El gobierno no solo sigue incumpliendo año tras año las metas en vivienda, reiteró el senador Jorge Enrique Robledo, sino que presenta amañadamente las cifras, mezclando los subsidios aprobados con los asignados, los movilizados y los construidos, y los otorgados por el Ministerio con los que conceden las Cajas de Compensación Familiar y el Fondo Nacional del Ahorro, con la clara intención de confundir a la opinión pública.
“Esto no se había atrevido a hacerlo hasta ahora ningún gobierno –denunció el senador del Polo en el debate al ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que tuvo lugar hoy en Comisión Quinta–, y es un irrespeto al Senado. Los congresistas no somos unos entrometidos cuando adelantamos debates de control político, sino que lo hacemos en representación de un importante sector de la sociedad que votó por nosotros”.
Es un procedimiento inaceptable que se contabilice un total de 800 mil subsidios de vivienda, pero se oculte que, de ellos, más de 300 mil corresponden a subsidios para mejorar títulos, cada uno por un monto que no supera los 80.000 o los 100.000 pesos. El truco, desde luego, le rinde al gobierno fuertes dividendos electorales, añadió el senador del Polo.
Dijo que las cifras del DANE son concluyentes y prueban que la política de vivienda de este gobierno está fracasando estruendosamente. Entre 2007 y 2008 la construcción de vivienda comercial decreció en 24 por ciento y la de interés social, o VIS –las tristemente conocidas “cajas de bocadillo”–, en 32 por ciento. En la primera administración del presidente Uribe, los recursos cayeron en 51 por ciento en comparación con los vigentes entre 1994 y 1998. Y el Fondo de Subsidio es 22 por ciento menor, lo que indica que cada vez empeora más la calidad de la vivienda que se ofrece a los estratos bajos de la población. El problema tiende a agravarse, porque el país está entrando en una grave crisis, como producto de las malas políticas económicas.
El senador del Polo Democrático remató denunciando que son miles los colombianos a los que las corporaciones de ahorro y vivienda les están quitando las casas, un conflicto que ajusta ya diez años sin solución y del que la opinión pública tiene noticia casi a diario cuando llega la fuerza pública a desalojar a garrote a viudas y desempleados.
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