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Embargo agrario

Eudoro Alvarez Cohecha, Villavicencio, septiembre 28 de 2014

El agro nacional, literalmente, está embargado; abogados y oficinas de cobro, con perverso celo, cual “chepitos” modernos, emiten llamadas a horas impensadas, quitando el sueño, la tranquilidad y ahora los bienes a productores en mora por causas ajenas al acontecer dentro de sus fincas, principalmente imputables al incumplimiento de las obligaciones del estado para con el desenvolvimiento económico general.

Un grupo de lecheros metenses que se atrevieron a organizarse y emprender desarrollos modernizantes, deben a la banca oficial más de 1500 millones de pesos; Piscicultores que en actitud idéntica decidieron dar valor agregado a su producto, tras el señuelo de la exportación, soportan sumas similares a los anteriores; arroceros del Meta y Casanare, adeudan al agrocomercio algo más de 125.000 millones, sin contar las contabilizadas con el Banco Agrario y entidades financieras privadas.

El maíz amarillo, refugio de muchos agricultores entrampados con las deudas, con productividades comparables a las de los maíces importados, están abocados a amplificar sus acreencias por causa de bajos precios internacionales y la revaluación del peso, fallas macroeconómicas, endosables a la esfera gubernamental, pero los platos rotos han de pagarlos los maiceros. Seguramente se sumarán a este rosario de desestímulos, los productores costeños víctimas de la sequía, al igual que los casanareños que vieron como los chigüiros se morían a la par con sus reses, en medio de la abulia estatal y petrolera, que acrecentará las pérdidas de un sector abandonado a su suerte.

El gobierno, presionado por la movilización campesina, expidió una ley para las deudas menores a 20 millones, la reglamenta dos veces, pero los juicios a estos labriegos prosiguen, sin que el banco estatal, Finagro y el Fonsa logren coordinar una operación que alivie la situación de los pequeños productores.

Para obligaciones superiores a los 20 millones de pesos, en las que incurren la inmensa mayoría de los arroceros, originadas en los bajos precios del primer año de TLC con los gringos y una epifitia que los debiluchos sistemas de investigación, remedo del esfuerzo científico acompañante a todo proceso productivo serio, no ha podido, transcurridos cuatro años resolver con certeza, finalmente se dicta el marco legal el pasado 31 de julio, con tales imprecisiones y vaguedades que obligan a una reglamentación y apropiación de recursos para hacer efectiva dicha medida; transcurridos 90 días de expedida, continúa sin viabilizar su aplicación y detener el despojo patrimonial señalado.

El crédito como instrumento clave de una política agraria exitosa, no existe en Colombia; El artículo 66 de la Constitución Política, luego de 23 años de expedido, aguarda un desarrollo correspondiente.

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
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