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El mandato de la OCDE para educación superior, parte I

Luis Ariel Carpio, Cartagena, junio 6 del 2016

El pasado 21 de abril, la ministra de educación Gina Parodi, recibió de manos de Andreas Schleicher, asesor especial en política educativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, el documento La Educación en Colombia, un texto de 335 páginas que contiene lo que ellos denominan “recomendaciones” que la OCDE plantea a Colombia como condición para adherirse a dicho organismo internacional.

En el documento se realiza como preámbulo de cada capítulo, una evaluación del sistema educativo colombiano en cada uno de sus niveles, toma diversos aspectos, y a partir de un enfoque neoliberal, economicista y foquista, demagogo y perverso, entrega un compendio de recomendaciones que en el caso de la educación superior, resultan a todas luces un despropósito y una amenaza.

A continuación nos referiremos al modelo de financiación que nos ordena la OCDE implementar en la educación superior pública colombiana. En una siguiente entrega, otros temas.

CAMBIAR LA FÓRMULA DE FINANCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DE LA LEY 30/92 POR INDICADORES DE DESEMPEÑO.

En materia de financiación, la OCDE y el Ministerio de Educación Nacional, parten de la siguiente premisa: “El obstáculo principal para la asignación efectiva de recursos en Colombia sigue siendo el sistema obsoleto, inequitativo e ineficiente de distribución de los recursos oficiales nacionales a las instituciones de educación superior establecido en la Ley 30 de 1992”.

Luego de un diagnostico a la estructura financiera de la universidad pública, y de concluir la existencia de “asimetrías” en el actual sistema de asignación de recursos de la Ley 30, la OCDE, en su recomendación 3.2, precisa “avanzar hacia un sistema de financiación basado en el desempeño”. Este enfoque significa un cambio en el esquema actual de financiación de la universidad pública, el cual está basado en la asignación directa de recursos a la oferta, según el artículo 86 de la ley 30/92. Lo que la OCDE propone es desmontar los aportes directos a cargo del presupuesto nacional y de las entidades territoriales a las universidades públicas que hoy son una obligación del Estado, para sustituirlos por el perverso sistema de financiación basado en indicadores de desempeño que pone a las universidades públicas a competir entre sí por el acceso a los recursos del Estado.

Esta pretendida fórmula no es una política nueva, pues se ha intentado implementar en dos oportunidades en la última década, siendo derrotada en igual número de veces por el movimiento universitario, una en los tribunales, y la otra en las calles.

En la primera ocasión, mediante Sentencia C-926/05, la Corte Constitucional dejó sin piso jurídico el artículo 84 de la Ley 812 del 2013 y su reglamentación, el decreto presidencial 3545 del 2004, firmado por el presidente de la época, Álvaro Uribe Vélez. Este artículo y su reglamentación, demandados ante la Corte por el entonces rector de la Universidad Nacional Marco Palacios, estipulaban que un porcentaje de los recursos del artículo 86 de la Ley 30 se redistribuirían a las universidades con base en indicadores de gestión y de desempeño.

La segunda derrota que sufrió esta política fue en el último paro nacional universitario liderado por la MANE en 2011, que obligó al gobierno de Juan Manuel Santos a retirar del Congreso de la Republica la reforma de la Ley 30 del 92 que entre otros aspectos, planteaba introducir soterradamente la asignación de recursos por indicadores de desempeño. Se le llamó en el artículo 107 de la reforma “convenio plurianual de desempeño”.

La OCDE trae de nuevo a cuento este fermento, aventurándose incluso a enumerar lo que serían los parámetros a tener en cuenta para la asignación de los recursos con base en estos indicadores. Entre otros, resaltan:

1. La cantidad de estudiantes matriculados.

Llevará a las universidades a ampliar indiscriminadamente la cobertura y a incrementar artificiosamente el número de alumnos matriculados, mediante el hacinamiento, la proliferación de carreras a distancia, de programas técnicos y tecnológicos improvisados, educación en zonas rurales y población vulnerable.

2. Baja de deserción y repetición y tasas altas de finalización de estudios.

Llevará el modelo perverso de no repitencia o promoción automática que tanto le ha hecho a la educación básica y media a la educación superior. Factor que deprime la calidad.

3. Estudiantes con orígenes desfavorecidos.

Focalizar la cobertura en los más pobres de los pobres, minorías, provenientes de zonas apartadas; desnaturaliza el carácter universal de la cobertura.

4. Estudiantes que vienen de centros educativos con mal rendimiento.

Es un modelo demagógico, focalista, que afecta la calidad de la universidad y acaba con el criterio de la excelencia para el ingreso.

5. Pruebas Saber-pro.

Prepara a los estudiantes, no con base en lo más avanzado de los conocimientos en cada campo, sino que los adiestra para ganar la prueba y así sumar en el desempeño. Adapta los currículos a las necesidades de esta prueba.

6. Buenos resultados de empleo.

Es decir, mide la empleabilidad de los egresados. Las carreras que no generen empleabilidad no suman en el desempeño, por lo tanto no son pertinentes, y no debe ser ofertadas.

7. Revisión de las tarifas de la matriculas.

Debe estar acorde con la calidad y el tipo de formación ofrecida.

MATRICULAS Y CRÉDITOS EDUCATIVOS

En la recomendación 1.3, la OCDE plantea “eliminar las barreras financieras de la matrícula de estudiantes de bajos ingresos”. Para lo cual se promueven varías estrategias:

La primera. La matrícula. Crear un sistema de cobro diferenciado de matrículas que fije una tarifa con base en los ingresos de los estudiantes y sus familias. El ítem número 7 que referimos arriba agrega dos criterios adicionales, una tarifa de matrícula acorde con la calidad y el valor de la formación ofrecida. La OCDE riñe con la gratuidad, busca que la matricula se cobre, pero que se definan unos parámetros para la tarifa. Propugna por la estratificación, que los de menores ingresos paguen diferente que los de otros estratos, pero que paguen. La alternativa para el pago de las matriculas a quien no tenga, es el endeudamiento mediante el crédito educativo, por Icetex, por la propia universidad como lo veremos más adelante, o por otras entidades con fines de lucro.

La política de créditos educativos es para todos los estratos, por eso la OCDE recomienda flexibilizar el acceso al crédito, para promover el endeudamiento masivo de los estudiantes, sin obstáculos ni reparos.

La segunda. Créditos educativos. Ser Pilo Paga y los créditos del Icetex, focalizados a los más pobres de la población estudiantil, pero extensivo a todos los estratos. La OCDE plantea diversificar la financiación de estos créditos así: 1. Con recursos propios de las universidades, con lo cual se le pone a la universidad una nueva carga financiera, y se le convierte en una entidad crediticia. 2. Con recursos del CREE que es el impuesto a las utilidades de las empresas con el que se financian el SENA, las Cajas de Compensación Familiar, y el ICBF.

Esto último supone golpear a estos sectores al imponerles compartir sus recursos y se trata además de recursos que no son constantes sino variables, sujetos a circunstancias macroeconómicas.

En relación con el CREE, el cual reemplazó a los antiguos Parafiscales, hay que advertir que la Comisión de Expertos de la Reforma Tributaria, nombrada por Santos y que también recoge recomendaciones de la OCDE, contempla la eliminación de este impuesto, con lo cual, dejaría sin financiación a las entidades antes mencionadas, y se deja sin piso la estrategia dos de financiar con estos recursos créditos educativos.

Para concluir, decir lo siguiente. Lo primero es que estas recomendaciones son en realidad, condiciones que el país debe cumplir en materia educativa para ingresar a la OCDE, son exigencias e imposiciones. Lo segundo, la matriz de estas recomendaciones recogen, en materia de educación superior, temas del neoliberalismo que han sido derrotados algunos, otros que se han implementado parcialmente o con alguna lentitud. Son las mismas políticas privatizadoras del FMI, el BM y el BID de años.

En financiación presupone una reforma de la Ley 30, la cual es hoy es un obstáculo a la privatización total de la educación superior pública, implica una nueva reforma de dicha ley, suprimir su artículo 86, como ya se ha intentado en el pasado. La OCDE es equivalente a privatización mediante el cobro de altas matriculas, privilegia la financiación de la demanda educativa, vía créditos educativos, sobre la oferta, la cual pretende condicionarse a indicadores de desempeño. Es focalista, por cuanto cree que la responsabilidad del Estado es sólo con los sectores más pobres de la población, y falsea la calidad de las universidades, atentando contra ella, como lo veremos en la segunda parte de este artículo.

¡No a la OCDE!

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
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