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“El problema del agua: privatización” -parte I-

José Arlex Arias, La Verdad, Cartagena, agosto 11 de 2014

La Defensoría del Pueblo denunció que el diez por ciento de los municipios de Colombia enfrenta crisis de falta de agua potable. Explicó que 117 municipios están en riesgo, afectando el derecho humano al líquido. El titular de la entidad, Jorge Armando Otálvaro, recalcó que “ha habido falta de atención oportuna a las advertencias emitidas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) para prevenir las consecuencias de los fenómenos climáticos”. Resaltó que “el hecho deja en evidencia la falta de planeación de ciertas autoridades para ofrecer soluciones estructurales a los problemas de abastecimiento de agua en forma oportuna, continua y con calidad para todos”. Finalmente, exhortó al Ministerio del Medio Ambiente, a corporaciones autónomas regionales, gobernaciones, alcaldías y distritos, y a empresas prestadoras a que adopten los planes de contingencia necesarios para afrontar posibles emergencias ligadas al fenómeno de El Niño –El Espectador, 23 de julio de 2014–.

El presidente Santos reconoció la grave realidad indicando que el responsable de la situación es el Fenómeno del Niño, el cual se acentuaría a partir del próximo septiembre y se extendería hasta marzo – abril del 2015. La Procuraduría General terció haciendo un llamado a las autoridades territoriales para que se fortalezca la aplicación del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Informó el Ministerio Público que “solamente 15 de los 32 departamentos han reportado a la Unidad de Gestión del Riesgo la aprobación y plena implementación de los planes departamentales de gestión del riesgo de desastres; y 617 municipios y distritos no han reportado implementación de los mismos”. Algunos de estos últimos son: Medellín, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Popayán, Montería, Bogotá, Puerto Inírida, Riohacha, Santa Marta, Villavicencio, Mocoa, Sincelejo, Ibagué, Santiago de Cali y Puerto Carreño, entre las capitales.

Lo denunciado es señal de la catástrofe que puede vivir el país, que ya afecta a cerca de “3,5 millones de colombianos, que tiene a 70.000 familias en riesgo de emergencia humanitaria y que llevó a 36 municipios de siete departamentos de la Costa Caribe a declarar la calamidad pública”, según los medios de comunicación. En el Atlántico, fueron declarados en emergencia a Piojó, Tubará, Juan de Acosta, Luruaco y Usiacurí. En Córdoba hay 110.000 afectados en Montería, Cereté, San Pelayo, Lorica, San Bernardo, Moñitos, Puerto Escondido, Los Córdobas y Chimá. En Bolívar, Sucre y La Guajira: Riohacha, Uribia, Manaure, Albania, San Juan del Cesar, Maicao, Dibulla y Barrancas; en Cesar y Magdalena la situación es grave, incluyendo a Santa Marta.

La entrega de plantas potabilizadoras portátiles, plantas aerodesalinizadoras para potabilizar acuíferos, las quemas agrícolas controladas para evitar incendios, la perforación de pozos, la distribución de agua en carrotanques y depósitos, las donaciones de redes nacionales y regionales y el despropósito de castigar el consumo no resuelven un problema estructural que proviene de haber convertido este líquido vital en un lucrativo negocio para unos cuantos. ¡El agua es vida, no un negocio!

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