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El gobierno de Santos debe pagar los 90 mil millones de pesos que se adeuda al magisterio como legado de Uribe

María Antonieta Cano, Bogotá, agosto 20 de 2010

El 5 de agosto, el gobierno saliente de Uribe expidió el decreto 2940 por el cual se estableció para 2010 la remuneración de los 88.608 docentes vinculados al magisterio bajo el estatuto 1278. Con base en la Ley 715 de 2003 se decretaron para los nuevos docentes, en los años 2008, 2009 y 2010, incrementos salariales reales promedio de 8 puntos adicionales a la inflación para cada uno de estos años. Esta decisión consistía en determinar un incremento superior al de los antiguos maestros vinculados en el marco del decreto 2277. Con ello se pretendía generar un espejismo para ocultar que el nuevo régimen sometía al magisterio a una seguridad social acorde con la ley 100; a la parálisis en la posibilidad de ascenso en el escalafón; a la negación de la formación permanente financiada por el Estado y a la pérdida de la estabilidad laboral dejada al arbitrio de rectores y directivos escolares.

En los años 2008 y 2009 se cumplió lo prescrito con base en la Ley 715. No obstante, mediante el decreto 2940, el gobierno de Uribe y su ministra, Cecilia María Vélez, actuando como fugitivos, determinó para el año 2010 un alza en la remuneración de los maestros cobijados por la ley 1278 del 4.5%. Lo que corresponde a una adición de tan solo 2.5% por encima del 2% de la inflación. Esta decisión significa quitar a cada maestro, en promedio al año, no menos de un millón de pesos y al total de los nuevos docentes 90 mil millones de pesos.

Desde que el gobierno colombiano se acogió a los ‘acuerdos’ con el FMI, la política económica principal es el pago de la deuda pública. Para cumplirlo, ya que uno de cada dos pesos del presupuesto nacional se dedica a los gastos de seguridad y defensa y a cancelar intereses de lo adeudado, se han reducido las transferencias para educación y salud al Distrito, a los municipios y a los departamentos. Entre 2000 y 2019, a los entes territoriales se les habrán quitado el equivalente a 52,5 billones de pesos del año 2005. Por esta razón, el magisterio colombiano ve constantemente lesionados sus derechos.

Es necesario demandar del gobierno de Juan Manuel Santos y de su ministra de educación, María Fernanda Campo, la derogatoria del decreto 2940 y el pago inmediato de ese pasivo con el magisterio colombiano. Por su parte, urge exigir que el salario de los docentes tenga en cuenta, al menos, la experiencia, la formación académica y la producción intelectual, esto debe plasmarse en el nuevo Estatuto Docente que responda al mejoramiento de la calidad de la educación, que eleve la dignidad de la profesión y que esté de acuerdo con las necesidades de desarrollo de la Nación y de la educación integral de los 11,5 millones de estudiantes colombianos.

helen - 2010-08-20 20:03:40

Estoy de acuerdo con el planteamiento y pienso que debe agregarse la lucha por la pensión de gracia para los docentes nombrados desde 1981 hasta 1989, que fue el año en que se promulgó el decreto.No entiendo por que se discriminaron los maestros de estos años mencionados.Qué diferenciaba a un maestro nombrado en 1980 de otro nombrado en 1983?.Por qué se aplica la ley con retroactividad si esto no es legal?.Tampoco debe admitirse que maestros tecnólogos con más de veinte años de experiencia,no puedan ascender en el escalafón sino hasta la categoría once.Tampoco se brinda posibilidad de programas de vivienda digna.Como se considera que un maestro con mas de veinte años de servicio al pais y un salario de un millon quinientos, sostenga una familia?.
No me explico por que el sindicato de maestros de Bogotá no aboga por mejorar el servicio de salud de los docentes.No se cuenta ni siquiera con una clínica que ofrezca los mínimos servicios higiénicos.La clínica Fundadores es una casa semiadaptada, sin ventilación, corredores estrechos, etc.
Llevamos ocho años con sueldos congelados pues los aumentos han sido irrisorios.
La ley 115 acabó con las instituciones para los estudiantes con discapacidades.No se en cabeza de quien cabe que puede impartirse educación de calidad a estudiantes supuestamente normales con discapacitados cognitivos, sensoriales,etc.Me encantaría observar al que inventó esa reforma, dictando una clase modelo a un grupo como el que acabo de describir, con cuarenta estudiantes.
Ahora se pretende mejorar la calidad educativa cambiando nominalmente pero sin transformaciones de fondo.Un estudiante victima de un profesor porque desafortunadamente le cayó mal, a donde puede dirigirse?Toda una tramitología, del timbo al tambo para que al final quede rotulado y tenga que trasladarse de institución y el profesor continúe destruyendo a otros.Muy campante.Los estudiantes perdieron el derecho a la libre expresión.El que diga lo contrario no se ha tomado la molestia de investigar a fondo lo que sucede en los colegios oficiales.Me gustaria que llegaran de incógnitos al colegio de mejor Icfes del año pasado,el San José Norte y se enteraran del trato que reciben los alumnos por parte de algunos maestros.Claro que los estudiantes amedrentados, con temor a rotularse, es posible que no opinen.Definitivamente se requiere un cambio de fondo pero no tanto de capacitación de maestros sino de su actitud,más dialogante,más comprensiva con los estudiantes quienes en últimas son los paganinis del sistema.