Dosis mínima: ¿la medida exacta?

Coautoria de Juan Sebastian Lopez, estudiante derecho Universidad Manuela Beltran.

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El Congreso aprobó un proyecto de reforma constitucional que promovió el gobierno para prohibir el porte de drogas. Por fin la vieja obsesión del Doctor Uribe (que en 5 ocasiones anteriores había intentado echar atrás la decisión tomada por la corte en 1994) se ve de alguna manera satisfecha. Colombia ha dado un paso…atrás, muy atrás. Esta es quizás una de las reformas más retardatarias de un gobierno que se caracteriza precisamente por eso, por llevar la contraria a las tendencias progresistas del resto del mundo, que en este caso, buscan a través de la prevención y la concienciación, no en la prohibición, mitigar el problema del tráfico y consumo de drogas.

Así quedará el texto del artículo 49 de la Constitución: "El porte y consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médicas. Con fines preventivos y rehabilitadores la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias. El sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del adicto"

Reforma que nos llevaría a los siguientes casos:

a) Pedro Pérez es retenido por la Policía en la calle Cibeles. En su poder tenía 15 gramos de marihuana. Que ahora son penalizados con la reforma a la Constitución. Es llevado a la estación de policía, luego ante un juez de control de garantías, donde se le realiza una imputación por el delito de tráfico de drogas. Pedro estudia en la facultad de Bellas Artes, es pintor y rara vez consume marihuana.

b) Alberto Umaña es padre de familia, tiene 30 años y trabaja en la Bolsa de valores de Colombia. Un domingo cada dos meses va al parque Montparnasse y se fuma su porro. No tiene ningún problema de adicción. Muy de vez en cuando disfruta de un trago con sus compañeros de oficina, tampoco fuma. Un domingo Alberto es detenido por la Policía y es tratado como un adicto. Sin hacer ninguna diferencia entre él y un enfermo.

En el momento que estos dos individuos son llevados a la estación de Policía esta se encuentra en hacinamiento, “por la gran cantidad de adictos y jíbaros” que capturan los agentes. Pedro grita desde adentro de una celda: ¡es mi cuerpo y yo decido que hacer con él!

La Constitución de 1991, consagró como un derecho fundamental el libre desarrollo de la personalidad. Es un derecho que tiene una obligación negativa para el Estado, es decir; una obligación de no hacer, de respetar. El Estado tiene que guardar un límite de respeto a la intimidad del individuo y dejarle tomar las decisiones que el desee sobre su cuerpo.

El cuerpo es sólo mío y nadie puede tomar decisiones sobre él, ni prohibirme lo que yo decido hacer con mi vida. Tengo derecho y el Estado me lo tiene que garantizar.

Cuando una persona decide consumir cualquier tipo de droga, está haciendo uso de su derecho, de su derecho a decidir sobre su cuerpo y lo que quiere para él. Cuando el Estado realiza prohibiciones, como es lógico, estas recaen directamente sobre la libertad de obrar que tienen las personas, cohibiéndolas y yendo en contra de la naturaleza del ser humano, que debe ser la libertad.

No se puede negar que el uso de las drogas tiene efectos nocivos sobre la salud de las personas. Tampoco se puede negar que estas drogas causan adicción sobre las personas y que esta patología puede generar daños en terceros, ya sea familia o sociedad. Pero sin ir muy lejos, nos encontramos con Casinos, Tabaco y licores. Que son drogas y adicciones que tienen las mismas consecuencias caóticas para las personas, pero las aceptamos, sin hacer ningún reparo y algunas, hasta son bien vistas en nuestra sociedad.

Y este es el mismo tratamiento que le debemos dar a las drogas. Legalizarlas y enfatizar en la educación y en la prevención y no salir a juzgar a una persona que consume marihuana, mientras nos emborrachamos cada viernes.

El consumir una droga es un problema únicamente para el individuo. Es su cuerpo, y es libre de usarlo. Cuando el estado se lo prohíbe y además lo sanciona de manera arbitraria, violenta sus derechos, en este caso el libre desarrollo de la personalidad.

Con esta reforma constitucional se devela una vez más la naturaleza autoritaria del gobierno, guiándonos a un estado policivo y paternalista. Paternalismo entendido como un sistema en el que las valoraciones de tipo moral, ideológico y religioso tienen un valor mayúsculo en las relaciones que se establezcan con la sociedad y en donde la figura del padre prepondera y ordena por sobre todas las demás. Paternalismo moderno que es solo una vertiente del autoritarismo o del fascismo, en la que un solo individuo pretende ejercer el poder sobre las demás personas, a través de decisiones arbitrarias e inicuas incluyendo en sus postulados toda suerte de concepciones sentimentalistas, moralistas e incluso graciosas.

Es de esta manera que se justifica la intromisión del estado en el ámbito más íntimo de las personas, se justifica la invasión de la autonomía individual por parte de la ley: los ciudadanos con incapaces e incompetentes para tomar las decisiones que el estado considera correctas para ellos.

Eufemismos, falacias y argucias con las que las políticas de este gobierno han preparado exitosamente a esa estela de figuras que pasan por los altos puestos de su gobierno, (los Cossio, los Arias, los Santos, los Gaviria, etc.) verborrea en la que se capacita a esa horda de estrellas de la burocracia que posan como defensores del orden, pero que en realidad son sus súbditos inquisidores, los verdaderos macarras de la moral.

El argumento es débil, lánguido y cínico: se prohíbe el porte de drogas para frenar el narcotráfico y para proteger a la sociedad de los “adictos”. El ponente de semejante exabrupto es igual de débil y lánguido -en cuanto a intelecto- y de un desproporcionado cinismo: Fabio Valencia Cossio, el hermano de don Guillermo Valencia Cossio, investigado por su colaboración al paramilitarismo y el narcotráfico desde la dirección de fiscalías de Antioquia que ostentaba.

Medida absurda esta, que entorpece las vías judiciales y el acceso a una justicia real y efectiva. Medida que desvía el tratamiento real que se le debe dar al consumo de drogas, que es de información, previsión y educación por sobre cualquier otra consideración y que equipara a una persona que utiliza drogas por diversión con un peligroso delincuente o con un enfermo esquizofrénico.

En ultimas los principales beneficiados de esta reforma (como en tantas otras de este gobierno) son los grandes narcotraficantes e incluso los pequeños jibaros urbanos, que debido a otra prohibición elevan los precios de la droga, dándosele así un nuevo impulso a este negocio, que precisamente por ilegal es tan rentable . Basta recordar Estados Unidos en la década de los 20 y los 30, cuando Al capone gozaba de una inmensa fortuna y popularidad y de un sequito de socios cuando estaba prohibido el alcohol en aquel país. Es precisamente el veto lo que le da ese aspecto peligroso y atractivo al narcotráfico, lo que lo baña de seducción y lo que finalmente permite que sea un negocio tan prospero y gigantesco.