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Desescalando la educación pública, un proyecto en construcción

Aldair Socarras Cantillo, Valledupar, agosto 27 de 2015

La educación pública debe estar al alcance de todos los colombianos, pero especialmente de aquellos que no tienen la posibilidad de financiar su propia educación. La política correcta es la financiación de las Universidades públicas y no el endeudamiento de los estudiantes ni el auto sostenimiento de las instituciones.

La constitución Política de 1991, constitución de corte neoliberal, en su artículo 67 define la educación pública como un derecho pero también como un servicio "público" y el artículo 2 de la ley 30 reza: "La educación superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado". El gran triunfo de gobiernos neoliberales como el de Juan Manuel Santos y todos los que los han antecedido especialmente desde Cesar Gaviria Trujillo, presidente de la ley 30, es hacer creer a los colombianos que la educación pública es un servicio que se compra y se vende semejante a una mercancía y no a un derecho fundamental, que pertenece a todos los seres humanos sin que nadie pueda disponer de ella.

Esta inversión de la naturaleza de la educación es sustancial y trae cambios de fondo en la medida en cómo los gobiernos neoliberales piensan la educación especialmente la pública. Veámoslo.

Primer rasgo. La política de Juan Manuel Santos que atenta contra la educación pública es la desfinaciación sucesiva de las universidades públicas, cuyo déficit ya asciende a 16.1 billones de pesos, cifra con la cual las universidades públicas como la UPC podrían contratar profesores de planta, disminuir el costo de la matrícula que ya asciende a casi $800.000 y que representa el 56% de los recursos totales que maneja la Universidad, mientras que el 44% restantes son recursos del estado. Podría además adecuar laboratorios, financiar proyectos de investigación institucionales y de igual manera ampliar la cobertura sin menguar la calidad.

Segundo Rasgo. Otro pilar de esa misma política es el endeudamiento del estudiante a través de ICETEX, que según las cifras oficiales, los estudiantes que más solicitan créditos son los de estratos 1,2 y 3 y están los programas de becas ficticias legalizadas en el último inciso del artículo 69 de la constitución política colombiana que dice: "El estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas APTAS a la educación superior". Además en el artículo 5° de la ley 30 que reza: "La educación superior será accesible a quienes demuestren poseer las capacidades requeridas y cumplan con las condiciones académicas exigidas en cada caso”.

Reflejo de todo éste acervo jurídico neoliberal es el programa "Ser pilo paga" que en primera medida no resuelve el problema de financiación de la educación pública para generar calidad educativa a las clases más desvalidas de la sociedad colombiana, sino que discrimina entre estudiantes pilos y no pilos y estudiantes aptos y no aptos, consecuencia directa de la mercantilización de la educación como un servicio y no como un derecho fundamental a la cual todos debemos tener acceso sin importar nuestra condición. Esa es la política de educación con la que Juan Manuel Santos pretende hacer de “Colombia, la más educada” en 2025, pero lo que habrá será una Colombia más endeudada y privatizada.

La Organización Colombiana de Estudiantes OCE hace un llamado a la organización de todos los estudiantes para la defensa de la educación pública, al unísono del movimiento estudiantil proponemos un modelo en donde la educación sea concebida como un derecho fundamental y un bien común para la nación.

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
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