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El TTIP y el futuro

Waldo Fernandez, octubre de 2015

Más de 250.000 personas se manifestaron hace unos días en Berlín en contra del tratado de libre comercio que se negocia entre Estados Unidos y la Unión Europea (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP). En decenas de ciudades europeas (también en Washington) se han realizado protestas, y diversas “euromarchas” convergieron en Bruselas, donde varios parlamentarios españoles fueron detenidos, arrastrados y tumbados en el suelo durante más de dos horas por la policía belga, bajo la fría lluvia que caía sobre la capital europea. 54 manifestaciones han tenido lugar en ciudades españolas. Más de tres millones de firmas de ciudadanos europeos han llegado a la Comisión.

El objetivo, en todos los casos, era exigir a la Comisión Europea la paralización de las negociaciones del TTIP, las que –aseguran- sólo responden a los intereses de las multinacionales y forman parte de una “ofensiva neoliberal”

Estos hechos han tenido un perfil bajo en los medios españoles, opacados por el tema catalán y la precampaña electoral. Sin embargo, muchos piensan que en el TTIP nos jugamos mucho más que en las elecciones.

Un tratado a medida de las multinacionales

La mayoría de los economistas occidentales sostienen que las restricciones al comercio entre países entorpecen las economías nacionales, y califican de proteccionismo las barreras a la libertad de comercio internacional.

Teóricamente, los tratados de libre comercio (TLC) buscan ampliar el mercado de los países involucrados, mediante la eliminación de los derechos arancelarios y otras trabas que limiten las exportaciones e importaciones. Pero en realidad, los modernos TLC van mucho más allá. En el caso del TTIP, cuya negociación se inició en 2013 y que entra ahora en su fase definitiva, va mucho más allá del comercio y la inversión; el objetivo no es tanto la reducción de los aranceles, que son bastante bajos (en torno al 2,5% de media), sino modificar sustancialmente la normativa general, de manera que favorezca más aún a las empresas multinacionales.

El tratado habla de "eliminar las normativas y la regulación que supongan un obstáculo para el comercio”. Se contempla la creación de un “Consejo de Cooperación Reguladora”, cuya función sería adaptar todas las leyes de los parlamentos nacionales y las administraciones territoriales de Europa a los deseos de las empresas; podría también paralizar las leyes antes de que fueran aprobadas en los parlamentos… Es decir, en la práctica supondría dar voz y voto a las empresas para legislar en función de sus intereses. Es obvio suponer que ello afectará a la protección y la seguridad de los consumidores.

También habla el tratado de abrir la educación, la salud y otros servicios a los mercados, lo cual no deja lugar a la duda del destino privatizador que les espera a servicios públicos como el agua, la salud, la educación, la energía, la cultura... Con ello se perdería el concepto de “servicio público”, en beneficio de la rentabilidad empresarial. A nadie se le oculta que lo anterior llevará consigo una rebaja de los derechos laborales de los trabajadores y de los derechos de representación colectiva sindical.

El TTIP contempla una disminución en los estándares medioambientales; es decir, que se debilitará la actual legislación, para dejar mano libre a las multinacionales, con consecuencias realmente imprevisibles para al ambiente.

Además, significará cambios importantes en los etiquetados de los productos y la posible supresión de las denominaciones de origen actuales, y una mayor apertura para la entrada de transgénicos... Un efecto concreto será la entrada en Europa de productos alimenticios estadounidenses que hoy están prohibidos en Europa, como los cerdos alimentados con Ractopamina, sustancia prohibida en la Unión Europea hace casi 20 años.

Las empresas farmacéuticas son uno de los sectores más interesados en el TTIP. Intentan prolongar el periodo de concesión de patentes y combatir a los medicamentos genéricos (con lo que aumentarían los precios de los medicamentos de marca), y reducir aún más la transparencia sobre los ensayos clínicos de los nuevos fármacos. Sólo en 2014 las principales empresas del sector invirtieron 40 millones en acciones de lobby para impulsar el TTIP.

La comisión dice que con el TTIP se crearán cientos de miles de puestos de trabajo. Sin embargo, la experiencia parece demostrar lo contrario. El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (firmado en 1994), ha destruido más dos millones de empleos en México.

Así las cosas, parece que el tratado, que es apoyado por socialistas, liberales y conservadores en la Unión Europea, es un traje a medida para las multinacionales y una hipoteca para el futuro de Europa, en detrimento de las soberanías nacionales, los derechos de los trabajadores, las PYMES y los autónomos, y los estándares de seguridad y de protección del medio ambiente. De hecho, los representantes de las multinacionales han estado presentes en el 92% de las reuniones de la negociación (en especial la Business Europe, la patronal europea), mientras la Comisión se muestra mucho más reticente a la hora de reunirse con representantes de la sociedad civil.

Por otro lado, partidos de oposición, sindicatos y representantes de la sociedad civil no ven claro por qué había de negociarse con Estados Unidos, que sólo ha ratificado dos de los diez convenios fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo.

En la ola neoliberal

Uno de los aspectos más indignos del TTIP es la cláusula de protección de inversiones, mediante la cual las empresas podrían demandar a los estados si éstos aprueban leyes o normas que puedan perjudicar a sus inversiones…, pero los estados no podrían demandar a las empresas. En ese marco, por ejemplo, Egipto fue demandado por incrementar en cinco euros el salario mínimo, y Uruguay por incluir en las cajetillas de tabaco advertencias sobre los peligros de éste…

Los encargados de “impartir justicia” ante estas demandas no serían los tribunales nacionales o internacionales públicos, sino instancias privadas de arbitraje, que están constituidos por unas pocas empresas estadounidenses británicas y canadienses. ¿Alguien puede ver ahí algún indicio de imparcialidad?

¿No constituye esta cláusula de protección de inversiones una limitación de la soberanía de los Estados y una degradación de la democracia y el Estado de Derecho?

La Comisión Europea tiene por norma (autorizada por el Tratado de Maastricht, de 2007) negociar tratados bilaterales en nombre de los estados sin dar explicaciones. En el caso del TTIP, sin embargo, el secretismo ha sobrepasado la imaginación. El asunto lo llevan los negociadores de las partes, sin que nadie pudiera acceder a informaciones. De hecho, el jefe negociador de Bruselas se comprometió con su homónimo estadounidense a que la documentación relacionada con las negociaciones estaría cerrada al público durante 30 años (!).

Las movilizaciones ciudadanas y las presiones políticas han permitido conocer algo. Los eurodiputados pueden leer, bajo vigilancia de funcionarios europeos, algunas partes de los acuerdos durante dos horas, pidiendo cita previa, en una sala de lectura, sin poder hacer fotocopias y sin llevar consigo teléfono móvil, cámara de fotos o papel para tomar apuntes. Tienen prohibido hablar con la prensa sobre lo leído, bajo la amenaza de sanciones administrativas e incluso de procesos penales…

Economistas y dirigentes sociales ven en el TTIP un paso más en la ola de liberalización que desde hace años nos invade, un nuevo factor que apoyaría la construcción neoliberal de Europa. Algunos hablan de él como “el ataque más brutal contra la democracia desde la toma del poder de los fascismos en el siglo XX”, o de “un huracán que se llevará por delante nuestros derechos”

No es difícil observar que el TTIP busca, en esencia, colocar la obtención de beneficios económicos por encima de las personas y sus derechos, y del cuidado del medio ambiente. Y esto va radicalmente en contra del ser humano, en especial de quienes han sido relegados a la pobreza por efecto de la propia política neoliberal.

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
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