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De apagones y gravísimas ilegalidades

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, marzo 11 de 2016

Los especialistas coinciden en el alto riesgo que afronta el país de terminar en un “apagón”, el nombre que se le dio a lo ocurrido en 1992 y 1993, cuando, durante nueve meses, no se pudo cubrir todo el consumo nacional de electricidad, con incontables molestias ciudadanas y fuertes pérdidas a la economía y el empleo. Tan mal andan las cosas, que estamos todos haciendo fuerza para que llueva y para que se consuma menos, medida que puede terminar costándonos una millonada a los colombianos y haciéndonos culpables de los racionamientos. “Como no ahorraron suficiente…”.

Se volvió un lugar común preguntarse por qué terminamos así y a quiénes responsabilizar. El gobierno, como era de esperarse, les echa la culpa al verano y a unos accidentes en unas plantas generadoras. La mala suerte, en resumen. Pero no es así. Porque un buen sistema de generación eléctrica debe garantizar el servicio en tiempos normales y, además, en los “anormales”, los cuales, viéndolo bien, son normales e inevitables, porque las lluvias escasas son parte de los ciclos de la naturaleza y porque los motores de un sistema, por una u otra razón, no pueden operar el ciento por ciento del tiempo. Luego no cabe duda de que el sistema eléctrico nacional no estaba suficientemente preparado para las contingencias, como lo confirma además que sin la importación de electricidad ecuatoriana ya estaríamos en apagones.

Es evidente que a Santos y a sus ministros les cabe bastante culpa. Pero también a sus pares de los gobiernos pasados, por lo menos desde 1990, porque aquí lo que ha fallado, a más de las personas, es el modelo de generación eléctrica, un sistema diseñado, no para generar la electricidad necesaria, sino para garantizarles fabulosas ganancias a los monopolios, principalmente extranjeros. ¿Ejemplos? El drama del pueblo caribe, los malos negocios del gas de La Guajira, los escandalosos ocho mil millones de dólares que hemos pagado por cargo por confiabilidad y las insistentes denuncias de la Andi sobre los altos costos de las facturas.

De otra parte, los fallos oficiales sentaron el veredicto contra la falacia de Uber y de sus influyentes publicistas de que ésta actuaba con razón porque había “un vacío legal” sobre su operación, cuando cualquier pichón de abogado sabe que no existen los vacíos legales, como lo están estableciendo las tardías decisiones legales. Primero, la Superintendencia de Puertos y Transporte sancionó la ilegalidad de Uber con una multa de 451 millones de pesos y la acusó por competencia desleal ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Segundo, la Aerocivil le abrió investigación para multarla por publicidad engañosa, violatoria de la resolución 1582 de 2012, en su negocio de helicópteros. Tercero, la Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció operaciones contra los carros Uber, a los que califica de ilegales.

Y la ministra de Transporte explicó que la multa a Uber “se origina en la facilitación de la prestación de un servicio público al margen de la ley con vehículos no autorizados” (http://bit.ly/24VgSt2), al tiempo en que el presidente de Fenalco la instó a que haga respetar el ordenamiento jurídico (http://bit.ly/1SLCeoP). ¿Hasta cuándo alcahueteará el ministro de las TIC que Uber use el internet para, en brutal flagrancia, violar la ley y azuzar a los colombianos a violarla?

Pero como era de esperarse de una empresa constituida con el objetivo de no respetar el ordenamiento jurídico, los extranjeros de Uber –y que sean extranjeros agrava su conducta dolosa– anunciaron que les importa un pepino lo que digan las autoridades y que seguirán promoviendo su gran negocio corruptor de la sociedad colombiana.

Se puede abrigar cualquier valoración sobre el servicio de taxis, y yo soy de los que creen que hay que mejorarlo, pero cualquier solución debe empezar por modificar conductas equivocadas y muy graves, y más viniendo de quienes vienen: ¿El Estado colombiano seguirá tolerando que una trasnacional, en sus narices y de manera contumaz, viole la Constitución y la ley? ¿El Estado, los partidos de la Unidad Nacional y la cúpula del poder económico les van a seguir diciendo a medio millón de familias de propietarios y conductores de taxis que en este país no hay que cumplir las leyes que les protegen sus derechos e intereses, porque así lo exige una trasnacional? Lamentemos que el presidente Juan Manuel Santos, también como era de esperarse, evadió darme respuesta a estas preguntas (http://bit.ly/1YHldvI).

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
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