ES NECESARIO LA ORGANIZACIÓN

El costo promedio del impulso de la llamada local en Colombia era, en 1996, de 4 pesos. Hoy, cuando ha avanzado la privatización, ese mismo impulso le cuesta al estrato tres 21 pesos, el 500 por ciento más.

Una vez más, la historia ha fallado, a través de los hechos, sobre las consecuencias del proceso de privatización de los servicios públicos domiciliarios. El alza en las tarifas comenzó antes de la venta de las empresas, acelerando el proceso de desmonte de los subsidios para los tres primeros estratos, reduciendo los rangos subsidiados, colocando nuevos rubros en las factura, es decir, aplicando la totalidad de los principios de "suficiencia financiera" y "eficiencia económica" de las arbitrarias leyes 142 y 143 de 1994 y, además, en ocasiones, pagando en la factura los subsidios que el gobierno nacional, en una actitud negligente e irresponsable, dejó de cancelar.

En países con la estructura económica de Colombia, nadie niega que los ciudadanos deben pagar tarifas por los servicios públicos. Pero lo que es inaceptable es que para saciar al capital privado, y con el auspicio de las leyes, de las comisiones de regulación y de la Superintendencia de Servicios Públicos, se autoricen alzas por encima de la capacidad de pago de los usuarios.

Los manizaleños recuerdan el cobro del eficiente y barato servicio de aseo de principios de la década de 1990. Se pagaba por ficha catastral y no excedía los dos mil pesos por predio, pago que empezó a incrementarse una vez se aprobó el proceso de privatización de la economía nacional, con el obvio propósito de prepararle el terreno a los compradores privados que vendrían luego. Actualmente, las tarifas de aseo de Emas -que se basan en la llamada "estratificación", proceso también amañado porque no corresponde con el ingreso de los usuarios- van entre mil quinientos y diez mil pesos para el sector residencial. Pero este cobro ya no se hace por ficha catastral sino por el número de viviendas o de locales que tenga el predio, lo que trae como consecuencia que por este concepto también se pague más que lo que se pagaba antes. Con gran certeza se puede asegurar que el servicio de aseo ha subido en más de un mil por ciento desde 1990 para esos propietarios. Y también son particularmente escandalosas las alzas en las tarifas de apartamentos, locales y oficinas.

En la política de arrancarle a los usuarios cuanto centavo puedan, a los privatizadores no les tembló el pulso para imponerles tarifa "comercial" a iglesias, juntas de acción comunal, centros religiosos, escuelas y demás entidades sin ánimo de lucro. Aunque parezca mentira, existen casos de juntas de acción comunal embargadas, con responsabilidad jurídica para sus directivos y con el riesgo de perder la propiedad. Y se sabe de comunidades religiosas cuyos reclamos han sido rechazados por las autoridades que supuestamente deben controlar las tarifas, porque, éstas alegan, las altas tarifas son legales. Sin duda, la Ley 142 de 1994, la que permite las tarifas confiscatorias, puede ser legal, pero no representa los intereses de los colombianos sino los de los monopolios privados.

Cuando se fue a privatizar a Emtelsa, la telefónica de Manizales, se aseguró que los "procesos de competencia" traerían "cobros más baratos". ¿Y qué pasó? El costo promedio del impulso de la llamada local en Colombia era, en 1996, de 4 pesos. Hoy, cuando ha avanzado la privatización, ese mismo impulso le cuesta al estrato tres 21 pesos, el 500 por ciento más. Si la llamada se hace desde un teléfono "público", cobran por el impulso 60 pesos, pero con el agravante de que seguramente tendrá que emplear una tarjeta prepagada, mecanismo que contiene, además, una escandalosa utilidad financiera. Si se realiza a un teléfono celular puede costar a 1.319 pesos el minuto. Y la larga distancia nacional también sufrió grandes incrementos en sus tarifas. Con estos costos, sumados a la acelerada pauperización de tantos, no es extraño que muchos hayan tenido que entregar sus teléfonos. Lo que sí bajó sus precios fueron las llamadas internacionales, lo cual, como se sabe, favorece principalmente a las transnacionales.

De ahí la importancia que tiene que los colombianos nos organicemos en Ligas de Usuarios de Servicios Públicos, con el propósito de oponer resistencia democrática a los desmanes del neoliberalismo privatizador, política que, para hacerla más repudiable aún, se diseñó para favorecer principalmente al capital extranjero y especialmente al de Estados Unidos.