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El “raponazo” contra Argentina

Carlos Tobar, Neiva, julio 1 de 2014

En una maniobra clásica de “raponeros” profesionales, los banqueros parasitarios representantes del capital especulativo mundial con la ayuda de el sistema judicial de los Estados Unidos –incluyendo la Corte Suprema de Justicia–, pretenden obligar al gobierno soberano de la República Argentina a pagar a los fondos de inversión tenedores de los fondos “buitre” las obligaciones insolutas de default de 2001. Para quienes no lo conozcan o no lo recuerden, en ese año el gobierno argentino de la época, se declaró en quiebra ante la imposibilidad de dar cumplimiento a las obligaciones financieras, que desde la época de las dictaduras militares y los gobiernos neoliberales –que arrasaron con la economía nacional–, se habían adquirido siguiendo los dictados del FMI y el Banco Mundial.

Las deudas financieras sumaban más de 130.000 millones de dólares, la mayor parte de esos recursos despilfarrados, terminaron en manos de las élites corruptas que gobernaron el país, y de sus socios del capital financiero que habían hecho los préstamos, bajo la condición de la entrega mediante privatizaciones de los principales activos en riquezas naturales, servicios, industria y agroindustria. Así, uno de los países más ricos del orbe, cayó en las garras del capital financiero parasitario.

Cuando en el año 2003 llegó al gobierno Néstor Kirchner, empezó un proceso complejo de renegociación de las deudas insolutas, ofreciendo a sus acreedores pagar un porcentaje de las mismas de acuerdo a la capacidad real de pago de Argentina. Así, logró descuentos hasta del 70% promedio sobre las mismas y un plan de pagos promedio de 30 años, que ha venido honrando desde 2005 hasta hoy. Además, pagó por anticipado la deuda con el Fondo Monetario Internacional, para quitarse la supervisión abusiva de esa entidad sobre la economía argentina.

Cuando todo fluía de manera normal de acuerdo al plan de pagos, de manera sorpresiva, un fallo del sistema judicial, primero en una corte estatal, y luego en la Corte Suprema Federal, reconoció las obligaciones plenas de una parte de la deuda que no quiso aceptar la renegociación del año 2005. Los fondos “buitre” –llamados así porque compran deudas insolutas por porcentajes mínimos de su valor (10% o menos), para mediante procesos judiciales obtener ganancias extraordinarias–, NML Capital y Aurelius, lograron que el juez de Nueva York, Thomas Griesa, les reconociera la deuda en su valor pleno, lo que pone en riesgo la totalidad de la renegociación alcanzada por Argentina en el año 2005. El fallo del juez Griesa, congela las posibilidades de cumplir con los pagos acordados con los acreedores en 2005, mientras el gobierno argentino no cancele la totalidad de la deuda a los fondos demandantes.

El atropello es inaudito e inaceptable para los gobiernos soberanos del mundo, que en el pasado o en el futuro deban enfrentar situaciones de insolvencia similares, máxime cuando el capital financiero ha impuesto sus legislaciones ventajosas y desiguales, y sobre todo, la circulación, sin control alguno, de los capitales “golondrina” o especulativos. Mercosur y Celac, ya se pronunciaron sobre este chantaje inaceptable, rodeando al gobierno argentino. Esperamos que el gobierno santista, tan internacionalista, se pronuncie al respecto. Es una cuestión de dignidad nacional y latinoamericana.

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