La exigencia del Consejo Mayor Comunitario del Cañón del Río Porce fue respaldad expresamente por el Diputado del POLO Jorge Gómez Gallego. La decisión de suspender el proyecto estuvo basada en informaciones falsas y en el interés de privilegiar Hidroituango, un proyecto mucho más rentable, afirmó el corporado.
Ante la polémica desatada entre Empresas Públicas de Medellín y la Comisión de Regulación de Energía y Gas, por cuenta de la confirmación de la exigencia de hacer efectiva la garantía de $23.000 millones por la suspensión del proyecto hidroeléctrico Porce IV, el Diputado del POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, quien estuvo cercano a las negociaciones entre las comunidades y el ente autónomo antes de la decisión unilateral de suspender la ejecución del proyecto, hizo las siguientes precisiones:
1. No es cierto que lo que está en discusión con la CREG sea una multa fijada arbitrariamente. Es el pago de una garantía pactada expresamente para un eventual incumplimiento de un contrato. A EPM le concedieron en una subasta para asignación de cargos por confiabilidad, una remuneración fija y anual por la construcción y puesta en funcionamiento de la Central Hidroeléctrica Porce IV el 1° de diciembre de 2015 con una garantía de entregar al sistema interconectado nacional 962 gigavatios hora/año y hasta el 30 de noviembre de 2035. De no hacerlo, se comprometía a pagar esa suma.
2. Que la decisión de suspender el proyecto había colocado al ente autónomo de propiedad del municipio de Medellín en el evidente riesgo de sufrir la sanción, la que al tiempo generaría un serio detrimento patrimonial, según lo señalé oportunamente.
3. Que la decisión de suspender el proyecto no obedeció a fenómenos sobrevinientes. La situación de orden público en la zona era similar e incluso menos grave cuando se debían acometer los trabajos que cuando se hicieron los estudios de prefactibilidad. La población si había crecido, pero no en las proporciones que ha informado la administración de la Empresa. El censo realizado por EPM en 2008 arrojaba una población cercana a los 8000 habitantes, no 15.000 como tendenciosamente se ha informado a la opinión pública.
4. La verdadera razón para la suspensión de Porce IV fue la obtención del contrato de concesión para Hidroituango, central hidroeléctrica en la que el valor de la instalación de un megavatio hora es la mitad del de Porce IV, y el costo de generación de kilovatio/hora puede ser un 35% menor. Mucha más rentabilidad y en una mayor escala. Concentrar la inversión en Hidroituango, con la lógica de la obtención de la máxima tasa de ganancia, fue el motor para la suspensión.
5. Lo que está quedando en evidencia es que obrar con la lógica de los monopolios privados, puede causar serios reveses a empresas como EPM que son públicas.
6. La ciudadanía antioqueña debe respaldar la exigencia de reanudar el proyecto, de respetar los derechos de las comunidades y suspender la campaña mediática para estigmatizar a los habitantes del cañón del Porce. Los voceros de las organizaciones sociales de la zona han manifestado la mejor voluntad de reanudar negociaciones y facilitar un acuerdo que permita su reactivación, lo que al tiempo evitaría el pago de la cuantiosa multa, equivalente a un alto porcentaje de las compensaciones que debe pagar a los afectados.
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