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Desigualdad empresarial y tarifa única tributaria

Aurelio Suárez Montoya, El Tiempo, Bogotá, noviembre 4 de 2016

Un trabajo reciente (Espitia, 2016) analizó la distribución de las utilidades entre las 25.000 firmas que declararon en 2014 ante la Supersociedades, sin incluir a las que son supervisadas por la Superfinanciera, y mostró que el coeficiente de Gini fue de 0,773 cuando se trató de utilidades brutas; de 0,803 en relación con las ganancias operacionales y de 0,817 en las resultantes antes del pago del impuesto de renta. Este coeficiente se utiliza para medir entre 0 y 1 cualquier forma de distribución desigual en una población, el cual resulta ser peor cuanto más se acerque a 1. De ese estudio se infiere un grave antecedente sobre la desigualdad empresarial en Colombia.

Tal conclusión motivó otro análisis (Martínez, Suárez) del conjunto empresarial del país, realizando una clasificación por el tamaño de las empresas. Para esto, se usó la información de Confecámaras sobre 1’379.284 empresas y el excedente bruto de explotación (EBE) en las cuentas económicas integradas del Dane. El resultado confirmó, con más precisión, la hipótesis inicial: las 10.000 mayores capturan el 52 % de las utilidades totales; cerca de 95.000 medianas reciben el 36 % y el resto, 1’273.017 micros y pequeñas (pymes), apenas recaudan el 12 %. La distribución de utilidades por tamaño de empresa se refleja en un coeficiente de Gini escandaloso, de 0,822, muchísimo peor que el muy injusto existente entre las personas, 0,522, que tiene a Colombia en el podio global de la inequidad.

El resultado coincide con otros hallazgos como el alto grado de concentración del valor agregado y de los activos empresariales, teniendo en cuenta el tamaño productivo por personal ocupado, que se presenta no solo en la refinación de petróleo, sino en subsectores como el acero y sus derivados, motores y aparatos electrónicos, bebidas, vidrio y alimentos. Este cuadro de la realidad empresarial se completa con dos hechos más: primero, el traslado de participación en el Ingreso Nacional Bruto (2005-2015), en detrimento de los salarios y de las empresas no financieras, a favor tanto del sector financiero como del Estado por la vía de los impuestos indirectos, y segundo, la recomposición sectorial en los últimos seis años con un ganador: la intermediación financiera, la cual creció el doble de toda la economía, mientras el agro y la manufactura padecieron, sin reponerse todavía, de aguda ‘enfermedad holandesa’.

Así como la Comisión de Expertos, el gobierno de Santos desconoció lo expuesto anteriormente, y con el argumento de que todas son personas jurídicas, les aplicó una tarifa tributaria de renta sin distingos, igual para todas, del 32 %. De esta manera, se les rebajan dos puntos porcentuales a las 334.000 empresas que pagaban el 34 % y once puntos a las 3.000 más encumbradas, financieras, mineras y transnacionales, las cuales, incluyendo el tributo a la riqueza, que también se les suprimirá, tienen hasta hoy una tarifa nominal del 43 %.

Esa arbitraria disposición contraría la práctica impositiva nacional mediante la cual una compañía limitada pagaba menos que la sociedad anónima o sobretasas como la del Cree se cobran solo a las más poderosas. Es un hecho nuevo en esta reforma e inicuo, como el monotributo sobre ingresos de tiendas, peluquerías y misceláneas; el IVA del 19 % a más del 50 % de la canasta básica o la retención en la fuente a todo el que se mueva.

En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, hay diferenciaciones: existe la tarifa federal gradual para los negocios, partiendo del 15 % para los pequeños hasta el 35 % para grandes corporaciones; así, 2.700 de ellas, cada una con activos de más de 2.500 millones de dólares, pagaron en 2010 el 67 % de los impuestos federales. Aquí, al ministro Cárdenas y al dirigente gremial Santiago Montenegro les parece injusto que las compañías de élite cubran el 68 % del recaudo de los gravámenes directos.

Al rebajarse la tarifa de renta a las transnacionales y compañías pertenecientes a los mayores grupos económicos, su participación ‒por una simple regla de tres‒ bajaría en el recaudo efectivo al 50 % del total. La otra mitad, contraviniendo el principio constitucional de progresividad pero acatando a la Ocde, la asumirán las pymes y 500.000 asalariados, nuevos contribuyentes con tres salarios mínimos y medio al mes. He aquí una razón más, de las muchísimas que hay, para que se archive en el Congreso la muy inicua y estructural reforma tributaria.

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
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