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En educación, Petro afianza la privatización y la tercerizarización

María Antonieta Cano Acosta, Secretaria de asuntos intergremiales de la ADE, Bogotá, septiembre 6 de 2015

Si en algún sector Petro ha hecho alarde de su naturaleza demagógica, ha sido en el campo educativo. Quien se tome el trabajo de estudiar cuál es el fondo de la política educativa de Gustavo Petro y su secretario Óscar Sánchez, reconocerá que su “defensa de lo público” se ha quedado en un manido discurso. Encontrará que lo que ha impulsado en Bogotá es la política del neoliberalismo, el libre comercio, las privatizaciones, la política del FMI y el Banco Mundial, la política del establecimiento. Es el tapado que hay que develar y explicar.

Es necesario que el magisterio reconozca esta realidad. ¿No es la prórroga de los contratos de los colegios en concesión una medida abiertamente neoliberal? ¿No es la contratación de maestros y maestras con intermediarios, para la jornada extendida, una política de tercerización laboral? ¿No es el desconocimiento de la jornada para las maestras de primera infancia una degradación de las garantías laborales? ¿Y qué decir del desconocimiento de la jornada laboral, la arremetida contra la autonomía institucional imponiendo políticas y arrinconando el gobierno escolar, el aumento de la carga académica de los docentes, la imposición de un régimen policivo de acoso laboral y, en últimas, el recorte de derechos de los educadores? ¡Y cómo dejar de mencionar el incumplimiento de las promesas que hiciera en su campaña de construir mil jardines y varias decenas de colegios!

La política de Petro es la neoliberal

Hace 25 años arribó al país la fiebre neoliberal de globalización, apertura económica, reducción del Estado, privatizaciones y reforma constitucional. En educación, esta política se inició durante el gobierno de Andrés Pastrana y tuvo como pilares la entrega de los colegios en concesión al sector privado y la degradación de las condiciones laborales de los maestros para cumplir con el mandato de reducir el gasto público.

En este contexto, la “Bogotá Humana” afronta dos graves problemáticas. Una, los colegios en concesión y los colegios por convenio, que, de hecho, privatizan la educación y, dos, la tercerización laboral, con la jornada extendida, que se ha venido extendiendo a pasos agigantados durante la administración actual.

En el tema de las concesiones, los mismos tecnócratas neoliberales textualmente afirman: “En este modelo, el concesionario recibe una remuneración por estudiante al año, siendo esta de menor costo al de los colegios públicos y con oferta de jornada completa” (Villa y Duarte 2002). Queda claro que al prorrogar los contratos en concesión, Petro le hace juego a la privatización reduciendo el presupuesto para la educación en más de un 50 %. Según cifras de la misma Secretaría de Educación Distrital, mientras que por un estudiante del sector público el Estado invierte alrededor de 3.600.000 pesos, en los colegios concesionados esta cifra no supera el 1.700.000.

La tercerización laboral: Petro impuso la jornada extendida denominándola después “currículo para la excelencia académica y la formación integral 40x40”, pretendiendo hacerla pasar como jornada única. Y junto con esta lesiva política, introdujo la tercerización laboral. Ahora Santos y Parody toman como ejemplo lo sucedido en Bogotá y pretenden generalizar un remedo de Jornada única a sabiendas de que ello no es posible sin infraestructura ni reajuste salarial, a no ser que se imponga a la brava y con las mismas características de la de Bogotá, con tercerización laboral y atropello a los derechos democráticos.

La primera infancia: mención especial merece la aberrante situación que viven actualmente las maestras que están en el programa de Primera Infancia. Es inadmisible que una reivindicación tan importante en el sector formal de la educación como lo es el preescolar de tres grados se monte degradando los derechos laborales y aumentando la jornada de 30 a 40 horas semanales, sin que haya habido un debate sobre la justa compensación salarial que ello implica.

El Estado tiene que edificar un proyecto educativo para la sociedad. Limitar su acción a construir instalaciones para que los particulares actúen como operadores es negarse a construir un proyecto educativo estatal estratégico para el desarrollo nacional. Es negar el papel que la educación cumple en el proyecto de un país y simplemente reducir la actividad pública a controlar que unos terceros cumplan estándares mínimos. Esta es, con una mirada más amplia, la peor falencia que acarrea la educación por concesión, en cualquiera de los niveles, desde el preescolar hasta el superior. Desde que apareció el modo capitalista, el Estado se apropió la educación precisamente porque los intereses privados no pueden cumplir con dicha misión. Hasta ese rol se les quiere conculcar ahora a los países neocoloniales.

Es el momento de emprender una cruzada para defender la educación como derecho, universal, pública, gratuita y de calidad, una educación que rescate la dignidad de la profesión docente y que restablezca la verdadera autonomía escolar y sean los criterios de la calidad y de servicio al interés nacional los que se impongan y no los de la “racionalización económica” y la “sostenibilidad fiscal”.

A manera de balance, se puede concluir que Gustavo Petro adelanta la política del neoliberalismo que agencia el gobierno de Santos para el sector educativo. Clara López, candidata a la alcaldía de Bogotá, en reunión con la Junta directiva de la ADE tomó atenta nota de esta situación y se comprometió a revisar punto por punto. El magisterio debe analizar a conciencia los programas de gobierno que en materia educativa ofrecen los distintos candidatos y votar en octubre por quien represente nuestros intereses.

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