hacer inversiones en mejoramiento tecnológico. Y para rematar, en cuanto a la interconexión, se les deberá garantizar a los monopolios extranjeros, condiciones que les permitan interconectarse en cualquier punto de la red, bajo los mismos términos, condiciones y tarifas y con una calidad igual a la disponible para los operadores nacionales. Incluso, se acuerda que en la interconexión, el operador extranjero sólo pague arriendo por la parte de la red que requiere para la prestación del servicio. Esto, sin lugar a dudas, es permitir que las empresas norteamericanas puedan disfrutar, sin tener que pagar, de las inversiones realizadas por las compañías de telefonía colombianas en los últimos 50 años.

Para facilitar la prestación del servicio por parte de los monopolios extranjeros, el Estado colombiano se obliga a presionar a los operadores nacionales, para que mediante ofertas públicas de interconexión, fijen las condiciones de los contratos, tarifas y términos y condiciones de las negociaciones. Subsecuentemente, se garantizará a los operadores extranjeros que puedan arrendar circuitos, con tarifas planas y precios basados en los costos operativos, sin incluir el retorno de inversiones ya realizadas. Inmensa ventaja para que los capitales extranjeros ofrezcan servicios en condiciones de competencia sumamente favorables, frente a empresas que, como ETB, EPM y Telecom, generan unos costos fijos que no tienen los monopolios extranjeros, pues estos últimos ni siquiera están obligados a abrir sucursales o agencias comerciales en Colombia.

El asunto es tan apabullante para las empresas del país, que los operadores extranjeros pueden exigir incluso que en las mismas instalaciones de las empresas nacionales, se co-localicen físicamente los equipos que sean necesarios para la interconexión, y de no ser posible por problemas de espacio, el operador colombiano estará obligado a solucionarle el problema o a facilitar la co-localización virtual en su territorio.

Se entregan también en el Tratado, los derechos de paso y el acceso a los cables submarinos, incluyendo los derechos de plataforma en nuestro territorio. Y se concede la garantía al operador extranjero de tener acceso a postes, ductos, conductos, y demás instalaciones de infraestructura de nuestras empresas en “términos, condiciones y tarifas razonables y no discriminatorias”.

Los acuerdos llegan a un punto tal, que el gobierno de Uribe se compromete, incluso, a colocar en “píe de igualdad”, frente al organismo de regulación -CRT- a los competidores extranjeros y las empresas colombianas. Este hecho explica el cambio en el sistema de facturación a los usuarios de Telefonía Pública Básica Conmutada, pues el nuevo modelo crea un sistema de cobro que permite la oferta de servicios empaquetados de minutos o transmisión de datos o voz, en condiciones de favorabilidad para los operadores extranjeros, al hacer presencia en la TPBC y en la local extendida.

El Estado, a través de la CRT, no podrá considerar a cualquiera de las empresas de los municipios, como de interés nacional, porque ello conlleva la violación del Tratado. Si bien es cierto que los Estados Unidos no exigieron la privatización de las empresas de telecomunicaciones, también es cierto que esa es una exigencia del Fondo Monetario Internacional, FMI, a la cual ha accedido ya Uribe Vélez.

Señalar este hecho como un éxito, porque “se preserva la potestad colombiana de conservar las empresas de telecomunicaciones de propiedad estatal”, es una típica actitud de cinismo de este gobierno que, desde su instalación, viene presionando, primero la escisión y después la venta de la Unidad de Telecomunicaciones de EPM, al igual que persigue la alianza de ésta y de ETB, con operadores extranjeros. Más clara aún es la posición que tiene frente a la venta o consecución de un “socio estratégico” para Telecom. Nunca tanta mentira había acompañado a un gobernante.

Digamos, para finalizar, que para el cumplimiento de lo acordado, se pacta que el Estado garantizará la aplicación del Tratado, ejerciendo sanciones efectivas que van desde multas financieras hasta la revocatoria de licencias de funcionamiento de las empresas. Y la llamada solución de controversias queda sujeta a revisión judicial, por parte de una “autoridad judicial independiente.”

Como el TLC es un todo, las llamadas disposiciones generales del Acuerdo se verán sometidas a lo acordado por las partes en los capítulos de telecomunicaciones, servicios trasfronterizos, normas para la inversión extranjera, compras estatales, acceso a mercados y demás apartes del Tratado.

Traducido en una frase, el TLC pone todo el patrimonio público estatal al servicio de los monopolios extranjeros, permite el control de nuestro mercado de comunicaciones, facilita la exportación de remesas y utilidades y busca que las tarifas cobradas a los usuarios satisfagan sus ansias de enriquecimiento desmedido.

Dicen los defensores del TLC, que Colombia accederá al “mercado más grande del mundo”. ¿Conquistarán la ETB, EPM o Telecom, el mercado de Nueva York? ¿Impondrán sus “competitivas tarifas” y ganarán los usuarios de Los Ángeles o San Francisco derrotando a Verizon y a las otras telefónicas norteamericanas? ¿O simplemente lo que sucederá será que nos recolonicen?

Derrotar esta política no es posible sin la unión, organización y lucha, no sólo de los usuarios, sino de trabajadores y colombianos. En eso debemos jugar el papel que nos corresponde, participando en las jornadas y protestas organizadas por los opositores al TLC, con la firme convicción de que derrotando el Tratado, defendemos el patrimonio nacional, el trabajo, a los trabajadores y la Soberanía Nacional.

Por todo lo anterior, la reunión plenaria ampliada de la Unión Nacional de Usuarios y Defensores de los Servicios Públicos Domiciliarios, acuerda participar en todas las jornadas que contra el TLC se realicen, y llama a todos los colombianos a desarrollar la más amplia movilización para derrotar el TLC, proteger a los usuarios y defender a la nación.