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De cómo el TLC con Estados Unidos desencadenó la violencia en México

Víctor Quintana, www.cipamericas.org, noviembre de 2014

El campo mexicano no es el mismo veinte años después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). México rural está en llamas, y no sólo a causa de los "malos"—los carteles y los grupos de matones a sueldo de las drogas.

La violencia criminal no es el único tipo de violencia, ni tampoco es el factor que desencadenó la crisis humanitaria en tantas partes del México rural. La transformación radical de las políticas agrícolas públicas—originadas por los programas de ajuste estructural y la apertura del comercio, cuyo momento culminante fue el ingreso del TLC—generó las condiciones para la aparición de múltiples formas de violencia en el campo mexicano.

Los presidentes mexicanos desde 1983 pusieron en ejecución una serie de políticas de ajuste económico, incluyendo la expulsión de todos los agricultores estacionales del sistema de crédito rural. El precio del combustible se disparó: en 1983, un litro de gasolina costaba 1,36 pesos; ahora más de 12 pesos. Los precios de los productos agrícolas de los pequeños agricultores empezaron a derrumbarse porque los precios de sustentación fueron eliminados. Se crearon nuevos subsidios, como “Procampo”, pero estos fueron en su mayoría para los grandes productores.

A pesar de las muchas advertencias de las organizaciones de agricultores y de los investigadores, el TLC fue firmado, cuando los productores mexicanos de granos de primera necesidad, en especial campesinos y medianos productores, no podían competir—en términos de las condiciones climáticas o de los subsidios, o de la tecnología o del programa gubernamental de apoyo—con la más poderosa agricultura del mundo.

Por no ser capaz de competir con la agricultura estadounidense bajo los términos de la apertura comercial, cientos de miles de campesinos se quebraron. La migración a las ciudades y a los Estados Unidos se disparó. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, 1.780.000 personas abandonaron el campo desde 1994. El Ministerio de Desarrollo Social encontró que cada día un promedio de 600 campesinos dejan el campo. Las comunidades rurales se están quedando sin hombres jóvenes, convertidas en poblaciones de mujeres, niños y ancianos. La vida comunitaria se ha desvertebrado; muchas organizaciones de la ciudad han cerrado. Esto es violencia; silenciosa, pero real.

Con insumos caros y precios bajos para las cosechas, muchos agricultores tuvieron que perforar pozos más profundos para riego, usar agroquímicos en exceso o recurrir a semillas modificadas genéticamente para aumentar la producción. Comenzaron a emplear tecnologías que son una forma de violencia contra el medio ambiente y contra sus suelos, aguas, bosques y campos.

Como consecuencia, el desastre ambiental deja cicatrices en el campo, con impactos inevitables y costosos en las ciudades y para el desarrollo económico nacional. De los 196 millones de hectáreas en México, el 64% se ha degradado, principalmente por erosión hídrica y eólica. Anualmente unas 10.000 hectáreas de las mejores tierras agrícolas se pierden debido a la acumulación de sal. Este problema afecta a una superficie de 425.000 hectáreas que han dejado de ser fértiles para producción agrícola intensiva.

Las fuentes subterráneas de agua han sido sobre utilizadas, los bosques que generaban agua para los ríos y fuentes han sido arrasados. Enfrentados a la urgencia de rebajar los costos para competir con los productos importados, la solución fue la sobre explotación de una naturaleza que no tenía cómo protestar. La violencia contra el medio ambiente es otro de los productos derivados del TLC y de las políticas estructurales de ajuste.

Después de veinte años de TLC con Estados Unidos, la agricultura mexicana está mucho más polarizada. Los grandes productores han acaparado los subsidios gubernamentales “Procampo” que deberían orientarse a permitir que los campesinos pobres y los medianos productores produjeran más y mejores alimentos. El 10% de los agricultores más ricos recibe el 45% de este subsidio, el 80% del programa de "ingreso con propósito fijo" del Ministerio de Agricultura y Pesca, y el 60% de los subsidios de agua y combustible.

Todo esto ha llevado a un mayor empobrecimiento de las familias rurales. En octubre de 2011, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social declaró que el 55,7% de la población—63 millones de personas—sufre de inseguridad alimentaria. De estos, 28 millones de pobres viven con hambre, y de éstos, 20 millones habitan en zonas rurales. Esta enorme desigualdad es el núcleo de la violencia que hoy devora el campo.

En este entorno rural descompuesto, el crimen organizado ingresó con fuerza en la década de los años 90. Los carteles ocuparon el vacío dejado por el Estado cuando retiró los programas gubernamentales que sirvieron para financiar, comprar, invertir, regular y promover la economía rural. Los señores de la droga se establecen en las poblaciones rurales de muchas maneras. Compran la propiedad de los que se han quebrado para inyectar recursos y lavar dinero, amplían sus haciendas, añaden tecnología a sus negocios, perforan pozos, mejoran el ganado, instalan huertas y construyen infraestructura para la producción.

Cuando los bancos de desarrollo y de comercio abandonaron las actividades agrícolas, el crimen organizado se hizo cargo de la financiación y del crédito. También comenzaron a mercadear el producto. Ellos no necesitaban el crédito usurero de unos bancos cicateros y especuladores—ellos mismos se financiaron para comprar las cosechas, las instalaciones de almacenamiento y los sistemas de distribución.

Esta fue una invasión silenciosa que poco a poco evolucionó hacia la actual situación. Una vez tuvieron la posesión de buena parte de la economía rural, la delincuencia organizada se hizo cargo de otros aspectos de la vida rural. Explota ilegalmente los recursos naturales, como el caso de los bosques de Michoacán y Chihuahua. Ha diversificado sus negocios más allá de las drogas, robando maquinaria y equipos, arrebatándoles el salario a los jornaleros el día de pago, exigiendo pagos extorsivos de hacendados y vendedores, quedándose con parte de la venta de las cosechas.

Grupos del crimen organizado han ganado el control territorial de amplias franjas de las zonas rurales, tanto formal como informalmente. Ellos controlan los alcaldes, ocupan puestos municipales de seguridad pública, imponen cuotas y se arrogan el derecho de paso por ciertas áreas, etc., etc. Para apoderarse de territorios, primero siembran el terror con ejecuciones, mutilaciones, secuestros e incendios. Aplican castigos crueles como ejemplo para los que se atreven a desafiarlos, sobre todo contra los grupos organizados, tales como la policía de la comunidad. Cooptan la fuerza policial, la sobornan o entran en alianzas con ella, con el ejército y con la marina. Se han convertido en una auténtica "societas sceleris" (sociedad de asesinos) en las zonas rurales de gran parte de la nación, es decir, en una sociedad del crimen en la que las familias de agricultores viven como una población bajo el control de un ejército de ocupación, con su ciudadanía restringida, si no completamente abolida.

El campo mexicano está sufriendo la más terrible crisis de violencia desde el fin de la Revolución de 1910. Pero a diferencia de aquella violencia revolucionaria, que generó algo nuevo, la violencia promovida por los neoliberales con sus programas de ajuste estructural y el TLC, sólo ha generado más y más variadas formas de violencia, destruyendo las formas de producción, de asociación, de vida comunitaria, de distribución de la riqueza, de relación con el medio ambiente que habían subsistido hasta que llegaron y facilitaron la implantación de los carteles de la droga y el crimen organizado, precisamente donde falló el Estado.

Traducción de José Fernando Ocampo T.

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
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