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Desmonte del régimen especial de salud del magisterio: “Negocio para empresarios de la salud y golpe a los trabajadores”

José Arlex Arias Arias, La Verdad, Cartagena, septiembre 12 de 2011

Contextualicemos cómo estaban consolidados los Derechos Laborales de los trabajadores antes de la aplicación del modelo neoliberal, para una mayor comprensión del por qué fueron la mayoría eliminados y la arremetida contra los escasos que aún subsisten.

Antes de las reformas regresivas impulsadas desde la década de los años noventa del siglo pasado, los trabajadores habían conquistado mediante muchas luchas y sacrificios -asesinatos, desaparecidos y apresamientos-, reivindicaciones que hicieron plasmar en los códigos, convenciones y pactos colectivos. Esos derechos iban desde la estabilidad laboral –ningún trabajador podía ser despedido sin justa causa después de diez años de laborar en una misma empresa-, hasta la retroactividad de las cesantías, primas extralegales, recargos por trabajo en horas extras, nocturnas y días festivos o dominicales, turnos de 8 horas, regímenes especiales de pensión y salud, extensión de derechos al núcleo familiar, entre otros.

Los neoliberales aducen que el reconocimiento de esos derechos conduce a la incompetencia y para recomponer su Tasa Interna de Retorno –ganancia- implementan políticas, de la mano de los gobiernos, para desmontarlos, al mismo tiempo que privatizan las empresas estatales y entregan la prestación de los servicios fundamentales, como filón de oro, al sector privado.

En el gobierno de Gaviria se promulga la Ley 50, base para arrebatarles a los trabajadores la mayoría de los derechos anunciados, los que después de estar consagrados en los códigos pasaron a ser ilegales y a mencionarse como privilegios; a partir de allí orquestan una campaña difamatoria contra los trabajadores organizados en sus sindicatos. A unas empresas las liquidan para “armar una nueva” con los mismos trabajadores pero eliminando o recortando sus derechos y en las empresas que tenían sindicatos conciliadores los sometían con falsas argumentaciones. Después de debates, luchas y batallas sólo medio subsisten tres regímenes especiales de trabajadores oficiales: en las fuerzas militares -sector estratégico para el manejo del orden público-, los trabajadores de Ecopetrol y el magisterio, estos dos últimos lo han logrado a través de la lucha.

El magisterio que tiene 320 mil docentes –han reducido la nómina en cerca de 50 mil maestros- logró mediante un acuerdo con el Gobierno Nacional un régimen de salud exceptuado de la Ley 100/93, por lo cual es contratado directamente con las Instituciones Prestadoras de Servicio; el acuerdo ha tenido muchas dificultades, entre estas cada que se vence el contrato, el gobierno de turno trata de desconocerlo e imponer condiciones leoninas para desmejorarlo. En ese contexto han sido las últimas batallas de Fecode y sus sindicatos filiales, además de la reconquista de la Educación Pública y de alta calidad. Fecode argumenta que el magisterio cotiza anualmente $1.4 billones a su régimen de salud y el contrato con las IPS cuesta $700 mil millones.

El colectivo Tribuna Magisterial de los educadores ha dicho que: “el punto central de la arremetida contra el régimen especial de salud es que Juan Manuel Santos representa los intereses de las EPS, es decir, del capital financiero intermediario que acabó con la salud pública. Por ello no es extraño que la ministra de Educación, que viene de ser presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, insista en que la contratación de los servicios médicos del magisterio deba hacerse con las EPS”. Sobre el mismo tema, el senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Robledo, expresó: “Son tres los propósitos del Gobierno: poner bajo el control del cartel de las EPS recursos adicionales por $1.4 billones anuales, tapar que las dificultades del régimen especial se deben a que el Gobierno se ha apropiado ilegalmente de sus recursos y ocultar que las EPS sobran, pues hasta la fecha los maestros no han estado sometidos a estas empresas y sus derechos son superiores a los de sus afiliados”. En definitiva, el gobierno de Santos representa el continuismo neoliberal contra los derechos de los trabajadores y la población.

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