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EPM ¿hacia una privatización olímpica?

Amaury Núñez González, La Silla Vacia, agosto 11 de 2016

La ruta que cursa la privatización de las Empresas Públicas de Medellín es una carrera de relevos. En 1995 el Alcalde Sergio Naranjo presentó una propuesta de definición empresarial para EPM, elaborada por Luis Guillermo Vélez, el mismo que hoy propone que la empresa cotice en la bolsa de Nueva York convertida en sociedad por acciones. El mismo año, el documento “Evaluación de la propuesta de transformación de las EPM”, presentado por el CIDE, defendió que la empresa llegara a un estado en el que “la participación privada sea mayoritaria en poco tiempo”. En 2005 el Alcalde de Medellín Sergio Fajardo escindió las telecomunicaciones del resto de servicios, creando UNE, para que posteriormente fuera vendida a menos precio a la sueca Millicom en el año 2014.

Se defendió que los cambios técnicos del negocio de telecomunicaciones en el mundo constituían un mayor riesgo financiero para quien quisiera incursionar y mantenerse en ese campo, ignorando que gigantes como Telmex y Telefónica no concentran tanto su esfuerzo en la generación de su propia tecnología como sí en la compra de ésta incorporándola a sus filiales, la cual es equiparable a la usada por ETB y EPM, y que “se consigue directamente con los fabricantes mundiales” (http://goo.gl/krz9Rz).

¿Y sobre los malos negocios? En 2006 EPM compró el 50% de Orbitel. La compra se hizo con proyecciones que decían que para 2011 tendría, en internet inalámbrico, 488.985 usuarios. El resultado: 18.637 (http://goo.gl/4uzrBd). En junio de 2015 compró aguas de Antofagasta por U$ 965 millones mediante subasta, transacción cuyo sobrecosto es evidente: su propietario de entonces, el Grupo Luksic, compró dicha concesión por menos de U$ 200 millones, y en la subasta donde EPM hizo su espectacular oferta, el segundo oferente llegó a los U$ 740 millones, U$ 225 millones menos. Lo anterior cuando el precio de referencia de Citigroup sobre la empresa fue de tan solo U$ 290 millones, mientras que el valor patrimonial no pasaba de U$ 595 millones a diciembre de 2014. Las proyecciones de utilidades hechas por EPM giran en torno al 6 y 7%, y la utilidad de la empresa va cayendo cerca de un 85% menos para 2016, considerándose los siguientes tres años como los peores en la historia de la concesión. En las proyecciones la utilidad no alcanza a cubrir la requerida en ninguno de los años, la recuperación de la inversión es en 2036, pero la concesión vence en el 2035.

Setenta y dos horas antes de salir del cargo como Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa suscribió un crédito por U$ 1.000 millones, $ 3,2 billones de ese momento, para financiar, entre otros, a Hidroituango. Ese préstamo de tesorería fue para sufragar dificultades de caja en la empresa, consecuencia de una carrera de irresponsables inversiones en el exterior, con $ 4,8 billones comprometidos.

Es mejor un buen negocio en Colombia y no un mal negocio en el exterior, y muchos de éstos últimos no se relacionan con el objeto social de la empresa. Las pérdidas de EPM tienen efectos negativos en el presupuesto de la ciudad. Las transferencias proyectadas en el Plan de Desarrollo de la ciudad, para 2016-2019 son de $ 4,2 billones, mientras que las transferencias proyectadas por la empresa son inferiores en $ 160.000 millones.

Para rematar, los nombramientos de nuevos miembros de su junta directiva, con currículos que registran privatizaciones y concesiones favorables a inversionistas extranjeros, maximizan una preocupación: la olímpica privatización de EPM, justificada por sus defensores en el uso público de sus transferencias ¡Qué tal! ¿Con qué remplazarían los $ 4 billones que proyecta transferir entre 2016 y 2019? ¿A emular la experiencia en Ecopetrol e Isa llega Javier Genaro Gutiérrez a EPM tras haberlas convertido en sociedades por acciones y “democratizado”? No se puede dudar de la importancia de una empresa pública que aporta el 55% de sus utilidades, entre transferencias ordinarias y extraordinarias, a su ciudad, como EPM con Medellín, a pesar de malas administraciones municipales. Otra cosa es que las obras con las que se carguen las transferencias de la empresa sirvan para favorecer el negocio inmobiliario de especuladores y financistas.

La frontera del mercado la determina la política, y restringirla en favor de aquel es antidemocrático por sí mismo. Es restringir la democracia al dinero, mientras que se desfavorecen provisiones sociales esenciales para la población. Bienes públicos y beneficio social van de la mano y deben administrarse en igual sentido, esa es la otra cara de la moneda. Ninguna empresa pública que migre a lo privado, a través, eso sí, de una intervención hecha por algún mal gobierno para que se privatice, redunda en beneficios sustanciales a los ciudadanos. Lo contrario es buscar la fiebre en las sábanas, y de paso llenarle el bolsillo a los negociantes y monopolios que se hacen con el negocio.

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
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