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El infierno de las deudas agrarias

Eudoro Alvarez Cohecha, Villavicencio, octubre 19 de 2014

En marzo de 2012, el entonces ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo, firmó en Villavicencio un acuerdo en el cual, entre otras asuntos, se comprometió, con garantes presenciales como el Gobernador Alan Jara y el actual ministro de trabajo, Luis Eduardo Garzón, a buscar medidas que permitieran resolver el endeudamiento de los arroceros, producto de malos precios y de crisis sanitaria, aún pendiente de respuesta.

En mayo de 2013, esta vez en Espinal, el ministro Lizarralde, ante movilización arrocera nacional, también rubricó un acuerdo en el cual ratifica el compromiso de resolver endeudamientos, claramente causados por la inoperancia o mejor la inexistencia de una política de apoyo a la producción arrocera y agraria en general.

En diciembre de 2013, el parlamento colombiano, dicta la ley 1634, que se reglamenta hasta febrero de 2014, pero esas normas dejan por fuera las acreencias mayores de 20 millones de pesos y excluyen a cadenas productivas que han padecido la crisis general causada por el libre comercio plasmado en los TLC.

En junio de 2014, se dicta la ley 1731, la cual solo es firmada hasta julio 31 del mismo año y hoy, a la fecha, a pesar de repetidos compromisos sobre su reglamentación, se carece de la misma, creándose una expectativa, sin cuya concreción, se convierte en letra muerta y a los agricultores en víctimas de acreedores que no paran de cobrar, embargar y rematar bienes agrarios conseguidos en largas décadas de actividad en el campo.

Los bancos, incluyendo el del gobierno, el Agrario, despliegan bandadas de abogados hambrientos de honorarios, los agrocomercios no paran de realizar la misma actividad y hasta el llamado gremio de los arroceros, fungiendo como almacén de insumos, desviando la misión de la que se supone es su principal actividad, se destaca en el celo y ensañamiento con que realiza la recuperación de cartera, dejando en el cuarto del olvido sus obligaciones centrales, en cuanto a gremio, y en vez de coadyuvar activamente en la obtención de una reglamentación pronta de la ley, se une al coro cobrador de los comerciantes y banqueros, explicable en este caso en función de su actividad principal de obtención de lucro, contribuyendo a la expropiación de los bienes de quienes desarrollan actividades cobijada con sus propósitos gremiales.

Entretanto el min-agricultura, con todo y su enjambre de funcionarios, no ha encontrado la manera de concretar una reglamentación, alegando falta de acuerdo con un ministerio de hacienda acucioso en asignar los dineros conquistados por los campesinos y “poner conejo” a los productores que padecen un verdadero infierno a causa de sus acreencias. Es muy duro, literalmente, “quedar en la calle” cuando se ha laborado lícitamente, procurando cumplir con la función de producir alimentos para una nación amenazada por comprarlos en los solares ajenos.

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