Oscar Gutiérrez Reyes, Manizales, Noviembre 27 de 2008
Agradezco a la comunidad, que será afectada por este programa de renovación urbana, el respaldo que dieron a quienes adelantaron la tarea de recoger las firmas necesarias para la realización de este cabildo. En mi calidad de coordinador del Polo Democrático Alternativo de Caldas y de asesor de la Liga de Usuarios de Manizales, quiero expresar la siguiente opinión sobre la propuesta de la administración municipal Plan Integral de Desarrollo de la Comuna San José. Quiero hacer esta exposición tocando así sea rápidamente y entreverados los siguientes aspectos: El documento Ciudades Amables, Algunas reflexiones, que haré en el transcurso de la exposición, sobre el Plan Integral de Desarrollo de la Comuna San José, y una propuesta, a manera de conclusión, a la comunidad y al Honorable Concejo Municipal.
Ciudades Amables
Sin lugar a dudas y está dicho en el documento de la administración municipal, este proyecto está ligado a políticas nacionales y éstas a su vez a consideraciones derivadas de objetivos propuestos por instituciones del capital financiero internacional como lo es el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Lo anterior lo sustento en el documento que sirve de referencia al programa que se quiere desarrollar en la ciudad y que, elaborado por el gobierno nacional y conocido como 2019 Visión Colombia II Centenario, contiene un capítulo, Construir Ciudades Amables donde se delinean los programas, se trazan los objetivos de política sectorial y se promueven las herramientas que pueden y deben usar las alcaldías para implementar dichas políticas. Un documento que, de alguna manera, recoge las experiencias desarrolladas en ciudades como Bogotá con el plan de renovación urbana de San Victorino o el de Pereira con Ciudad Victoria.
El documento de políticas sectoriales del Banco Interamericano de Desarrollo BID, define con claridad los énfasis que se harán en los programas que, financiados por ellos, se vayan a desarrollar. La teoría general que alumbra estos proyectos, además de servir para colocar inmensos capitales sobrantes de los inversionistas a rentar, a hacer utilidades, se basa en la consideración de que “la pobreza es más llevadera en las ciudades y más si éstas son amables”.
El documento del gobierno nacional se ajusta a los lineamientos de política elaborados por el BID y la propuesta de la administración municipal incluye el acercamiento al BID para la financiación del proyecto, tal y como está señalado en el documento presentado al concejo municipal.
Los ejes fundamentales sobre los cuales se plantea la política de mejoramiento de las ciudades colombianas, en la propuesta del gobierno nacional, son: Desarrollo Urbano, Vivienda, Agua Potable y Saneamiento Básico y Transporte. Y cada uno de estos ejes está a su vez subdividido: Por ejemplo, el de Desarrollo Urbano tiene componentes como la necesidad de disponer de áreas urbanas para densificar las ciudades -modificar el crecimiento horizontal por el crecimiento vertical-, aspecto claro en la propuesta del gobierno municipal, al proponer la construcción de edificios destinados a la vivienda de interés social, VIS, y de interés Prioritario, VIP.
Lo mismo podría señalarse en aspectos como zonas verdes (Parques, Eco-parques) aumento del espacio público, ¿qué será de los vendedores ambulantes y estacionarios de la Galería?, ¿qué pasará con los mecánicos del parque Liborio y del “tierrero”?, ¿qué con los que se ganan el pan en el sector de la actual Terminal de Transportes?
Esto también está relacionado con la creación de nuevas áreas comerciales (Traslado del Terminal de Transportes y creación de almacenes de grandes superficies). De igual manera se plantea la remodelación y reorganización de la Galería.
Se define también la propuesta en lo que se conoce como equipamiento urbano. Edificios destinados a la atención de necesidades que se crean por la aglomeración de seres humanos en los conglomerados urbanos. Educación, salud, seguridad, administración de justicia, son aspectos contemplados en la propuesta de demoler edificios de educación para construir megacolegios, concentrar los servicios que presta Assbasalud, construir cuarteles de policía, crear la ciudadela de la justicia, asuntos todos estos, enfocados a generar un inmenso proyecto de renovación urbana enmarcado dentro de los criterios que, como ya señale, esboza el gobierno nacional en su propuesta de ciudades amables.
En cuanto a los servicios públicos, el gobierno nacional hace énfasis en saneamiento básico, pero en esta zona de la ciudad, el problema está resuelto. Al hacer la intervención que se propone habrá que mejorarlos y adecuarlos a la nueva densidad poblacional que adquirirá el área. El tratamiento y manejo de taludes y el traslado de los habitantes que están en zonas de riesgo, viviendo en condiciones de insalubridad y hacinamiento, también hace parte de la política de ciudades amables.
Aspectos parecidos a los ya reseñados podríamos señalar en el tema de la movilidad urbana, contemplado en el proyecto con la construcción de la Avenida Colón y el mejoramiento de otras vías, lo que a su vez se entronca con el tema del transporte urbano, tema en el que se viene desarrollando una política expresada en el TIM, que debiera ser objeto de un cabildo abierto también y de serias reflexiones sobre la manera como se viene ejecutando.
Y, finalmente, hay que comentar el tema que quizás es objeto de la presencia de muchos de los que hoy hacen presencia en este cabildo. El problema de la Vivienda. Mirémoslo rápidamente al menos en dos aspectos. Uno el que tiene que ver con los lotes en los cuales se van a construir parte de los equipamientos urbanos ya señalados y los edificios que según la propuesta albergaran 5 mil 500 apartamentos. 4 mil VIP y mil 500 VIS.
Y aquí comenzamos las reflexiones y preguntas que deberá contestar la administración Municipal de acuerdo con el procedimiento señalado en la legislación sobre cabildos abiertos. ¿En los lotes de quiénes se harán estas construcciones? ¿Cuánta área se requiere para adelantar las construcciones? ¿De cuántas manzanas estamos hablando? ¿Cuántas familias se quedarán sin sus viviendas? ¿Se justifica desplazar a varios centenares de propietarios de este sector de la ciudad –tal vez el de mejor situación geográfica- para dar paso a este proyecto? Si les van a comprar sus propiedades ¿a qué precio será? ¿Al valor comercial o al valor catastral? ¿Quién les garantizará que no les compren a menos precio? ¿La compra se hará apoyándose en la legislación que es, a todas luces, contraria al interés de los propietarios? ¿Adonde se irán a vivir aquellos que sean desplazados para dar paso a la construcción de los multifamiliares? Y lo mismo se puede preguntar sobre las áreas que se requieren para el desarrollo de la Avenida Colón.
Y un segundo aspecto. Para llevar a cabo el plan se ofrece a los habitantes la construcción de viviendas de interés social que, todos sabemos, no pueden adquirir sino aquellos que tengan capacidad de ahorro o lo que es lo mismo, trabajos que les permitan pagar cuotas de amortización que serán fijadas por quienes hagan los préstamos, es decir, el capital financiero, los bancos. En qué condición quedarán las familias que hoy no pagan cuotas, así vivan en casas con muchas deficiencias. Tendrán que asumir obligaciones que no podrán cumplir como ya se ha visto en otras experiencias realizadas en la ciudad. Cuotas que además serán para pagar apartamentos de 42 metros cuadrados. Y cuando no tengan con qué pagar ¿Qué pasará? ¿No los sacan? ¿Pagará las obligaciones el municipio? ¿Las perdonarán los banqueros? ¿Debemos permitir viviendas en edificios multifamiliares de 42 metros cuadrados? ¿Son esos apartamentos viviendas dignas?
Dos consideraciones finales
Todos los procesos de renovación urbana tienen beneficiarios y todos también perjudicados. En las propuestas del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, está de fondo la necesidad que tienen de encontrar nuevas áreas en las cuáles prestar dinero, en las cuáles hacer negocios. Dinero que prestan y que se les tiene que devolver y con intereses. También en estos procesos aparecen los especuladores inmobiliarios, aquellos personajes que terminan propietarios de los terrenos en los que se adelantarán las obras, quienes traen también el propósito de hacer negocios y claro, por la naturaleza de los programas, tienen que estar los grandes constructores que vienen también a hacer negocios. El capital financiero, los especuladores del suelo urbano y los grandes constructores, todos con el interés de hacer negocio. Y la administración municipal ¿a quién protegerá? ¿A los que hoy habitan en la zona? ¿Cómo se manejarán las contradicciones económicas? ¿La administración compra, construye y financia? ¿O la administración compra, revende y facilita los negocios? Estos son temas gruesos que merecen claridad antes de tomar decisiones que terminen afectando a cientos de habitantes que hoy viven, exceptuando a los que habitan en zonas de riesgo, tranquilos en sus viviendas.
¿Podría, todo lo dicho, señalarse como oponernos al mejoramiento de las condiciones de vida y existencia de varios miles de ciudadanos que hoy habitan en la comuna San José? De ninguna manera. Se pueden adelantar procesos de mejoramiento de las viviendas y del entorno de las mismas siempre y cuando esos procesos tengan como prioridad eso, mejorar las condiciones de vida de la gente. La experiencia de Bogotá y de Pereira deja claro que los habitantes tradicionales de esas zonas terminaron prácticamente expropiados, desplazados de sus viviendas y sector y arrinconados en casas de igual o peor condición.
Y los parques, la Avenida Colón y las demás obras de interés general que no tienen patrocinador estatal, ¿Quién las pagará? ¿Se programará y cobrará otra valorización? Y una vez mejorada la zona, quienes queden en la misma ¿seguirán siendo de estrato uno y dos como son hoy la gran mayoría de los habitantes de la comuna? ¿O subirán de estrato y con ello pagarán servicios públicos e impuesto predial más costoso?
Lo lógico sería desarrollar una política pública de vivienda social que tenga como objetivo solucionar el problema de las familias que habitan en zonas de riesgo. En cuanto a lo demás que se propone, lo lógico sería también, desarrollar los programas que sean de utilidad pública pero sin desalojar de su entorno a ninguno de los habitantes de la Comuna San José.
Propuesta de conclusión
Este proyecto se debe enfrentar de manera unificada por parte de los diversos sectores, que de llevarse acabo así como está planteado, terminarán afectados. Lo primero que debe hacerse es constituir una organización que asuma la defensa de los intereses de los propietarios e inquilinos, comerciantes y vendedores estacionarios, propietarios de almacenes y mecánicos. Debe constituirse también una veeduría ciudadana. Y debe establecerse un programa que defina las condiciones y las prioridades en las que se adelantará el proyecto, condiciones y prioridades que deben ser consultadas y discutidas democráticamente con los afectados.
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