Los dos primeros días de este año fueron pletóricos en posesiones de quienes dirigirán los destinos de los entes territoriales –gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles- durante los próximos cuatro años, sobre quienes las expectativas se basan en la solución a las necesidades insatisfechas de la población, que en los casos de Bolívar y Cartagena han sido diagnosticadas en este espacio.
Es imposible hacer un análisis de dichas expectativas sin tener en cuenta: la superestructura del Estado, a qué tipo de modelo corresponde ésta, quiénes son los protagonistas y cuáles los partidos o movimientos políticos a los que pertenecen. En los dos primeros casos se parte de la Constitución de 1991, un híbrido que combinó el libre mercado con algunas garantías de libertades democráticas, las cuales se han venido desmontando para poder aplicar dicho modelo globalizante –reformas a salud, sistema general de participación, regalías, educación, pensiones, flexibilización laboral, leyes de concesiones, seguridad ciudadana, etc.-, garantizando así las ganancias –a las buenas o a las malas- de los inversionistas nacionales o extranjeros. Una de esas formas de asegurar las ganancias privadas en detrimento de satisfacer las necesidades de la población son las megaobras, tan justificadas con base en el desarrollo. Pero además lo regional depende del diseño de la política nacional, lo cual hace que los programas de estos gobiernos que se encuentren por fuera del contexto sean jurídicamente imposibles de cumplir, convirtiéndose en demagogia y populismo.
Ese modelo económico aterrizado a través del anterior marco jurídico tuvo sus gestores en los partidos Liberal y Conservador –Cesar Gaviria, Andrés Pastrana, Ernesto Samper-, que luego se disfrazan en “Primero Colombia” y ahora en “Unidad Nacional” –Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos- y aparecen atomizados en partidos o movimientos ciudadanos –La U, Cambio Radical, Pin, Verde, entre otros; prueba de ello son los esfuerzos para volverse a reagrupar en los tradicionales partidos Liberal y Conservador. Es decir, son los responsables de los desastres causados por el modelo neoliberal en la población, hasta el punto de convertir a Colombia en el tercer país más desigual del mundo, sólo superado por Angola y Haití, según estudios de las Naciones Unidas. Colombia tiene ricos más ricos que los de los países desarrollados y más miserables y pobres que la población de los peores países de África. Así maquillen las cifras de los indicadores sociales y económicos para mostrar al mundo una Colombia virtual, nuestra realidad es otra y ojalá los turistas que nos visitan se dieran un paseo por los barrios extramuros de Cartagena para que constaten esa verdad local.
De las 32 gobernaciones, 14 fueron ganadas por grupos significativos o movimientos ciudadanos –por firmas-, 6 por el partido Liberal, la U con 4, el partido Verde 2, el Conservador 2, Movimiento Mira 1, Cambio Radical 1 y otros partidos 2. Es de notar que los movimientos significativos de ciudadanos han sido tomados por muchos políticos profesionales –de los causantes del desastre- que también se mimetizaron detrás de ellos y hacen parte de esa Unidad Nacional. De las 1.100 alcaldías en liza, la U se llevó 259, los conservadores 193, los Liberales 181, Cambio Radical obtuvo 152, grupos significativos de ciudadanos ganaron 155, los Verde 51, Polo Democrático 8, el PIN 36 y otros partidos 65 alcaldías.
De lo anterior se puede deducir, sin mayor esfuerzo, que los partidos que conforman la Unidad Nacional –más del 70% de las gobernaciones y del 80% de las alcaldías- tienen tomada casi toda la política regional, con pequeños espacios para quienes no comparten el modelo neoliberal pero que están “amarrados” a su marco legal; por tanto, sólo podemos esperar más de la misma medicina: ventas o concesiones del patrimonio, repartija del erario, profundización de las privatizaciones, recarga impositiva tributaria, megaproyectos para satisfacer a sus financiadores y algunos mendrugos en subsidios –política asistencialista- para calmar los pobres y miserables con el objetivo de evitar su sublevación. Ninguna solución estructural. ¡Las regiones cambian cuando sus gentes decidan cambiar; imposible votar mal y pretender que nos gobiernen bien!
Mea culpa: en artículo anterior me refería a Islandia donde se produjeron cambios sociales y económicos y no a Irlanda.
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