El gobierno central pretende quitarles a las regiones el manejo de las regalías para tapar el hueco fiscal

No hay bonanza petrolera. Contratos petroleros onerosos para la nación. La regalía petrolera está en 8 por ciento, en promedio, cuando en el mundo no baja de 17 por ciento. La del oro, en apenas 4 por ciento. El Estado no les hace auditoría a las trasnacionales. El concepto de la Contraloría. Anglo Gold Ashanti se gastó 300.000 millones de pesos en gobernabilidad. El gobierno central está manipulando lo de la corrupción de las regiones para quitarles el manejo de la plata. La regla fiscal. El dolarducto.

Aprovecho para informar que esta noche en la plenaria tenemos un debate para examinar las relaciones entre el gobierno y la oposición. Y antes de entrar en materia, quiero detenerme un poco en el lío de la leche. Hace ocho días aprobamos aquí una proposición en la que llamábamos al ministro de Agricultura y al ministro de Salud a derogar la resolución 3411, que puede provocar un desastre en la economía lechera colombiana. Si llega a prohibirse comercializar la leche cruda el próximo 26 de agosto en ciudades de más de 500 mil habitantes y después, con otro salto grande, en febrero de 2011, para las ciudades de más de cien mil habitantes, nos vamos a enfrentar a una situación muy delicada, porque la industria solo tiene capacidad para pasteurizar el 50 por ciento de la leche que se produce en Colombia. Es inaudito, señor director de Planeación, pero así es. Aquí van a arruinar a todos los comerciantes de leche cruda y a miles de ganaderos que se van a quedar sin a quién venderle la leche, y todo, a mi juicio, para abrirles camino a las importaciones de lácteos provenientes de Estados Unidos y Europa. Insisto en llamar a los ministros Restrepo y Santamaría a que quiten ese adefesio, porque su impacto social será especialmente grave.

En tercer término, señor ministro de Minas, me toca mencionar un caso particular para ver si le encontramos solución. El 10 de agosto, el gobernador del Cesar le envió una carta al presidente de la República en la que denuncia serias irregularidades en Ingeominas ante el hecho de que la Drummond, empresa minera norteamericana, está pidiendo renegociar dos contratos, uno en La Loma y otro en El Paso. Lo grave es que las opiniones del doctor José Neiza y del doctor José Fernando Ceballos, director y subdirector del Servicio Minero, son contrarias a la renegociación. Neiza presentó incluso carta de renuncia, por considerar que hay presiones indebidas por parte del director de Ingeominas. Y agrega que “el conocimiento y experiencia que tengo en la ejecución y fiscalización de los proyectos de gran minería y del sector minero en general no me permiten atender sus instrucciones en el sentido de conceptuar favorablemente en la revisión y discusión de las modificaciones a los contratos” tramitados con la Drummond. Es un hecho de una gravedad manifiesta, que señalo aquí ante el ministro, ante quien hago una petición formal, y es que no haya ninguna revisión ni renegociación de ningún tipo de contrato minero en Colombia mientras a la Comisión Quinta no se le dé la posibilidad de analizarlas. Aquí no pueden seguir ocurriendo los horrores que estamos viendo en los negocios de la gran minería. La Contraloría, en un estudio que acaba de hacer, encontró hallazgos en los contratos con Cerromatoso por 23.400 millones de pesos en pesos de 2005, suma que, a juicio de la Contraloría, le adeuda la trasnacional a la nación. Ante la preocupación expresada por el gobernador del Cesar y por los dos altos funcionarios de Ingeominas, le pido formalmente, señor ministro, detener cualquier tipo de renegociación.

La bonanza petrolera, una falacia

El debate sobre regalías se hace en medio de una dificultad, porque todavía no conocemos en detalle lo que va a proponer el gobierno. No tenemos la información completa y el gobierno está en su derecho, por supuesto, de acabar de pulir la propuesta. Sin entrar mucho en los pormenores, mi intervención va entonces dirigida a que la opinión pública entienda qué se está discutiendo.

En buena medida, lo que el gobierno está montando para revisar las normas sobre regalías se encuentra sustentado sobre una falacia, la de la bonanza minero-energética. Esa bonanza, por lo menos la petrolera, no existe. Debe quedar perfectamente claro. Lo asegura gente del establecimiento como el doctor Salomón Kalmanóvitz y el doctor Guillermo Perry, exfuncionario del Banco Mundial. Yo estoy usando análisis del doctor Óscar Vanegas, director del Centro de Altos Estudios Mineros, y del doctor Sergio Lopera, PhD y profesor en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, y todos coinciden en que bonanza petrolera no hay. Ojalá hubiera, y nos alegraría, pero de momento no se da. Son muy claros en señalar que la producción actual, de unos 760 mil barriles, relativamente mejor que la de años anteriores, difícilmente podrá llegar al millón de barriles, salvo que se descubra un campo grande, lo que no ocurre desde hace veinte años. El aumento de la producción en estos años obedece al raspado de la olla, como suele decirse. Favorecidos por los altos precios del petróleo, se han estado reaprovechando los viejos campos como el de Cira Infantas en Barranca y otros, con procedimientos tecnológicos bien caros pero aun así costeables con petróleo a 80 dólares por barril. Los altos precios permitieron también que entraran a operar campos de crudos pesados como los de Castilla y Rubiales. En el aumento de las reservas, los nuevos hallazgos tan solo representan el 2 por ciento del total. Claro, se incrementaron también porque Ecopetrol les compró a las trasnacionales un par de campos.

Pero en lo que quiero hacer hincapié, sin entrar en más detalles, es en que nadie puede afirmar hoy que exista una bonanza petrolera. Si no se descubren nuevos yacimientos de importancia, la producción caerá otra vez y volverá inexorablemente a aparecer la amenaza de la falta de autosuficiencia petrolera. Han aparecido varias empresas exploradoras, aun cuando no es lo que se desearía. Un ejemplo típico de lo que está pasando es el concurso para explorar recién abierto por la Agencia Nacional de Hidrocarburos y en el que el grueso de las ofertas fueron hechas por Ecopetrol, una manera de señalar que no hubo participación de grandes trasnacionales.

El gobierno pretende ir por la plata de las regalías perteneciente a las regiones hablando de una bonanza que hasta el momento ni se avizora. Y hagamos una advertencia. Como ya lo dijo el senador Rodríguez, 80 por ciento de las regalías son petroleras, no de la minería del carbón. Luego la clave está en si Colombia va a encontrar más petróleo. Tengo mis dudas. Es una discusión vieja que tuvo aquí el senador Hugo Serrano y pienso que con las actuales políticas el problema no se va a resolver. En términos de nuestro inolvidable Hugo Serrano, aquí lo nuevo es que se ha raspado la olla.

Contratos onerosos para la nación

El segundo factor que explica por qué no hay bonanza petrolera son los contratos con las trasnacionales. Si hay algo malo en Colombia, son los contratos petroleros. Los gobiernos llevan no sé cuántos años reformándolos para que sean cada vez peores para el interés nacional. Tenemos el peor contrato petrolero del mundo. Claro que cuando yo hice esta afirmación en un debate con el doctor Mejía, en esos días ministro de Minas, él me replicó diciendo que no, que teníamos el mejor contrato. A la salida me preguntó un periodista, senador, y cómo se entiende que hagan afirmaciones tan contrarias, la razón de quién es. Le expliqué que estábamos hablando de cosas distintas. Yo estoy hablando del peor para el interés nacional y él, del mejor para los intereses de las trasnacionales, luego estamos finalmente de acuerdo.

Voy a dar unos datos. El total de lo que les corresponde a la nación y a los entes territoriales en un contrato petrolero, por regalías –el precio del crudo, porque el colmo sería que el recurso se diera gratis–, y por impuesto de renta, complementarios y otros, es llamado el State Take (todo lo que toma para sí el Estado). Hasta el año de 1999, era del 74 por ciento. En el gobierno de Andrés Pastrana se bajó al 58 por ciento y en el del presidente Uribe, en 2004, se bajó al 40 por ciento. Lo anterior, suponiendo impuesto de renta del 33 ó 35 ó 37 por ciento. La verdad es que las trasnacionales no pagan estos montos, porque disfrutan de mil exenciones y, lo que queda al final, doctor Horacio Serpa, es que les estamos regalando el crudo. Si yo fijo un State Take de 40 por ciento, con impuesto de renta del 33 por ciento, quiere decir que lo demás sería el 7 por ciento. Pero si la renta no es el del 33 sino del 23, una cifra probable en promedio, el crudo se está regalando. Este debe ser el centro del debate. Aquí la propuesta no debería ser cuánto le quita la nación al municipio o al departamento, y el departamento a los municipios, en una especie de rapiña por cuatro pesos, sino cómo aumentamos el tamaño de la torta a ver si les toca más tanto a la nación como a los municipios y departamentos. Porque a mí no me van a meter el cuento de que los municipios productores nadan en la abundancia. Acabo de regresar de Barrancabermeja y hay que oír a la gente expresando todo lo que sufre por mil razones. Y los problemas no se van a resolver simplemente con un mejor manejo de las regalías.

En resumen, aquí hay un problema gravísimo con el State Take, por una combinación de varios factores, el primero, las regalías, que vienen bajando y bajando. Hoy el promedio está en 8 por ciento, de acuerdo con los especialistas, pero resulta que el promedio mundial no baja de 17 por ciento (Fuente: BID y CAF, “Estudio hacia la integración energética hemisférica”, 2008). Otros factores no menos lesivos: las compañías trasnacionales no pagan impuesto de industria y comercio, ni el IVA que deberían, y son numerosas las exenciones escandalosas. El propio gobierno nacional ha señalado que el 50 por ciento de las exenciones tributarias –por ejemplo, sobre la reinversión de utilidades de las empresas–, equivalente a 3,9 billones de pesos, benefician a los negocios mineros o petroleros.

El problema de las bajas regalías no es solo del petróleo. En oro son apenas de 4 por ciento, y no sobre el total del precio de venta, sino solo sobre el 80 por ciento. Luego viene siendo del 3,2 por ciento. No me digan que no es una vergüenza que a uno le desbaraten un país, lo metan en riesgos como el de La Colosa, en el Tolima, con inmensos daños ambientales y laborales, por una regalía ridícula de 3,2 por ciento. Es mejor negocio hacer el hueco, sacar el oro, transportarlo, hacer el anillo, todo, menos ser el dueño del recurso. Hay una estrategia sistemática para rebajarles los impuestos, no a los pobres de Colombia, sino a los dueños del planeta, a la Exxon Mobil, a la ChevronTexaco. No estamos cobrando por nuestro petróleo lo que deberíamos.

El Estado no les hace auditoría a las trasnacionales

Hay otro problema no menos grave, que les he venido planteando a los distintos ministros sin que ninguno me haga caso, como es apenas natural, y se lo voy a plantear también a usted con toda franqueza, y es el de la auditoría de Ingeominas para que no nos tumben, como se dice coloquialmente. La auditoría es prácticamente nula. Lo he venido advirtiendo desde hace rato. ¿Quién nos garantiza que el tonelaje de carbón que embarcan El Cerrejón o Drummond sí sea el que ellos declaran? ¿Quién nos certifica que la calidad del carbón sea la alegada por Glencore o por cualquiera otra de las grandes compañías? ¿Quién nos prueba que el precio de venta en la Costa Este de Estados Unidos sí sea el aducido por ellas? Aquí hay un problema crucial de auditoría y puede haber un colosal detrimento patrimonial para la nación.

Nada menos que la Contraloría General de la República, en un reciente informe de auditoría, llamó la atención a los alcaldes y a los gobernadores para que estén atentos. Sobre los proyectos mineros de interés nacional que concentran el 95 por ciento de las regalías que recauda el gobierno, dice la Contraloría: “La información proveniente de los titulares mineros en el tema de regalías es en un alto porcentaje de buena fe, por cuanto la autoridad minera (que es Ingeominas) no cuenta con elementos suficientes desde el punto de vista técnico o legal para controvertir o rechazar las liquidaciones de producción y cálculo de regalías que reportan los titulares mineros, lo cual representa una seria debilidad y un riesgo permanente para los intereses del Estado y las regiones beneficiarias de las regalías mineras”. Y agrega: “En algunos casos, la metodología seguida para la liquidación no se ciñe conforme a la ley o de los contratos, sumado a la permisividad de Ingeominas”.

Palabras mayores. Este solo hecho debería producir un escándalo nacional, que yo sé que no va a producir, porque el poder de las trasnacionales es descomunal. Aquí el senador Mauricio Jaramillo, en la plenaria del Senado, le preguntó al gobierno cómo era posible que la Anglo Gold Ashanti se gastara 300.000 millones de pesos en un año en algo llamado gobernabilidad. Y esta es la hora en que no sabemos qué quiere decir gobernabilidad para la AngloGold Ashanti, empeñada en montar un gran proyecto minero en el Tolima. Qué será gobernabilidad cuando se gastan en ella mil millones de pesos al día. Piensa mal y acertarás, muy probablemente podría ser la respuesta.

Si usted va y habla con míster Drummond, esté seguro, senador Valera, de que no se gasta en auditoría menos del 8 ó el 15 por ciento de toda la operación de la mina. Nadie funciona con menos y usted lo sabe, señor ministro de Minas. El Almacén Éxito y todas las empresas privadas del mundo gastan en auditoría unas sumas descomunales, porque, si no, se les pierde la plata en la gerencia. Y entonces yo pregunto: si los dueños de las grandes empresas privadas del mundo no confían ni en sus gerentes, por qué el Estado colombiano sí confía en las trasnacionales. Si este fuera un país serio, aquí lo que debería estar andando es una norma que dijera, senador Milton Rodríguez, el tanto por ciento de todo contrato minero se destinará a auditoría, a montar una superauditoría con toda seriedad, para garantizar que nadie se robe un centavo, porque es la plata de la nación colombiana.

El discurso contra la corrupción

El tema de la ineficiencia es el otro punto del debate, ya mencionado también aquí. Hay un ambiente que no es casual, porque en Colombia nada es casual, y menos en la política. No hay colombiano que no tenga metido en la cabeza que se están robando la plata de las regalías. Y a todo el que cuestiona (lo que quiere hacer el gobierno) le salen con que el corrupto es usted, quién sabe cuánto saca. Es un procedimiento que se ha usado mucho. Cuando el gobierno iba a acabar con el Seguro Social, la bandera fue la corrupción. No hay política de privatización o medida contraria al progreso de Colombia que no se haya ambientado con un discurso moralista y anticorrupción. Y lo vienen haciendo en el caso de las regalías.

No voy a negar que haya problemas en el gasto público. Hay muchas denuncias que lo confirman. Pero llamo la atención sobre varios asuntos. Primero, que se individualicen las culpas mirando caso por caso. Es un derecho democrático elemental. No se puede afirmar que todos los funcionarios de todos los municipios donde hay regalías son ladrones. Es absolutamente inaceptable.

Y surge entonces la teoría de que como en las regiones se roban las regalías, traigámoslas para Bogotá. Es el asunto de fondo en este debate. Seriamente hablando, diría que es como escupir hacia arriba. ¿Cómo se explica que todos los alcaldes de Colombia sean corruptos y el único integérrimo sea el presidente, que no podría haber llegado al solio de Bolívar sin el respaldo de los alcaldes? Son inconsistencias que deberían explicarnos. No me opongo a que se persiga la corrupción y se sancione con dureza. Pero no me digan que está solo localizada en las regiones y que no existe en las instancias nacionales. Si la vamos a perseguir, persigámosla toda.

Si hay corrupción en las regiones, ¿el problema se resuelve quitándoles las regalías o, por el contrario, metiendo a la cárcel a los corruptos? Además, de acuerdo con las leyes colombianas, el Departamento Nacional de Planeación es el que controla y vigila el gasto de las regalías en las regiones. Luego si en las regiones hay mal uso, la responsabilidad en lo relacionado con la auditoría recae en Planeación. Puede incluso suspender los pagos, como ya lo ha hecho en varias ocasiones. No voy a decir entonces que no haya corrupción ni despilfarro, pero el tema es complejo. El punto es si el gobierno central está manipulando lo de la corrupción para quitarles la plata a las regiones, que es la amenaza que se viene, a unas regiones que en su mayor parte son muy pobres y padecen mil necesidades.

Cuentas claras

En las respuestas a este debate, el Departamento Nacional de Planeación, para poder argumentar que no solo hay corrupción sino también mal manejo, nos dice, y vuelvo a pedirles a los alcaldes estar atentos: de 180 municipios adonde llegan regalías, en 56 sí se ha resuelto el acceso de ciudadanos al régimen subsidiado y en 48, a la educación básica. Hay que hacer análisis de detalle y no de brocha gorda. En un municipio extremadamente pobre la mortalidad infantil no se va a resolver en forma automática porque le entren unos pesos de regalías. Los recursos de regalías no son infinitos ni operan como una vara mágica. Puede haber entonces algunos casos en que sí hayan sido mal administrados, pero también otros muchos en que simplemente fueron insuficientes. En Bogotá está mejor solucionado el problema de la educación que en el resto del país, pero yo me pregunto cuál es el porcentaje de la educación privada en la capital, colegios donde el Estado no pone un solo peso. En un pueblo pobre de La Guajira, así haya regalías, el porcentaje de educación privada es muchísimo menor. Es lo mismo con los sistemas de contributivo y subsidiado en salud. En los pueblos con regalías, ¿cuánta gente hay en el contributivo y cuánta en el subsidiado? Es probable que haya más en Medellín que en las regiones apartadas. Aquí necesitamos cálculos finos para que podamos hacer discusiones serias a ver si la plata se está perdiendo de verdad o lo que pasa es que es insuficiente. De lo contrario, terminamos en una manipulación descomunal. Quienes nos hemos movido en los círculos de la academia sabemos que las cifras se pueden manejar de mil maneras y el gobierno del doctor Uribe sí que ha sido experto en hacerlo. Como bien decía un economista muy distinguido, el pasado gobierno se caracterizó por torturar las cifras hasta hacerlas cantar. Al final ya no quedaron sino 9 por ciento de pobres.

El debate apenas está empezando y todos los colombianos tenemos que armarnos de cifras para confrontarlas con las del gobierno. Todas estas vueltas parecen apuntar a que las platas manejadas hoy por las regiones terminen siendo manejas por el gobierno central. ¿Va a llegar más plata o menos plata a Bogotá? Lo que viene sucediendo es extremadamente grave.

El doctor Amylkar Acosta, ya citado aquí, nos dice que en los últimos años les han venido transfiriendo a las regiones una serie de obligaciones y al mismo tiempo recortándoles los recursos. El Acto Legislativo 01 de 2001, del que tanto se acuerdan los maestros, cuando el doctor Santos era ministro de Hacienda, les recortó a las regiones las transferencias de salud y educación. El Acto Legislativo 04 de 2007 volvió a hacerles otro recorte a las transferencias territoriales. Y explica el doctor Amylkar Acosta que en 1991, de los ingresos corrientes de la nación, las regiones recibían el 48 por ciento. Hoy reciben el 34 por ciento, un recorte bárbaro. En términos de plata, según los gobernadores, entre el 2002 y el 2008, las regiones perdieron 27 billones de pesos. Y entre el 2008 y el 2016 van a perder otros 49 billones de pesos. Cuando aquí se nos aduzca que a las regiones les está llegando mucha plata, la pregunta es al revés: ¿y cuánta les han quitado? Hay que hacer completas todas las cuentas, porque si no, el debate se nos vuelve imposible. La nación se está quedando con el 82 por ciento del total de los impuestos, los municipios con el 12 y los departamentos con el 6. Hay que mostrar el mapa completo para que no nos dejemos meter el cuento de que aquí todo el país se está muriendo de hambre, menos veinte municipios productores que se embolsillan la plata de los demás. Así es como está puesto el debate en los medios de comunicación.

La regla fiscal

¿Por qué el gobierno, como política, sigue quitándoles plata a las regiones? El gobierno anterior presentó un proyecto de ley de responsabilidad fiscal, también llamado de la regla fiscal. Quiero llamarles la atención a los colombianos sobre una ley que apunta a darle un manejo al gasto público de forma tal que se vuelva imposible en la práctica hacer ciertos tipos de gasto si no coinciden con la lógica, no sé cómo llamarla, del libre comercio, del neoliberalismo, del Fondo Monetario, del Consenso de Washington. Lo ilustro con un ejemplo señalado por Guillermo Perry en algún documento. A lo que la norma apunta en últimas es a que no se puedan tomar decisiones como la de la Corte Constitucional, que igualó el POS del contributivo con el POS del subsidiado en salud, porque ¿dónde está la responsabilidad fiscal? Sería un gasto irresponsable, fiscalmente hablando. Ni tampoco adoptar la decisión de darles unos pesos a los desplazados.

Hay una contradicción palmaria entre los criterios fiscales a mi juicio tremendamente equivocados del gobierno nacional y los derechos establecidos en la Constitución. Así lo explicaban en estos días Jorge Bustamante y Eduardo Sarmiento, distinguidos analistas del Partido Liberal. Y el recorte de las regalías también está metido ahí, porque en últimas lo que persigue es resolverle problemas fiscales al gobierno central por la vía de golpear el gasto público destinado a la gente del común, porque se trata de municipios pobres.

¿Por qué las finanzas públicas son por completo insuficientes? El problema acaba aterrizando en este interrogante. Porque el gobierno que acaba de salir gastó más de lo que debía de acuerdo con un sano criterio fiscal. Y gastó más, y debo decirlo con absoluta franqueza, en buena medida haciendo clientelismo. Se manejó mal el gasto público porque había que cuadrar votos para la reelección.

Hay otros dos factores que explican el problema. La producción agropecuaria colombiana está siendo literalmente destruida, no en forma repentina, como cuando cae un rayo, sino a lo largo de un proceso que empezó en 1990 y desde entonces, el agro para atrás y para atrás, y eso que todavía no han entrado en vigencia los TLC. El solo Tratado con Estados Unidos, senadora Maritza Martínez, acaba con el arroz, y ese sí como un rayo, y el TLC con la Unión Europea golpea la leche. El aparato productivo colombiano funcional muy mal y es natural que si la economía no crece lo suficiente, y tan solo lo hacen los sectores monopolistas y trasnacionales, tampoco crezcan los ingresos fiscales. Resulta fácil entender que una menor actividad económica se traduce en recursos fiscales insuficientes. A lo anterior súmenle ustedes que las trasnacionales y los monopolios no están pagando los impuestos que deberían pagar, y así es imposible.

El dolarducto

Estos son debates en el seno del capitalismo y versan sobre cómo manejar un país. Y repito, es imposible que progrese un país donde los superrecontrahipermegarricos, las trasnacionales del carbón, las del oro, las del petróleo, no paguen impuestos. ¿Cómo no se va a producir así un problema fiscal agudísimo? Y la forma como lo atienden es cargándose a un montón de pobres, a quienes ya tienen estrangulados con un IVA de proporciones escandalosas, y todo para favorecer los intereses de las trasnacionales y para lograr la calificación de riesgo e invitar a los inversionistas extranjeros a venir a Colombia a montar un dolarducto, como lo llamó un amigo mío. ¿Qué es un dolarducto? Se trata de un aparato nuevo que transporta dólares de Colombia hacia el exterior. No me opongo a que los asuntos fiscales se miren con detenimiento, ni tampoco a que haya inversión extranjera ni explotación petrolera y minera, pero sí a que la economía se maneje tan mal. Colombia podría ser un país de los mejores del mundo. Posee un territorio enorme y lleno de riquezas y un pueblo creativo, trabajador e inteligente como el que más. Pero la revaluación lo viene desbaratando. Claman porque entren dólares y cuando llegan cuatro, quedan al borde del suicidio y empiezan a pedir que los saquen, porque nos arruinamos. La cosa es a ratos como de caricatura.

Nos sobra la tierra. Hay seis millones de hectáreas de uso agrícola que nadie sabe qué hacer con ellas. En los últimos años se fueron del país tres millones de compatriotas, luego también sobra la gente. Inaudito. Es difícil encontrar un país peor manejado.

Concluyo haciéndoles un llamado a los alcaldes y gobernadores y a toda la ciudadanía, a quienes votaron y a quienes no votaron por el doctor Santos, a que nos apersonemos del debate, a buscar una gran coincidencia nacional y salir en defensa de intereses que nos son carísimos. Vamos a enfrentar el debate de las regalías con todo el rigor y con toda la seriedad. Son muchos los hechos que demuestran que la política está mal planteada y que se va a traducir en más plata para unos pocos muy poderosos, más sufrimiento para el común de la gente y más problemas sociales.