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El TISA extendería crisis, como la de Electricaribe, a todo el país

Norman Alarcón Rodas, Movimiento Indignados con Electricaribe, Barranquilla, 9 de septiembre de 2016

Dieciséis años son suficientes para hacer un balance de lo que ha sido la vinculación de la trasnacional española Gas Natural Fenosa a la Costa Atlántica, después de la enajenación de las siete electrificadoras de la región, primero a otra empresa foránea con sede en Caracas y luego a Unión Fenosa, según fuentes creíbles, por valor de 450 millones de dólares (a precio de gallina flaca). Esta privatización es el origen principal de la crisis eléctrica de esta región por cuanto la distribución y comercialización de este servicio, clave para la calidad de vida de más de diez millones de habitantes y la competitividad del sector productivo, pasó de ser un patrimonio público a un monopolio privado con ánimo de lucro y los usuarios fueron convertidos en clientes.

ATRASOS EN LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA POR MÁS DE VEINTE AÑOS

Expertos en el sector eléctrico diagnostican que el atraso tecnológico en la Región Norte del país es de más de veinte años. Debemos recordar las épocas de Corelca (Corporación Eléctrica Regional de la Costa Atlántica), empresa de carácter público que levantó buena parte de la infraestructura con cargo a una sobretasa pagada por los costeños por veinte años, la cual no recibía subsidios estatales sino la competencia desleal de empresas privadas y que terminó liquidada. En alguna medida Gas Natural Fenosa ha desmejorado las redes como es el caso de cambiar las redes de cobre, buen conductor de energía, para reemplazarlas por redes de aluminio de mala calidad (lo cual fue admitido por el presidente de Electricaribe José García Sanleandro en entrevista con La Silla Vacía).

El deterioro también se aprecia en la fuerza laboral ya que esta empresa se ha dedicado a la tercerización en las labores misionales, como lo dicen las cifras de la misma. Menos cuadrillas de trabajadores que antes, menos vehículos para las reparaciones. En la actualidad hay 1.200 trabajadores vinculados directamente a la empresa en la Costa Atlántica y cinco mil tercerizados. Todo en desmedro de un buen servicio y con altos riesgos para los operarios.

LA NORMATIVIDAD TARIFARIA DE LA CREG ATENTA CONTRA LOS USUARIOS

Un estudio de la Ecsim contratado por el gobierno actual a través de Bancoldex, dice que tenemos una de las tarifas más altas del mundo y que se pueden hacer modificaciones para moderarlas. Resultado: el estudio fue dejado de lado. Las tarifas son así de altas porque las empresas distribuidoras como Electricaribe 1) Cobran la infraestructura como nueva, siendo obsoleta. Se denomina valor de reposición a nuevo (VNR). 2) Le permiten a estas empresas tener una de las más altas rentabilidades del mundo (13,9%), el llamado WACC, cuando el promedio internacional es del 8%. 3) Les cobran a los usuarios vía tarifas el impuesto de renta del 33% cuando realmente pagan el 20% según reporte de la Dian. Este último extra cobro puede sobrepasar el billón de pesos al año contra los usuarios por parte de las empresas de energía y gas del país. Además la Creg está por aprobar una nueva normativa tarifaria para un periodo de cinco años y estas iniquidades se mantienen, algunas contraviniendo el Código Penal, como lo demostró el senador Robledo recientemente en la comisión quinta del senado.

EL PLAN5CARIBE RESULTÓ COMO PAÑITOS DE AGUA TIBIA

A mediados del año pasado, a raíz de las protestas permanentes de los usuarios, el Ministerio de Minas presentó el Plan5Caribe como la solución a la problemática eléctrica de la Costa. Muchos sectores, como los Indignados con Electricaribe, alertaron que se trataba de pañitos de agua tibia porque de los 4 billones destinados para inversión, tres billones de pesos eran para el Sistema de Transmisión Nacional y el Sistema de Transmisión Regional que no hacen parte de Electricaribe y un billón de pesos tenía que aportar esta empresa, todo pagado por los usuarios vía tarifas, o sea que no sale un peso nuevo de esa empresa, pero además completamente insuficiente, 250.000 millones anuales para resolver todo el atraso tecnológico de décadas en siete departamentos caribeños. Ahora la Contraloría General de la República y la gerencia de dicho plan dicen que la empresa foránea apenas ha cumplido con el 19% en el 2016.

EL MITO DE LA CULTURA DEL NO PAGO

El recaudo de la empresa a 31 de diciembre de 2015 fue de 83,9% de los clientes residenciales y de los sectores comerciales e industriales regulados según muestra el balance financiero de Electricaribe. En cuanto a energía social, que atendía zonas especiales, de difícil gestión y barrios subnormales el recaudo ha venido mejorando así: 2014, el 42,02% y el 2015, el 75,61%. No es cierto lo de la cultura del no pago, por ejemplo en los casos de los servicios de agua y gas los recaudos son alrededor del 95%. Es un insulto a la ciudadanía calificarla de negligente en el pago de las facturas cuando la realidad demuestra lo contrario.

Lo que sí existe son los cobros amañados y excesivos principalmente a los sectores más desprotegidos, violando el contrato de condiciones uniformes (que casi nadie conoce porque no lo entregan) por ejemplo en el compromiso de Electricaribe de entregar una energía de calidad y continua y de mínimo 110 voltios cuando no llega muchas veces ni a noventa voltios, lo que es un fraude permanente, además de atentar contra los artefactos eléctricos que muchas veces se dañan por esa causa y aumentan los consumos lo que lleva a cobros más altos.

EL INCUMPLIMIENTO DEL GOBIERNO EN CONDONAR LA DEUDA DE ENERGIA SOCIAL

En la Cumbre Energética del 14 de enero pasado en Barranquilla el presidente Juan Manuel Santos se comprometió a cancelar la deuda de 400.000 millones de pesos a 400.000 usuarios, deuda que debe ser auditada y depurada, pero que debe ser cumplida la palabra empeñada, porque la empresa está llevando a cabo continuos cortes en el servicio a numerosos usuarios que ya tienen la expectativa del compromiso presidencial.

LA INTERVENCIÓN DE LA SUPERSERVICIOS SE JUSTIFICA PLENAMENTE

Prácticamente todas las causales del artículo 59 de la ley 142 de 1994 se le pueden aplicar a Electricaribe. Lo que ha faltado es voluntad política. Se puede intervenir cuando no presta el servicio de calidad y continuo, si hay perturbaciones del orden público, si se teme que puede suspender pagos de obligaciones mercantiles (MX), etc. Esta medida ha tomado mucha fuerza en distintos sectores de parlamentarios, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, gremios, usuarios, pero el gobierno le teme a una confrontación con la trasnacional Gas Natural Fenosa y más bien ha sido alcahueta con sus condenables procederes.

TRATADOS LEONINOS LA CARTA MARCADA DE FENOSA

Cuando más aislada estaba la empresa, como lo estuvo en Guatemala y República Dominicana, donde fue expulsada por la iracundia de la población, Gas Natural Fenosa saca la carta marcada del tratado de protección recíproca de inversiones (ley 437 de 1998) que le da seis meses para discutir las controversias directamente con el gobierno y luego de transcurrir ese plazo sin acuerdos entre las partes, los grandes empresarios extranjeros quedarían facultados para decidir unilateralmente el camino a seguir, que puede ser acudir a tribunales de Colombia (que no les va a interesar), a un arbitramento en las Naciones Unidas en Nueva York o someter las diferencias a tribunales Internacionales de resolución de conflictos, en los cuales Colombia estaría perdida porque solo tendría un voto de los tres árbitros que los integran. También tiene a su favor Fenosa el TLC con la Unión Europea que aprobó el congreso y firmó el gobierno. Se trata de lo entrampado en que se encuentra nuestro país por cuenta de estos tratados desiguales, que hacen que las soluciones a las controversias con empresas foráneas estén por fuera del ordenamiento jurídico interno.

EL TRATADO INTERNACIONAL TISA EMPEORARÍA LA CRISIS EN LA COSTA ATLÁNTICA

Ahora que se está negociando el Tratado Internacional de Servicios (TISA), que incluye los servicios públicos, es necesario develar ante el pueblo y la nación colombiana que los actuales términos inequitativos de los tratados que se han firmado con las potencias industrializadas del planeta van a ser empeorados al máximo en el TISA por cuanto ya se sabe por lo menos los siguientes aspectos dados a conocer por los llamados Wikileaks de Julián Assange:

1) Que se está negociando en secreto por parte del gobierno de Estados Unidos con medio centenar de países el llamado TISA.

2) Que de llegarse a firmar el susodicho tratado, sus cláusulas solo podrían ser conocidas cinco años después y

3) que van a ser incrementadas las ventajas a favor del gran capital financiero internacional en detrimento de los intereses de buena parte de los habitantes del mundo por la profundización de las privatizaciones del patrimonio público.

Pero también habría de suponer que frente al incremento de las ventajas de una minoría expoliadora que solo representa el uno por ciento de la humanidad, la otra parte no se quedaría presentando la otra mejilla sino que también se fortalecería la resistencia global y la confrontación se extendería a nivel planetario. En el caso de Electricaribe ya se asoman dichas circunstancias: las pretensiones desmesuradas de Gas Natural Fenosa y la creciente resistencia civil de toda una región.

SOLUCIÓN ESTRUCTURAL A LA CRISIS ELÉCTRICA DE LA REGIÓN CARIBE

La crisis eléctrica estructural de la Costa requiere de una salida integral que abarque los aspectos más relevantes, que vayan al fondo de la problemática como los siguientes:

1. La intervención de la Superservicios al tenor del artículo 59 de la ley 142 de 1994

2. La inversión más grande que se tenga noticia en la Costa por parte del Estado para modernizar la infraestructura obsoleta y el atraso tecnólogico ya que Gas Natural Fenosa en 16 años no apropió ningún recurso para este propósito, pero si dilapidó buena parte de inversiones oficiales con plata de todos los colombianos (700 mil millones de pesos en los últimos diez años) destinados a los programa Prone (normalización de redes) y Faer (electrificación rural) según denuncias de la Contraloría General de la República.

3. Estas grandes inversiones oficiales, sin las cuales no habrá mejoras en la infraestructura eléctrica regional, deberán ser capitalizadas en acciones de Electricaribe a favor de la Nación que posee algo más del 10% del total accionario y mantener el carácter mixto de la empresa.

4. Para que no se presenten impactos en las tarifas de la energía para los usuarios se utilizarán los dividendos generados por dicha inversión pública.

5. Modificar la normativa tarifaria para quitarle gabelas a los oligopolios, que no cobren las redes viejas como nuevas, que la rentabilidad baje del 13,9% al promedio mundial de 8% y que no le cobren a los usuarios los impuestos de renta que no le pagan al fisco.

6. Es necesario preservar los derechos convencionales de los trabajadores activos y de los pensionados, como también actuar para que los trabajos misionales sean realizados por operarios contratados directamente por la empresa y no se mantenga la odiosa tercerización.

7. Que se mantenga la integralidad de la empresa por razones de economía de escala ya que sería un grave error segmentar la distribución y comercialización de la energía en la Costa, un retroceso histórico.

8. Rechazar y denunciar por todos los medios los “acuerdos” como el TISA, el tratado de protección de inversiones recíprocas con España y los Tratados de Libre Comercio por ser contrarios al interés nacional y avasallar al país por parte de las potencias económicas.

Finalmente, los usuarios residenciales y de la pequeña y mediana industria reclamamos nuestra participación activa en la búsqueda de soluciones a una problemática de la cual depende el futuro y el progreso de esta estratégica región de Colombia, entendiendo que solo con la movilización civilizada pero enérgica y la unidad más sólida de todas las fuerzas vivas de los siete departamentos de la Región Caribe lograremos pasar esta página oscura de nuestra historia.

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
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