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Glifosato, "verdades científicas" y toma de decisiones en salud pública

Nodo de Salud Ambiental y Ocupacional (SAO) de Colombia*, El Espectador, Bogotá D.C., noviembre 2 de 2016

El hecho de no tener evidencia concluyente sobre efectos adversos en salud humana, en ningún momento debe entenderse como que sí hay evidencia de seguridad en el uso del glifosato.

El día lunes salió publicado en El Espectador el artículo “No hay evidencia de que el glifosato sea un factor de riesgo para la salud humana”, escrito por Daniel Salgar Antolínez. En el documento mencionado se hace referencia a un estudio que sería presentado públicamente, realizado por los investigadores de Fundación Ideas para la Paz (FIP) Daniel Rico, Orlando Scoppetta, Juan Pablo Alzate y Alejandra González Ferro.

En el artículo publicado se indica que el informe de la FIP concluye que “no hay evidencia científica concluyente de que el glifosato sea un factor de riesgo para la salud humana”. Esta conclusión resulta de una revisión hecha por los autores mencionados de artículos científicos publicados en el lapso comprendido entre 1990 y marzo de 2016 y, según El Espectador, “esa afirmación suena, por lo menos, lejana a las decisiones y debates que se han dado en el país…”. La evidencia científica informada como contraria es el informe de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), que sirvió de soporte científico para tomar la decisión de suspender las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos.

Dado que el informe pretende brindar evidencia para minimizar las demandas contra el Estado colombiano, como expertos colombianos en temas de salud ambiental (diferencial relevante, pues la formación de quienes realizan el estudio para la FIP no tienen estas credenciales académicas) a continuación presentamos un análisis de este tema que esperamos ilustre sin sesgos este tema de controversia nacional:

1. Los resultados del trabajo de la FIP se resumen en que los estudios con células y animales muestran efectos adversos del glifosato, y que los estudios con humanos no son concluyentes. Esto no es muy disímil a lo que resulta del trabajo de revisión realizado por expertos de la IARC, y más bien lo que señala es que la interpretación es diferente. Al respecto deben hacerse unas aclaraciones específicas de las temáticas de salud ambiental. Los estudios epidemiológicos en el área son muy complicados de realizar, pues sus unidades de observación y análisis suelen ser las personas, y no es ético exponerlas a agentes potencialmente nocivos (como el glifosato) por sólo generar la evidencia científica. Por ello suelen hacerse estudios observacionales (no experimentales) que por definición tienen problemas metodológicos, y en salud ambiental se evidencian mayoritariamente en los problemas al cuantificar la exposición a los agentes potencialmente nocivos. Ante la hipotética necesidad de hacer un “estudio perfecto” es importante señalar que sería extremadamente costoso y que sus resultados sólo se conocerían varias décadas después.

Es muy fácil criticar los estudios de salud ambiental desde una óptica metodológica diseñada para evaluar efectos de medicamentos, como es el caso de los métodos del Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions, usada por el estudio de la FIP, junto a las guías STROBE (estas sí para estudios observacionales, muy funcional para temáticas ajenas a la salud ambiental). Por ello, si bien esas revisiones de estudios epidemiológicos suelen ser un punto partida válido para tomar decisiones, no son la única fuente disponible, y suelen usarse otras metodologías como la llamada “Evaluación del Riesgo” (Risk Assessment) en la que se usan datos obtenidos de células, animales y/o humanos para modelar matemáticamente los potenciales efectos adversos en la salud humana. En ese sentido el trabajo de la FIP es incompleto.

2. El informe de la FIP reduce la discusión de los potenciales efectos adversos en salud humana asociados con el glifosato a temas biológicos. La salud humana es mucho más que eso, pues incorpora otras dimensiones que en Colombia por lineamientos estatales como el Plan Decenal de Salud Pública, es un tema intersectorial, complejo, donde los contextos socioculturales, políticos y económicos, entre otros son relevantes. En específico, el caso de la fumigación con glifosato de cultivos ilícitos debe entenderse a la luz de grupos minoritarios altamente vulnerables, mientras que el uso del mismo plaguicida en otros contextos (como el de los cultivos de caña de azúcar) debe comprenderse de manera diferencial.

3. En el informe se critican los estudios de Daniel Mejía y Adriana Camacho, profesores de la Universidad de los Andes, por sus problemas metodológicos y no estar publicado (“estudio gris”) después de una revisión por pares. Dicho estudio reporta efectos en la salud humana usando datos colombianos. Al respecto debe señalarse que el estudio de la FIP cae en esa misma categoría (“estudio gris”), pues no ha pasado a ser revisado por pares. Es decir, no debería considerarse para tomar decisiones basadas en esa evidencia. Sin embargo, las revisiones más rigurosas son precisamente las que incorporan esta literatura pues suele haber diferencias importantes entre los estudios publicados frente a los estudios no publicados (Ver: Mahood Q, et al. Searching for grey literature for systematic reviews: challenges and benefits. Research synthesis Methods 2014; 5(3):221-34).

4. Ante situaciones de incertidumbre como la del glifosato y los efectos en la salud humana, la respuesta desde la salud ambiental, y de la salud pública en general, es la de hacer uso del Principio de Precaución y buscar que se evite la exposición al glifosato. Algo que parecen desconocer los autores del informe de la FIP es que debe privilegiarse la vida humana sobre la evidencia científica inequívoca, y por ello ante situaciones con evidencia incompleta se favorece la decisión preventiva (Para profundizar sobre el tema, ver por ejemplo: Pédrot P, et al. Precautionary principle and normativity: brief remarks on the complex relationship between law and the risks. Journal International de Bioéthique 2012; 23(1):41-7). En el caso colombiano, la normatividad es clara en que el criterio de precaución aplica como un "enfoque excepcional y alternativo frente al principio de certeza científica". Eso es precisamente lo que está ocurriendo en el país.

5. Finalmente, el informe de la FIP debería reconsiderar el título “verdades científicas” por ser mucho más pretencioso de los alcances que realmente tiene. El tema de la verdad de la ciencia es sólo un marco aspiracional, y en el caso específico del glifosato y la salud humana estamos lejos de tener “verdades científicas”; más bien es un tema que debe revisarse paulatinamente con el paso del tiempo y el mayor número de evidencias disponibles. El hecho de no tener evidencia concluyente sobre efectos adversos en salud humana, en ningún momento debe entenderse como que sí hay evidencia de seguridad en el uso del glifosato o contrario. La única conclusión valedera actualmente es que no hay certidumbre en la asociación entre exposición a glifosato y salud humana.

En conclusión, como expertos colombianos en temáticas de salud ambiental y ocupacional, manifestamos que estamos de acuerdo con el informe científico de la IARC, y que las decisiones de abandonar el uso de glifosato en las actividades de fumigación de cultivos ilícitos son acordes a la evidencia científica disponible de catalogarlo como “potencialmente cancerígeno” para los humanos. La defensa ética de prevenir los efectos adversos en la salud humana es imperiosa para los expertos en salud ambiental, y es acorde con la Constitución y demás normativas colombianas.

Atentamente,

Alvaro Javier Idrovo, Médico, Especialista en Higiene y Salud Ocupacional, Magister en Salud Pública, MSc Salud Ambiental, PhD Epidemiología. Investigador Senior Colciencias. Profesor y Director de Departamento de Salud Pública, Universidad Industrial de Santander.

Laura Rodríguez Villamizar, Médica, Magister en Epidemiología, PhD Epidemiología. Investigadora Asociada Colciencias, Profesora del Departamento de Salud Pública de la Universidad Industrial de Santander.

Fabián Méndez Paz, Médico, Magister en Epidemiología, PhD Epidemiología. Investigador Senior Colciencias. Profesor, Coordinador Grupo GESP y Director de la Escuela de Salud Pública, Universidad del Valle.

Juan Pablo Ramos Bonilla, Ingeniero Civil, MSc Gestión Ambiental, PhD Salud Pública. Investigador Senior Colciencias. Profesor del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Universidad de los Andes.

Julián Alfredo Fernández-Niño. Médico, Magister en Salud Pública, MSc Bioestadística, PhD (cand) Epidemiología. Investigador Junior Colciencias. Profesor del Departamento de Salud Pública, Universidad Industrial de Santander.

Mauricio Orozco-Levi. Médico Neumólogo, PhD Medicina. Investigador Senior Colciencias. Profesor de las universidades UDES, Pompeu Fabra y de Barcelona. Jefe de Neumología del Hospital Internacional de Colombia.

Néstor Y. Rojas, Ingeniero Químico, Ph.D. en Ingeniería Ambiental. Investigador Senior en Colciencias. Profesor Asociado y Director del Grupo de Investigación en Calidad del Aire de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá.

Rodrigo Sarmiento Suárez, Médico, Magister en Salud Pública y Epidemiología. Investigador Junior Colciencias. Miembro del Consejo Ejecutivo del Capítulo Latinoamericano de la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental. Coordinador Área Salud y Sociedad, Programa Medicina, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA).

Luis Jorge Hernández Flórez, Médico, PhD Salud Pública. Investigador Senior Colciencias. Profesor y Coordinador Área de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de los Andes.

Luis Alberto López Romero. Enfermero, Magister en Epidemiología. Investigador del Centro de investigaciones de la Fundación Cardiovascular de Colombia.

*El Nodo de Salud Ambiental y Ocupacional (SAO) Colombia es una iniciativa de cooperación entre instituciones, profesionales e investigadores relacionados con SAO que se ha venido articulando desde 2012 y tiene como objetivo fortalecer la capacidad de investigación, la formación de recursos humanos y la formulación y seguimiento de política pública en Salud Ambiental y Ocupacional (SAO) en Colombia.

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